En defensa del neoliberalismo

 

10

mitos  izquierdistas sobre la violencia en México
 

 

 

                                                                                                                     Por: Leopoldo Escobar
                                                                                                               Diciembre del 2012

 

Tabla de contenido

Mito 1: Al golpear al narcotráfico Calderón exacerbó las disputas entre cárteles que ahora pelean por un mercado y ganancias reducidas............................................................................................6

Mito 2: Cada vez que se detiene un capo la violencia escala; se hacen detenciones sin medir consecuencias...................................................................................................................22

Mito tres: La violencia se dispara precisamente en las zonas del país en las que se inician operativos especiales del gobierno federal........................................................................... ...............46

Mito cuatro: Estados Unidos es el culpable de la violencia por su consumo creciente de drogas y porque
le vende armas a los narcos.
...............................................................................................60

Mito cinco: La violencia se disparó porque Calderón atacó frontalmente a los narcos en lugar de pegarles donde más les duele: en sus activos.....................................................................................64

Mito seis: La violencia se disparó porque Calderón atacó a los narcos en lugar de primero reformar las policías locales capturadas por los grupos criminales.............................................................66

Mito siete: La violencia se disparó porque Calderón prefirió las balas y la sangre en lugar de combatir las causas sociales del narcotráfico y la delincuencia..................................................................67

Mito ocho: Ante el uso de las fuerzas armadas los narcos no han tenido otra que responder con más violencia............................................................................................................................69

Mito nueve: El gobierno de Calderón es responsable de genocidio pues ha ocasionado más de 60 mil muertes, pues soldados y policías se enfrentan en calles y caminos con supuestos narcos sin importarles matar a inocentes y/o soldados, policías y grupos paramilitares tolerados han cometido miles de ejecuciones extrajudiciales con propósitos de “limpieza social” y/o Calderón “ordenó agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a los Estados Unidos de Norteamérica” (y el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas)........ ..........................................71

Mito diez: La matanza en México y su propagación a Centroamérica fue producto del endurecimiento de la política prohibicionista mediante el uso del ejército, que Calderón aplicó pero por instigación de Washington, mientras Estados Unidos no hace nada contra las drogas. Para acabar con la violencia hay que despenalizar el narcotráfico, como se hizo con el alcohol..................................................91

Entonces, ¿qué ha pasado realmente en México?.......................................................................100

NOTAS: ............................................................................................................................ 103

“No se puede alcanzar la victoria de las ideas propias ayudando a propagar las opuestas”

Ayn Rand

Para Melody

La izquierda ha construido una serie de mitos acerca de la violencia que azota a México y ha logrado que su discurso, basado en tales mitificaciones, se vuelva hegemónico, incluso que lo hagan suyo muchas personas que no son izquierdistas.

La narrativa izquierdista sobre la violencia podría resumirse en los siguientes términos: La ola de violencia que azota al país es resultado de que Felipe Calderón (ex Presidente de México) le declaró la guerra a los narcos. La conclusión que de ello se deriva es obvia: de no haberse declarado esa “guerra” no habría habido la matanza en curso. Y más aún: la matanza cesará cuando el gobierno deje de molestar a los narcos.

Esa afirmación general podría descomponerse en 10 afirmaciones específicas, a saber:

1.    Al golpear al narcotráfico Calderón con una severidad sin precedentes, exacerbó las disputas entre cárteles que ahora pelean por un mercado y ganancias reducidas

2.    Cada vez que se detuvo un capo la violencia escaló; se hicieron detenciones sin medir consecuencias.

3.    La violencia se disparó precisamente en las zonas del país en las que se inician operativos especiales del gobierno federal.

4.    La violencia se disparó porque Calderón atacó frontalmente a los narcos en lugar de pegarles donde más les duele: en sus activos.

5.    La violencia se disparó porque Calderón atacó a los narcos en lugar de primero reformar las policías locales, capturadas por los grupos criminales.

6.    La violencia se disparó porque Calderón prefirió las balas y la sangre en lugar de combatir las causas sociales del narcotráfico y la delincuencia, esto es, la pobreza y la “injusta” distribución del ingreso.

7.    Ante el uso de las fuerzas armadas los narcos no tuvieron otra que responder con más violencia.

8.    Estados Unidos es el culpable de la violencia en México por su consumo creciente de drogas y porque le vende armas a los narcos.

9.    El gobierno de Calderón es responsable de genocidio, pues ha ocasionado más de 60 mil muertes, pues soldados y policías se enfrentan en calles y caminos con supuestos narcos sin importarles matar a inocentes y/o soldados, policías y grupos paramilitares tolerados han cometido miles de ejecuciones extrajudiciales con propósitos de “limpieza social” y/o Calderón “ordenó agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos, que se dirigen a los Estados Unidos de Norteamérica” (y el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas).

10. La matanza en México y su propagación a Centroamérica fue producto del endurecimiento de la política prohibicionista mediante el uso del ejército, que Calderón aplicó pero por instigación de Washington, mientras Estados Unidos no hace nada contra las drogas. Para acabar con la violencia hay que despenalizar el narcotráfico, como se hizo con el alcohol.

A continuación se procede a desmontar cada uno de estos mitos izquierdistas, a demostrar que son completamente falaces y a evidenciar las afirmaciones contradictorias, sofismas, medias mentiras y mentiras completas que los constituyen. Al final expongo de manera sucinta una interpretación alternativa sobre la verdadera naturaleza, causas y tendencias de esta ola de violencia que ha golpeado al país tan severamente.

Ahora bien ¿por qué los autores de estos mitos los fabrican, porqué cometen errores tan garrafales? Hay seis razones principales:

1)    Los izquierdistas tienen una manera casi sicótica de construir (falso) conocimiento. No es a partir del examen de los datos de la realidad que el izquierdista trata de darse una imagen de ésta, sino que comienza por fabricarse una imagen de la realidad según la visión moral izquierdista y de acuerdo a ésta, selecciona los datos que confirmen esa imagen (e ignora o esconde los que no la confirmen o la niegan).

2)    A la izquierda no le importó explicar la realidad, sino construir un discurso para culpar de la violencia al supuesto “derechista” Calderón, con el propósito político de afirmar a la izquierda como alternativa de poder.

3)    Los izquierdistas más allá del error intelectual, incurren en el error moral de la deshonestidad intelectual (la adopción y propagación de mentiras y sofismas con plena conciencia de lo que hacen)

4)    Porque mucha gente (y no sólo los izquierdistas) se atreven a opinar de cualquier tema, sin tomarse la molestia de la mínima investigación que la responsabilidad de emitir una opinión exige.

5)    Porque muchas personas que no son izquierdistas han ido adoptando el ubicuo y prolijo discurso izquierdista, ante la dificultad de construir visiones alternativas sobre las diversas facetas de la realidad social y porque también han adoptado el estilo izquierdista de aferrarse dogmáticamente a sus presunciones e ignorar todo lo que las contradiga.

6)    Porque, para decirlo en palabras de Ayn Rad, hay quienes deciden simplemente renunciar al uso de la razón.

No sobra advertir desde un principio que este escrito no pretende la defensa de la estrategia seguida por el gobierno de Calderón ni muchos menos, estrategia que ya iremos explicando es indefendible y fundamentalmente errada. Pero lo que cabe reprochar es lo que la mayoría de críticos y propaladores de mitos no le reprochan a Calderón, precisamente.

Mito 1: Al golpear al narcotráfico Calderón exacerbó las disputas entre cárteles que ahora pelean por un mercado y ganancias reducidas

Quepa en primer lugar aclarar que esa aseveración inicialmente no fue generada por la izquierda, sino por -¡vaya ironía!- el propio gobierno de Felipe Calderón,  pero después la izquierda la hizo suya, con diferentes matices y variantes.

Felipe Calderón y sus colaboradores con gran torpeza festinaron el disparo de la violencia, y la presentaron precisamente como resultado de la lucha -supuestamente sin precedentes- que daban contra el narcotráfico:

ü "Sé que el crimen organizado reacciona así, porque sabe que estamos golpeando su estructura criminal y de operación, estamos dispuestos a recuperar las calles" (Felipe Calderón, Presidente de la República, mayo del 2008).

ü "El ascenso de la violencia de las guerras entre mafias y de las ejecuciones no son síntomas de fuerza, de poder, sino todo lo contrario. A mayor acoso del gobierno la violencia, obviamente, tenderá a ser mayor” (Eduardo Medina Mora, entonces Procurador General de la República, enero del 2008).

ü "Esta reacción del crimen organizado es muestra de cómo el Estado Mexicano lo está combatiendo de manera sistemática, sin precedentes" (Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública, mayo del 2008) [i] 

Pero no se vaya a creer, que estas proclamas triunfalistas y este pretender hacer aparecer el aumento de la violencia como resultado del supuesto éxito contra el narcotráfico fueron ocurrencias exclusivas de Calderón y sus colaboradores. El 13 de octubre de 2003, Rafael Macedo, Procurador General de la República durante la mayor parte del gobierno de Vicente Fox, aseguró:

“Durante la actual administración hemos conseguido la captura de más de 23 mil narcotraficantes. Pero además, entre ellos, han estado los principales líderes, los principales lugartenientes, los principales lavadores de dinero. Están los principales negociadores y operadores. Hemos conseguido debilitar a la estructura del narcotráfico a tal punto que estas organizaciones se están enfrentando entre sí, para tratar de recomponerse y reposicionarse en aquellas áreas donde han perdido el control”.

Pero para empezar: ¿es cierto que el gobierno de Calderón hizo contra el narcotráfico lo que ninguno de sus predecesores?

No, no es cierto. Los esfuerzos del gobierno de Calderón fueron básicamente similares a los de las cuatro administraciones anteriores. Por tanto, carece de base empírica la afirmación de que un mayor ataque al narcotráfico causó un aumento inusitado de la violencia, pues no sucedió el tal mayor ataque.

Las tres principales maneras de medir el alcance de la lucha contra el narcotráfico son: las acciones tendientes a disminuir las actividades de narcotráfico (la producción, el trasiego y el comercio), la disminución efectiva de estas actividades (así como de la oferta de drogas) y la detención y castigo de los narcotraficantes.

Y al respecto, los diversos indicadores revelan que no hay el pretendido esfuerzo sin precedentes del gobierno de Calderón contra el narcotráfico, el cual supuestamente sería la causa de la escalada de violencia, como puede apreciarse en las siguientes gráficas y tablas.

Las principales acciones tendientes a disminuir el narcotráfico son: la erradicación de cultivos (para el caso de México de adormidera o amapola y de marihuana) y los aseguramientos de drogas.

Tabla 1 Esfuerzo del gobierno federal contra el narcotráfico 1985-2011

 

Año

 

 

Erradicación de cultivos ilícitos

Aseguramientos

Detenidos

 

 

Total

Marihuana

Amapola

Marihuana

Cocaína

Goma de Opio

Heroína

Psicotrópicos

(Hectárea)

(Toneladas)

(Kilogramos)

(Unidades)

1985

4,035

1,738

2,297

174

3

200

n.d.

n.d.

9,595

1990

17,439

8,778

8,660

595

50

209

212

561,045

18,374

1991

22,045

12,702

9,342

255

50

95

146

206,638

8,762

1992

28,024

16,802

11,222

405

39

167

97

68,740

27,577

1993

29,660

16,645

13,015

495

48

129

62

64,840

17,626

1994

25,166

14,207

10,959

530

22

149

297

46,685

7,020

1995

36,963

21,573

15,389

780

22

223

203

569,789

9,942

1996

37,440

22,769

14,671

1,017

24

196

363

1,108,863

11,309

1997

41,308

23,576

17,732

1,038

35

343

115

117,104

10,737

1998

41,377

23,928

17,449

1,063

23

150

123

1,484,078

10,293

1999

49,098

33,351

15,747

1,472

35

801

260

1,490,512

10,741

2000

46,779

31,061

15,718

2,051

23

469

299

3,418,369

11,439

2001

47,852

28,735

19,117

1,839

30

517

270

8,350,246

9,972

2002

49,933

30,775

19,158

1,633

13

310

283

5,343,064

7,059

2003

56,619

36,585

20,034

2,248

21

199

306

8,414,323

9,011

2004

46,778

30,853

15,926

2,208

27

465

302

21,631,745

18,998

2005

52,466

30,857

21,609

1,796

31

276

462

11,360,933

24,739

2006

47,051

30,162

16,890

1,902

21

124

334

3,364,815

15,952

2007

34,726

23,316

11,410

2,213

48

308

317

2,657,002

22,292

2008

31,850

18,660

13,189

1,684

20

218

296

31,848,106

19,448

2009

31,514

16,704

14,811

2,095

22

816

286

9,106,275

29,096

2010

34,046

18,562

15,484

2,334

10

1,195

374

17,382,106

18,522

2011

31,642

12,820

18,822

1,523

11

1,600

482

235,191

13,287

 

Fuente: Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

El gobierno de Felipe Calderón no se destacó por sus números en la erradicación de cultivos de marihuana y de amapola (en México aún no se cultiva coca). Bajo la presente administración el promedio anual de erradicación de cultivos de marihuana ha sido de 18,012 hectáreas, mientras que el promedio anual en la administración de Fox fue 43% superior: 31,328. Además, la tendencia en la erradicación es claramente hacia la baja, como se observa en la gráfica respectiva.

Algo similar ocurrió con la erradicación de cultivos de adormidera o amapola. El promedio anual con Calderón fue de 14,743 hectáreas erradicadas mientras que en el sexenio de Fox el promedio anual fue un 22% superior: 18,789.

Por lo que hace a los aseguramientos, el promedio anual con Calderón fue de  1,970 toneladas de marihuana, cifra ligeramente superior a la del promedio con Fox: 1,938.

Pero en realidad los aseguramientos en la administración de Calderón fueron inferiores en relación con la producción potencial de marihuana: representaron en promedio el 9.79% mientras que con Fox representaron el 18.90%.
 

Tabla 2 Aseguramiento de marihuana y producción (toneladas)
 

Año

Producción potencial

Aseguramientos (toneladas)

% que aseguramientos representan de producción

2001

7,400

1,839

24.86

2002

7,900

1,633

20.67

2003

13,500

2,248

16.65

2004

10,440

2,208

21.15

2005

10,100

1,796

17.78

2006

15,500

1,902

12.27

2007

15,800

2,213

14.01

2008

21,500

1,684

7.83

2009

20,474

2,095

10.23

2010

22,187

2,334

10.52

2011

23,900

1,523

7.53

 Fuente: De la cifra de aseguramientos es la Presidencia de la República de México y de producción potencial es el National Drug Intelligence Center (de 2001 a 2008. pues de 2009 a 2011 es una estimación del autor).

En apariencias (según los gráficos) los aseguramientos de goma de opio bajo Calderón no tendrían precedentes (al menos desde 1990), mientras que los de heroína serían similares a los de Fox (salvo en 2011 cuando se registra la cifra más alta de aseguramientos en todo el período 1990-2011). Pero la apariencia no se corresponde con la realidad, pues si hubo más aseguramientos es porque había mucha mayor producción, de modo que eso hace inevitable más capturas, sobre todo en retenes.

Como se aprecia en la siguiente tabla, con Calderón la goma de opio y la heroína aseguradas representan un porcentaje de la producción potencial de heroína menor al porcentaje que representaron en las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. El promedio anual de goma de opio asegurada bajo Calderón fue de 0.201% del total de la producción de heroína frente al 0.407% con Fox y 0.979% con Zedillo. Asimismo, mientras que con Calderón la heroína ya procesada asegurada representó el 1.077% de la producida, con Fox representó el 4.10% y el 5.898% con Zedillo.

Tabla 3 Aseguramientos de goma de opio y de heroína (kilogramos) y
producción potencial de heroína

 

AÑO

Producción potencial heroína

Goma de opio

Heroína

Goma de opio asegurada

Conversión a heroína

% que aseguramientos representan de producción

Heroína asegurada

% que aseguramientos representan de producción

1994

6,000

149

14.9

0.248

297

4.95

1995

5,300

223

22.3

0.421

203

3.83

1996

5,400

196

19.6

0.363

363

6.72

1997

4,600

343

34.3

0.746

115

2.50

1998

6,000

150

15

0.250

123

2.05

1999

4,300

801

80.1

1.863

260

6.05

2000

2,100

469

46.9

2.233

299

14.24

2001

9,100

517

51.7

0.568

270

2.97

2002

5,800

310

31

0.534

283

4.88

2003

10,100

199

19.9

0.197

306

3.03

2004

7,300

465

46.5

0.637

302

4.14

2005

7,100

276

27.6

0.389

462

6.51

2006

10,800

124

12.4

0.115

334

3.09

2007

14,900

308

30.8

0.207

317

2.13

2008

32,500

218

21.8

0.067

296

0.91

2009

38,000

816

81.6

0.215

286

0.75

2010

50,000

1,195

119.5

0.239

374

0.75

2011

58,000

1,452

145.2

0.250

695

1.2

 

Fuentes: De la producción potencial de heroína, las fuentes son tanto los informes mundiales sobre drogas de la Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, como el reporte anual The National Drug Threat Assessment del National Drug Intelligence Center, Las cifras de aseguramiento provienen de la Presidencia de la República de México. Nota: En promedio, para producir un kilogramo de heroína se requiere de 10 kilogramos de la goma de opio obtenida de la amapola.

El resultado neto de la caída en la erradicación de amapola y de los aseguramientos de goma de opio ha sido que México tiene hoy la mayor producción de heroína de su historia (50 toneladas) y es el tercer productor mundial de opiáceos, sólo después de Afganistán y Myanmar.

Respecto a los aseguramientos de cocaína, si bien es cierto que en 2007 hubo golpes importantes y el mayor aseguramiento mundial en una embarcación marítima en una sola acción, los resultados de la administración de Calderón fueron más bajos a las de anteriores administraciones. Con Calderón el aseguramiento promedio anual de cocaína fue de 22 toneladas, frente a 24 con Fox, 27 con Zedillo y 42 con Salinas.

Y respecto al aseguramiento de unidades (pastillas) de anfetaminas, pues la diferencia entre el promedio anual con Fox (9.7 millones) y el promedio anual con Calderón 12.3) es poco relevante. Y de nuevo, los mayores aseguramientos son resultado de una mayor producción y disponibilidad en el mercado. O como lo dice el propio National Drug Intelligence Center de Estados Unidos:

“Los altos niveles de producción en México, junto con un incremento en el número de operaciones internas de fabricación se han combinado para hacer a las meta-anfetaminas fácilmente disponibles en los Estados Unidos. La producción de meta-anfetaminas en México es robusta y estable, como lo demuestran los informes recientes de aplicación de la ley, los datos de capturas de laboratorios, un flujo creciente de México, y una tendencia sostenida al alza en la disponibilidad de meta-anfetaminas de México en los mercados de Estados Unidos. Las fuerzas del orden y presentación de informes de inteligencia, así como la incautación, el precio y los datos de pureza, indican que la disponibilidad de meta-anfetamina, en general, está aumentando en los mercados en todas las regiones del país.”[i]

En suma: Calderón no erradicó más cultivos de enervantes que sus predecesores sino menos, no aseguró más drogas sino menos y no afectó en lo más mínimo el componente mexicano del esquema internacional del narcotráfico. El negocio está intacto y no sólo para una sola organización criminal, sino para casi todas.

Entonces, si los hacedores y propaladores de este mito dicen que el disparo de la violencia en México es resultado del ataque, supuestamente sin precedentes, del gobierno contra el narcotráfico y esta premisa es falsa, entonces es falso todo el planteamiento.

Ahora bien, si hacia afuera, el negocio no se afectó ¿la acción del gobierno de Calderón pudo haber perjudicado el mercado interno de drogas?

El problema para responder esta pregunta es la escasez de datos oficiales y la poca fiabilidad de los mismos. El principal instrumento para medir si el consumo interno crece debería ser la encuesta sobre adicciones y uno esperaría que -dada la emergencia- al menos cada año hubiera un levantamiento de datos. Pero no, en México se hace cada tres años. Y según quienes realizan esta encuesta, entre 2008 y 2011 la prevalencia del consumo se habría mantenido casi igual: 1.4% en 2008 y 1.55% en 2011 (y en 2002 supuestamente 0.8%). En suma: según el propio gobierno, en el frente interno tampoco hubo éxito.

Y basta con salir a las calles de las principales ciudades del país para constatarlo. En México hay miles y miles de puntos de ventas de drogas que operan sin problemas, y no cesan de multiplicarse.

Pero además, la afirmación de que la (inexistente) ofensiva sin precedentes de Calderón contra el narcotráfico fue la causante de la violencia, no tiene sustento ni en la experiencia nacional ni en la universal, ni en –por ende- en la lógica. Para decirlo simple: si un gobierno ataca a los narcos, no se espera como resultado un disparo de la violencia, pues rara vez eso ocurre.

En México entre 1976 y 1978 el gobierno de México desató la mayor operación de erradicación de amapola y producción de heroína que haya habido en el mundo (la Operación Cóndor).Hace 20 años el especialista estadounidense explicó así la gran escasez de heroína en Estados Unidos en el segundo lustro de los años setenta del siglo XX:

“Una combinación de acontecimientos produjo una marcada reducción de la heroína disponible para los consumidores de los Estados Unidos a mediados del decenio de 1970 (....) Las menciones de heroína en admisiones en salas de urgencia [ER], después de aumentar rápidamente entre 1974 y 1976, se redujeron durante los 4 años siguientes. Según un importante estudio, las menciones a la heroína en ER [salas de emergencias o urgencias] cayeron, de un máximo de 11 156 en 1976 a un mínimo de 4 889 en 1979; la declinación fue de casi 60%.

“(....) Otros indicadores también señalaron una reducción en el consumo de heroína. Las admisiones en salas de tratamiento aumentaron, pasando de 14 746 en 1977 a 22 348 en 1980.”[ii]

¿Que provocó esta escasez? Otro autor, Miguel Ruiz Cabañas lo explicó así:

“A lo largo de la historia, México también había abastecido de 10 a 15% del mercado total estadounidense del opio y la heroína (...) De 1970 a 1975, esta cooperación [entre los gobiernos mexicano y estadounidense] se centró en la erradicación de cosechas en México y en programas de confiscación en la frontera. Entonces, en julio de 1972, el gobierno de Turquía-bajo enorme presión de los Estados Unidos- prohibió el cultivo del opio dentro de su propio territorio. Pocos meses después, modestas cantidades de heroína mexicana empezaron a aparecer en el mercado de los Estados Unidos. De 1972 a 1975, según cálculos del gobierno de los Estados Unidos, la oferta de heroína mexicana aumentó, de 10-15% a 80% del total disponible en los Estados Unidos.

“(....) A finales de los setenta, la Campaña Permanente, por medio de la Operación Cóndor, había tenido un gran éxito. Según datos del gobierno de los Estados Unidos, la oferta de la marihuana  mexicana en el mercado de Estados Unidos se redujo del 75% en 1976 a cerca de 4% en 1981 (de 6 500 a 400 toneladas). La oferta de opio y heroína llegados de México se redujo de 67% del total del total de los Estados Unidos en 1976 a 25% en 1980 (de 40 a 17 toneladas)”.[iii]

El que la Operación Cóndor causó un enorme quebrando a los capos de entonces y afectó decisivamente al narcotráfico (lo que pasó años después es otra historia), es algo que nadie niega. Y ¿acaso la acción más contundente contra el narcotráfico en México -y que jamás se ha igualado- desató una ola de violencia siquiera cercana a la actual? ¡No! En 1975 se registró en México una tasa de 23 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que cinco años después bajó a 21 por cada 100 mil habitantes.

En noviembre de 1984 en el rancho El Búfalo en Jiménez, Chihuahua, se dio el mayor decomiso de marihuana en la historia del mundo: fueron aseguradas 8 mil toneladas (equivalente a lo asegurado por el gobierno de Calderón en 4 años y en cientos de acciones distintas) ¿Desató este decomiso una matanza como la que hemos visto en Tamaulipas o Durango? No. El operativo sí tuvo un precio: las vidas de Enrique Camarena, agente de la DEA y de su piloto, el mexicano Alfredo Zavala, asesinados ambos en febrero de 1985. Y por cierto, en ese año la tasa de homicidios en México ya había descendido a 20 por cada 100 mil habitantes.

La segunda operación de erradicación y decomiso de drogas más importante en el mundo fue la desarrollada en Colombia entre 2002 y 2010, bajo el gobierno de Álvaro Uribe.

Al duplicar la magnitud de los aseguramientos y aumentar la erradicación de sembradíos de coca hasta en 20 veces, el gobierno colombiano hizo caer la producción de cocaína hasta casi la mitad (48%) entre 2002 y 2010.




Asimismo, la amapola y la heroína fueron casi por completo erradicadas de Colombia (la producción pasó de 21 toneladas en 1994 a 5 en el 2002 y a menos de media tonelada en el 2010).

Si la noción de que mientras más moleste el gobierno de un país a los narcotraficantes más violencia provoca, entonces en Colombia este ataque contra el tráfico de drogas y los traficantes debió desatar una matanza infernal. Pero ¿fue eso lo que ocurrió? Según los datos empíricos sucedió exactamente lo contrario: mientras más se ha combatido al narcotráfico más ha bajado la incidencia de homicidios:

Fuentes: Ministerio de Defensa de Colombia y United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): World Drug Report 2011

Y este resultado no tiene nada de sorprendente. En todas las naciones en donde el Estado ejerce su monopolio de la violencia con eficacia, los gobernantes saben que entorpeciendo el negocio de los narcotraficantes logran precisamente que no rebasen determinados niveles de violencia.

Ahora bien, la afirmación de que la violencia fue provocada por la supuesta “guerra” contra el narcotráfico incluye además del supuesto (y ya demostrado falso) aumento de las incautaciones de droga, el supuesto incremento en la persecución legal de los narcotraficantes. Pero este supuesto es también falso.

Si se observa la siguiente tabla, en efecto pareciera que la administración de Calderón sí fastidió más que sus predecesores a los narcos, metiendo más de ellos en la cárcel, pues en tan sólo 4 años habría aumentado en casi 60% el número de acusados por narcotráfico que terminaron por recibir una sentencia condenatoria:

Consignados, sujetos a proceso, sentenciados y condenados por narcotráfico en la
República Mexicana entre 1997 y 2010
 

Año

Consignados

Sujetos a proceso

Sentenciados

Condenados

1997

10,897

9,160

8,599

7,687

1998

10,818

8,993

8,588

7,684

1999

12,298

10,316

8,287

7,487

2000

11,644

10,102

9,562

8,719

2001

11,214

9,674

9,246

8,305

2002

12,064

10,434

9,765

8,749

2003

13,507

11,816

10,601

9,615

2004

13,895

11,899

12,240

10,962

2005

16,095

13,727

12,916

11,625

2006

16,290

13,599

14,437

12,702

2007

16,874

13,816

14,666

12,609

2008

17,360

13,761

13,839

11,649

2009

18,179

15,498

13,392

11,710

2010

24,825

21,410

21,798

20,180

Variación % 2005-2010

52.39

57.44

50.99

58.87

Variación % 1997-2010

127.81

133.73

153.49

162.52

Fuente: INEGI Estadísticas Judiciales Penales

Pero se trata de otro espejismo. Sin duda hay un mayor número de detenidos consignados, sujetos a proceso, sentenciados y condenados por narcotráfico, pero la gran mayoría de ellos no son narcotraficantes de nivel medio o superior, sino los que están en el nivel más bajo de las estructuras criminales: son adictos, metidos a distribuidores de drogas al menudeo. Y la evidencia de ello es la severidad de las sentencias condenatorias impuestas. La ley reserva a los mandos medios y altos sentencias de 7 o más años de prisión, y menos de eso, a los traficantes de menor categoría.

Como se aprecia en la siguiente tabla, en 1999 a casi el 31% de los condenados se impusieron penas de 7 o más años de cárcel, porcentaje que se redujo a 23% para 2006 y a 7.62% en 2010.

 

Severidad de condena

1999

2006

2010

Var. % participación porcentual 1999-2010

VAR. % absolutos 1999-2010

Condenados

%

Condenados

%

Condenados

%

 

 

Menos de 7 años

5,166

69.17

9,752

76.94

18,570

92.38

33.56

259.47

Más de 7 años

2,303

30.83

2,922

23.06

1,531

7.62

-75.30

-33.52

Suma

 

100

 

100

 

100

 

 

 

Nota: Cálculos propios a partir de los datos de las Estadísticas Judiciales Penales del INEGI.

Si no se leen los datos con cuidado, podría suponerse, que aunque hubo una baja en la severidad de las sentencias condenatorias en términos relativos (como porcentaje de total de las condenas), en cifras absolutas sí hubo un aumento del número de acusados que recibieron castigos más severos. Pero no es así: también en cifras absolutas en 2010 los convictos con condenas de 7 años o más de prisión son menos que en 2006 y que en 1999.

De modo que si es falso que la administración de Calderón hizo más contra el narcotráfico y los narcotraficantes, y de hecho, carece de fundamento la suposición que a mayor combate al tráfico de drogas más violencia se provoca, ¿cómo ha podido sostenerse este mito? Por una sola razón: por la negación de la realidad, por el desprecio a los datos empíricos.

Mito 2: Cada vez que se detiene un capo la violencia escala; se hacen detenciones sin medir consecuencias

Este mito de críticos de Felipe Calderón se basa a su vez en un mito creado por el propio gobierno calderonista: el de que su administración ha capturado y ha dado muerte a los grandes capos, mientras que sus predecesores o no lo hicieron, o lo hicieron en mucha menor cuantía.

Y esto, por supuesto, es falso. El 15 de septiembre de 1978 agentes de la Policía Judicial Federal asesinaron (pues tenían la orden de matarlo y no de capturarlo) al capo (y médico de profesión) Pedro Avilés Pérez. Sólo él y su sucesor Miguel Ángel Félix Gallardo merecen el título de “jefe de jefes”, pues sólo ellos lo fueron, al encabezar los dos grandes intentos (bajo los auspicios de agentes del Estado) de crear un cártel del narcotráfico en México (que para merecer el nombre debe ser único). Aunque el capo Arturo Beltrán Leyva quiso usar el título de “jefe de jefes”, no lo merecía, pues por grande que fuera su organización (un desprendimiento de la que formaba con Joaquín Guzmán hasta enero de 2008), estuvo lejos de controlar la mayor parte de las grandes operaciones del narcotráfico (cosa que sí hicieron Avilés y Félix Gallardo).

Avilés fue asesinado con el aparente propósito de que quedara en su lugar precisamente Miguel Ángel Félix Gallardo, incondicional del gran padrino político del "narco" (y partera del Cártel de Guadalajara), el ex gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. El doctor Avilés era menos dúctil que Félix Gallardo.

Y de regreso meollo ¿provocó esta muerte una ola de violencia? ¡De ninguna manera! Los demás capos que como Avilés huyeron de la Operación Cóndor (una huida pactada, claro está) y se refugiaron en Guadalajara, donde hacia 1979 crearon el cártel con el nombre de la ciudad (en rigor el único cártel de la droga que ha existido en México) y todos obedecieron al nuevo jefe Miguel Ángel Félix Gallardo.

En 1986, agentes de la Policía Judicial Federal, esta vez comandados por Guillermo González Calderoni, dieron muerte al narcotraficante Pablo Acosta en Ojinaga, Chihuahua (para impedir se convirtiera en testigo protegido de la justicia estadounidense). Aunque el centro de operaciones de Acosta era la pequeña localidad de Ojinaga, él no era una figura menor, sino uno de los 6 ó 7 capos que seguían en la jerarquía del Cártel de Guadalajara después de Miguel Ángel Félix Gallardo. Acosta era figura clave en la introducción a Estados Unidos de cargamentos de cocaína provenientes de Colombia. Esto tampoco desató ninguna ola de violencia.

Tres años después, el mismo comandante detuvo al máximo capo Miguel Ángel Félix Gallardo, sin disparar ni un tiro. Su captura sí dio lugar a una sangrienta disputa que se mantiene hasta hoy entre la organización los hermanos Arellano Félix y la de Joaquín Guzmán. Pero esa disputa fue alentada desde el poder y parte de esta tolerancia fue el que, comandantes de la PJF se alquilaran como sicarios de un bando o del otro.

En 1995 fue capturado, también sin disparar un tiro, Juan García Ábrego, jefe del llamado “Cártel del Golfo”, que llegó a ser un gran capo durante el sexenio del presidente Carlos Salinas (era responsable de la introducción de la mitad de la cocaína consumida en Estados Unidos entre 1989 y 1992). Su captura dio a lugar a una disputa violenta, pero breve y con muchos menos muertes de las que hoy hay en una sola semana en Tamaulipas (en 1998 Osiel Cárdenas asesinó a Salvador quien sucedió a Ábrego y tomó el liderazgo de la organización, basado en sus pistoleros, los ex militares que se conocerían después como Los Zetas). Igualmente, esa toma violenta del liderazgo del Cártel del Golfo fue tolerada desde el poder.

Las cosas empezaron a cambiar en 2003, cuando fue capturado por el ejército precisamente Osiel Cárdenas. Sus pistoleros se enfrentaron por horas con los soldados. Esta resistencia frente a la captura de un capo marcó un hito, pero no fue hasta 2008, cuando los "narcos" empezaron a chocar frontalmente con el Estado de manera frecuente y en diversos puntos del país.

Tras la captura –en enero de 2008- de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, uno de los máximos capos, sus hermanos rompieron con Joaquín Guzmán, a quien acusaron de haber “vendido” a su familiar. El Cártel de Sinaloa (o también conocido como del Pacífico) se partió por la mitad y las dos fracciones se han venido enfrentando desde entonces. Además, el grupo de los Beltrán Leyva en 2008 tomó represalias contra de la Policía Federal por la detención de “El Mochomo” con el asesinato de algunos mandos superiores. Esta reacción fue inusitada.

Pero de regreso al punto inicial, a la idea de que sólo la administración Calderón detuvo o dio muerte a grandes capos, pues se trata de otra falsedad. Lo que sí es distinto es la reacción de las organizaciones criminales ante la represión legal del gobierno a partir de enero de 2008 (además que, ante ello, el gobierno haya tenido que echar mano de un mayor número de efectivos militares que en cualquier otra administración en tiempos de paz).

Pero a partir de la mentira de que Calderón actuó contra los mayores jefes narcos, mientras que sus predecesores no, es que se construye el mito de que ese ataque es la causa de la violencia. La mentira tiene su lógica: si se admitiera que otros gobiernos también actuaron contra altos jefes narcos, entonces ¿qué base tendría afirmar que la violencia es causada por esas capturas del gobierno de Calderón, si tantas otra veces que las hubo, no se provocó una ola de violencia como la actual?

Este mito ha sido elaborado con menos simplismo que otros y pretende validarse mediante una serie de ejercicios estadísticos, particularmente por parte de
Eduardo Guerrero Gutiérrez. En su ensayo “La raíz de la violencia”[i] el autor sostiene:

“Cuatro años y medio de guerra contra el crimen organizado. Más de 40 mil muertos y la violencia sigue aumentando. El gobierno federal, con el apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, arresta o abate prominentes capos, lo cual divide a los cárteles y propicia frecuentemente la aparición de nuevas y más pequeñas organizaciones criminales. Con esto, el gobierno federal logra su propósito de ‘desmantelar’ a los cárteles. Pero esta fragmentación de las organizaciones mayores expande la violencia a nuevos municipios. Junto con la violencia crece la delincuencia: la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas, el narcomenudeo, el robo de automóviles y bancos.”


En apoyo a su tesis Guerrero presenta en una tabla con los resultados de un ejercicio de correlación entre la captura de altos figuras de los grupos criminales y el supuesto efecto en el aumento o la disminución de las ejecuciones. Y al respecto interpreta:

“Como puede observarse, bajo el criterio de cifras absolutas, en 22 de los 28 casos analizados aumentó la violencia, es decir, en el 78.5% de los casos la violencia aumentó después del evento. Cuando comparamos las tasas de crecimiento antes y después del evento, encontramos que en 19 de los 28 casos la tasa de crecimiento registra un aumento, es decir, en el 67.9% de los casos. Finalmente, por lo que se refiere al ‘efecto escalamiento’, es decir, al aumento en el ‘nivel mínimo y constante’ de violencia en la zona después del evento, éste se registra en 15 de los 28 casos, es decir, el 53.6% de los casos. Un resultado interesante del análisis es que en todos aquellos casos en los que no se registró un aumento en la tasa de crecimiento de la violencia, sí se registró un escalamiento en el nivel mínimo y constante de la violencia en la zona.”

Con base en esta interpretación concluye:

“La actual estrategia de combate al crimen organizado del gobierno federal es, fundamentalmente, punitiva porque prioriza, tanto en las acciones como en el discurso, desarticular a todas las organizaciones criminales mediante detenciones y abatimientos de sus directivos. Esta estrategia de confrontación obliga a las organizaciones criminales a aumentar su poder de fuego y a usarlo tanto para hacer frente al gobierno como a las nuevas organizaciones rivales que aparecen como producto de la fragmentación de las organizaciones mayores. Las organizaciones criminales saben que, independientemente del grado de violencia que ejerzan, son blanco de la estrategia punitiva del gobierno federal.”

“En este contexto de incertidumbre los criminales no tienen incentivos para desistir en el ejercicio de la violencia. Por el contrario, como muestran los hechos, la violencia generada por el crimen organizado ha aumentado y se ha dispersado.”

“(...) el Ejecutivo federal es responsable de la violencia que ha detonado el combate al crimen organizado, tanto si identificó los riesgos relacionados con su estrategia, en cuyo caso debe asumir la responsabilidad política de sus decisiones; como si actuó sin valorar sus posibles consecuencias, en cuyo caso actuó de forma negligente.”

Y en congruencia como en sus señalamientos, Guerrero no puedo sino proponer una alternativa contraria a la “punitiva” que atribuyó al gobierno de Calderón:

“En los últimos años las fuerzas de seguridad pública han desarrollado prácticas de operación que corresponden a un contexto de confrontación directa (por ejemplo, prácticas de identificación de blancos y de persecución a ultranza), que dificultarían a los gobiernos transmitir de forma eficaz el mensaje de que es en el propio interés de los criminales renunciar a algunas formas de violencia. En este rubro la orientación y asesoría del gobierno de Estados Unidos, con base en la Iniciativa Mérida, podría ser fundamental, pues los americanos tienen una larga experiencia en el diseño e implementación de programas antiviolencia exitosos, como los operados en Baltimore, Pittsburgh, Nueva Orleans, Boston, Chicago y Los Ángeles.”

Asimismo, en el primer punto del “Cuadro. 7 Comparación de las estrategias punitiva y disuasiva” (es decir entre la que el autor le atribuye al gobierno y la que él propone), asegura el objetivo de la estrategia del gobierno fue “desarticular las organizaciones criminales y erradicar el tráfico de drogas”. Y tan el autor cree que ese era el objetivo estratégico del gobierno que a los supuestos logros no les escamoteó reconocimiento (claro, para de inmediato criticar sus consecuencias últimas):

“Si bien la estrategia punitiva ha sido exitosa en desarticular a las organizaciones criminales, los espacios dejados por las organizaciones desarticuladas han sido rápidamente ocupados por un mayor número de organizaciones más pequeñas y violentas.”

Con esta explicación del disparo de la violencia entre 2008 y 2011 en México, hay de una premisa falsa y ocho errores conceptuales y de método realmente garrafales.

La premisa falsa es precisamente la afirmación de que el objetivo de la estrategia del gobierno es “desarticular las organizaciones criminales y erradicar el tráfico de drogas”.

Como se explicó en la desconstrucción del mito número uno, Calderón no hizo más que los precedentes, para erradicar el narcotráfico. Si con Calderón, comparativamente, se erradicaron menos cultivos ilícitos, se incautó menos droga, se impusieron menos condenas duras contra narcos y el negocio fue más próspero que nunca para la mayoría de los involucrados, la premisa de que la administración de Calderón tuvo como objetivo “erradicar el tráfico de drogas” sólo puede ser falsa.

Pero esa es una faceta de la premisa equivocada, la otra es suponer que también era un objetivo la “desarticulación de las organizaciones criminales”, la cual Guerrero dice es “exitosa”. Para empezar, el término “desarticular” es ambiguo. Todos los gobiernos se proponen “desarticular” a las organizaciones criminales, pero no definen lo que por ello entienden.

El diccionario define así el término desarticular: “Dicho de la autoridad: Desorganizar una conspiración, una pandilla de malhechores u otra confabulación, deteniendo a los individuos que la forman o a los principales de ellos”.

Así entendido desarticular, la afirmación de que el gobierno de Calderón tuvo éxito en ese presunto propósito de desarticular a los grupos criminales no se corresponde con la realidad. Las dos organizaciones que el mismo autor reconoce como las principales (el Cártel de Sinaloa y Los Zetas) no fueron desarticuladas, sino que al final del sexenio calderonista, siguieron estando operativas pese a capturas y muertes de jefes, sus ganancias criminales siguen creciendo y se están expandiendo no sólo en México, sino en el mundo entero. Otras organizaciones, como el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez, La Familia y Los Templarios siguen igualmente operativos, pese a las bajas de varios de sus líderes.

Las dos únicas organizaciones que podrían considerarse parcialmente desarticuladas o cercanas a estarlo son el llamado Cártel de Tijuana (cuyo desmantelamiento se inició desde el sexenio de Vicente Fox) y el grupo de los hermanos Beltrán Leyva. Pero una golondrina no hace verano.

Respecto a los 8 errores conceptuales y de método, se expone la crítica a continuación:

1)    Se da por hecho, como si se tratara de una verdad universalmente probada, que la persecución por un gobierno de las organizaciones del narcotráfico provoca de manera inexorable una escalada de violencia como la actual en México, en que la gran mayoría de los caídos pertenecen a organizaciones criminales, mientras que hay una minoría de víctimas compuesta tanto por agentes de la aplicación de la ley como por personas inocentes y ajenas por completo a las actividades criminales o a su combate, abatidas en ambos casos por sicarios.

Pero esta suposición no tiene fundamento ni en la experiencia nacional ni en la internacional.

Como se demostró en los ejemplos altamente representativos de detenciones y muerte de grandes capos del narcotráfico, hasta 2008 las acciones punitivas del gobierno no provocaron nada parecido a la violencia que desde enero de ese año se desató en el país. Pero frente a esto Guerrero no sólo no trata de dar una explicación, sino ni siquiera hace la menor alusión a la larga historia (de ya un siglo) de existencia del narcotráfico en México y de su represión legal, la cual ha sido en algunos momentos muy severa, según ya explicamos. Es como si para Guerrero el narcotráfico y la narco-violencia en México (¡y en el mundo!) hubieran ¡comenzado en 2007!

Y esta omisión sólo puede entenderse porque la etiología de la violencia del autor no puede explicar porque antes los golpes contra el narcotráfico y los narcos no provocaron lo que a partir de 2007 supuestamente provocaron.

Si la explicación de Guerrero de que la persecución de capos del "narco" provoca la violencia no sirve para explicar hechos anteriores a 2007, pues no sirve en absoluto, a menos que diera una explicación coherente de porque la ley universal que él preconiza (y es lo de menos que él admita de manera explícita que es un ley universal) ya no es universal, precisamente porque no explica los hechos ocurridos antes de 2007 y en los que la represión debería haber provocado violencia y no lo hizo.

Y eso es sólo para hablar de la experiencia nacional. En la experiencia internacional tampoco hay fundamento para afirmar que la represión provoca inexorablemente escaladas de violencia como la vivida por México desde 2008. Y el mejor ejemplo de ello es Colombia, precisamente el caso que a los críticos del “modelo punitivo” les gusta tanto mencionar, a pesar de que demuestra exactamente  todo lo contrario a lo que preconizan.

En 1993, cuando Pablo Escobar fue abatido a los pocos meses de que escapó de la falsa cárcel donde se encontraba, Colombia alcanzó la máxima tasa de homicidios de su historia (casi 80 por cada 100 mil habitantes), a pesar de que al capo se le había concedido todo: prohibición constitucional a las extradiciones, perdón por sus miles de asesinatos y hasta el disfrute de su increíble fortuna. Es decir, a pesar de que el Estado colombiano se había rendido ante el capo y le había demostrado que resultaba favorable a “su propio interés“ renunciar a determinadas “formas de violencia”, Escobar y sus incondicionales seguían matando sin cesar .

Después del abatimiento del capo los homicidios tendieron a una baja constante, hasta que repuntaron por la ofensiva narco-guerrillera de finales de los años noventa y cuando el gobierno colombiano otra vez alimentó cocodrilos, haciendo esta vez concesiones suicidas a los criminales de las FARC. Pero en los 10 últimos años en Colombia, mientras más capos se capturan, mientras más criminales se extraditan, mientras más plantíos se erradican y más droga se asegura, menos homicidios hay (hoy la tasa es un 42% de lo que era cuando cayó Escobar).

2)    Aun cuando Guerrero no asuma las consecuencias lógicas de su teoría de que la violencia es resultado de la política “punitiva” del gobierno frente a los narcotraficantes, lo que está diciendo es que en realidad el Estado no debería ser Estado, no debería intentar reprimir el delito (todo delito y no sólo el narcotráfico) porque ello sólo provoca violencia.

No hay ninguna razón para limitar sólo a los cárteles de la droga la idea de que “las organizaciones criminales saben que, independientemente del grado de violencia que ejerzan, son blanco de la estrategia punitiva del gobierno federal” ni la de que “en este contexto de incertidumbre los criminales no tienen incentivos para desistir en el ejercicio de la violencia. Por el contrario, como muestran los hechos, la violencia generada por el crimen organizado ha aumentado y se ha dispersado”. Lo mismo se puede decir de organizaciones que se dedican al secuestro, al tráfico y la trata de personas, a la extorsión, a la explotación sexual comercial infantil, al asalto al transporte de carga, al robo de vehículos, a la falsificación, al robo de combustible y a todo esto además de al narcotráfico, como es el caso de Los Zetas, Los Templarios, La Familia y otros grupos de reciente creación.

Entonces, en estricta lógica, no habría que tratar de detener a los delincuentes que cometen todos esos crímenes, para no provocar su violenta respuesta, sino ceder ante ellos, garantizarles un ingreso fijo a su gusto, abolir la cárcel y tratarlos con amor, tal y como preconizan los “nuevos criminólogos” y la mayoría de las corrientes de izquierda.

Al menos el discurso de estas personas es congruente; el del señor Guerrero, no.

No sé si el señor Guerrero esté enterado, pero lo que los criminales saben desde siempre es que sus acciones criminales siempre implican el riesgo de castigo. Y aunque la represión no los inhibe por completo, cuando ésta es eficaz logra el propósito de controlar la violencia, de mantenerla en niveles relativamente bajos, mientras que no ejercer la represión legal, lo único que hace es alentar la comisión de más delitos, incluyendo en primer lugar los violentos.

Lo que hace que las naciones desarrolladas tengan tasas de homicidio bajas no es que los gobiernos sean complacientes con los delincuentes violentos, sino el que el 70% o más –en promedio- de los asesinatos tengan como consecuencia el castigo de los responsables.

3)    La suposición, de que ante la represión gubernamental, la reacción de automática de los narcos es la de matarse entre ellos, resulta –para decir lo menos- completamente absurda.

¿En qué teoría de conducta en general o praxológica (acerca de los medios a los que los humanos recurren para lograr sus fines) se basa esta suposición?, ¿quién puede considerar racional (¡y los criminales profesionales claro que hacen juicios racionales!) un razonamiento al estilo de que: "como ayer los del gobierno federal capturaron a uno de mis socios criminales, entonces hoy mando descuartizar a 49 narcomenudistas de la banda rival"?

¿Qué sentido tiene responder así ante la represión gubernamental?, ¿acaso eso hará que se detengan los operativos del  gobierno federal? y ¿por qué eso iba a detener al gobierno?

Esta explicación causal completamente absurda, solo tiene el propósito de esconder lo obvio: los grupos criminales se matan entre sí, ven la oportunidad de hacerlo, porque ven en la violencia el medio para expandir su negocio criminal y su poder (o para defender lo que tienen, de la codicia, de otros grupos criminales).

Por supuesto, no falta el intento de seguir manteniendo esta explicación absurda, aduciendo que como la acción del gobierno ha perjudicado al negocio, entonces en pos de un mercado reducido, los narcos no tienen otra que reñir entre sí. Es como si a un grupo de campesinos les despojan sus tierras y entonces no tienen otra que invadir los terrenos de otros pobres campesinos, lo que provocará matanzas entre labriegos.

Pero este intento, desesperado por salvar una teoría increíblemente absurda, resulta todavía más absurdo, por tres razones:

  • Porque es falso que el negocio se haya reducido. Nunca en México el narcotráfico ha gozado de tan buena salud, como ya demostramos en la desconstrucción del primer mito.
  • No hay relación lógica entre la detención o abatimiento de capos o de jefes de sicarios y la reducción del tamaño del mercado de drogas (¿por qué la muerte de Alfredo Beltrán Leyva iba a afectar el trasiego de cocaína?, ¿acaso él solito producía y transportaba la droga?).
  • En esa “lógica”, toda disputa entre grupos humanos, sólo sería resultado de un cambio adverso de las circunstancias y no del motor principal de la violencia, de las invasiones y la guerra a lo largo de la historia: la codicia.

Otra variante del intento por sostener esta teoría absurda es afirmar que, como el narcotráfico se ha reducido por la acción del gobierno, lo pobres narcos no han tenido otra que migrar a otros giros criminales. Pero esta afirmación está basada en la fantasía, no en la realidad y para constatarlo basta hojear los periódicos. No sobra insistir: en México, el negocio de producir y vender drogas no está en problemas, prospera día a día.

Si los sicarios de los narcos, además de matar a quienes sus amos les ordenan, se dan tiempo para cometer secuestros con el fin de reclamar rescate, no es porque el negocio de las drogas vaya mal, sino porque estos criminales son eficientes y pueden cumplir su tarea primaria y hacerse de otras más.

Cuando militares o policías detienen a bandas de secuestradores ligadas a los cárteles, resulta que estos delincuentes están metidos tanto en el narcotráfico como en otras actividades criminales, porque la violencia utilizada para mantener sus territorios en el narcotráfico o despojar a otros delincuentes presenta el fenómeno de una capacidad instalada subutilizada. La misma infraestructura que sirve para los “levantones” se utiliza para cometer secuestros o para extorsionar en los “ratos libres”. Eso es lo que dicen los sicarios cuando son detenidos e interrogados…habría que escucharlos, pues algo saben de su negocio.

Años antes, un fenómeno parecido fue el de los ladrones de vehículos que despojaban a las víctimas mediante la violencia. De pronto se dieron cuenta que podían obtener dinero extra si, además de ganar por la venta del vehículo robado, el atraco se transformaba en secuestro exprés.

Si los delincuentes especializados en un giro criminal se expanden a otros, no es porque les vaya mal en el primero, sino casi siempre por lo contrario: porque su poderío criminal y la falta de capacidad de la policía para contenerlos, los lleva a buscar más rentas (¿para que conformarse con un peso, si se pueden obtener dos?).

La suposición contraria no sólo demuestra una incomprensión de la actividad criminal, sino de la actividad humana toda. Si los empresarios con presencia en una rama económica incursionan en otra, no es porque le vaya mal en la primera; si los predicadores de una religión empiezan a realizar proselitismo en lugares distintos a los tradicionales, tampoco es porque les esté yendo mal en los primeros; si los españoles conquistaron la mayor parte del nuevo continente en el siglo XVI, no fue porque España estuvieran siendo atacada por un poder superior o le estuviera yendo mal en Europa (¡todo lo contrario!), sino precisamente por lo contrario.

Juan García Abrego le quitó a balazos el control de Matamoros a Oliverio Araujo, no porque el gobierno lo perseguía, sino más bien por lo contrario. Amado Carrillo se apoderó de Juárez a sangre y fuego, no porque le fuera mal, sino porque le iba bien y quería más. Él y los Arellano Félix riñeron, no porque les fuera mal a cada cual, sino porque codiciaban los territorios del otro. El pleito entre los Arellano y El Mayo Zambada no fue porque el gobierno los persiguiera, sino porque los dos querían mandar en Sinaloa. Osiel Cárdenas no asesinó a su jefe y amigo porque el gobierno lo estuviera atacando, sino porque quería ser el máximo líder del Cártel del Golfo. Y podríamos llenar hojas enumerando casos así, en donde nada tiene que ver la represión del gobierno sino...la codicia.

Pero además, toda esta idea de que los pobres narcos se matan entre sí porque el mal gobierno los persigue, no es sino la reiteración del dogma freudiano y socialista que pretende librar de responsabilidad a los individuos por sus actos y en particular a los delincuentes y a presentarlos como pobres víctimas de la sociedad...

4)    La imagen de la violencia en que se basa este mito (un gran número de matanzas dispersas supuestamente provocadas todas ellas por la represión del gobierno federal), esconde deliberadamente la existencia de grandes ejes de pugna entre capos y grupos criminales preexistentes o independientes a la represión del gobierno de Calderón, porque considerarlas haría insostenible –precisamente- la idea de que la violencia es producto de que el gobierno detiene o abate jefes criminales.

Entre 2008 y 2011 las principales disputas (las que más vidas han cobrado) en el país fueron:

·         Entre el grupo de Joaquín Guzmán y la organización de los hermanos Arellano Félix por el control de Baja California y Tijuana en particular

·         Entre el grupo de Joaquín Guzmán y la organización de Vicente Carrillo Fuentes por el control de Chihuahua y Juárez en particular.

·         Entre el grupo de Joaquín Guzmán y la organización de los hermanos Beltrán Leyva por el control de Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Distrito Federal, México, Morelos y Guerrero (en esta disputa los Beltrán han tenido como aliados a Los Zetas).

·         Entre el grupo de Joaquín Guzmán y Los Zetas por el control de los respectivos territorios del rival y en particular por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango (las confrontaciones incluyen la mayor parte del país incluyendo las entidades federativas del centro norte, que son Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí).

·         Entre el Cártel del Golfo y Los Zetas por todo el corredor que va desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, con especial énfasis en Tamaulipas y Nuevo León (en esta disputa hay una alianza entre Guzmán Loera y el Cártel del Golfo).

·         Entre La Familia  y Los Zetas por el control de Michoacán y otros puntos del Bajío, además de zonas del Estado de México y Guerrero (en 2011 Los Templarios, una escisión de La Familia le disputa a ésta sus territorios).

Como salta a la vista, el actor más beligerante ha sido el capo Joaquín Guzmán, a quien se considera el más poderoso del país, el continente y el mundo. Y de entrada se antoja completamente forzado presentar a este criminal, como una pobre víctima de la represión del gobierno, que por lo mismo no ha tenido otra alternativa que incendiar medio país con su violencia.

Guzmán no fue un perseguido del gobierno, por las administraciones de Fox y Calderón. Si bien es cierto, que un socio suyo de primer nivel como era Ignacio Coronel fue abatido y familiares de otros socios y de él mismo han sido capturados, de cualquier modo esto no da para sustentar la imagen de un pobre delincuente perseguido. La realidad es que ha estado libre e impune por más de 11 años, desde que se fugó de un penal de alta seguridad y desde entonces construyó un imperio criminal. Y este imperio no fue, ya no digamos demolido, sino siquiera afectado seriamente por el gobierno de Calderón.

El caso de Guzmán es sumamente importante para entender que el disparo de la violencia muy poco tiene que ver con la supuesta represión generalizada contra los narcos. ¿Por qué Guzmán se ha metido en tantos pleitos? Por dos razones: primera, por su pretensión de ser el “jefe de jefes” que controle todo el narcotráfico en México, como ha sido su propósito desde que se evadió de la cárcel en 2001 y, segunda, por el origen de su poder como narco.

Respecto a esto último, convendría recordar que en 1989 tras la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, el Cártel de Guadalajara se fraccionó en 6 organizaciones con sus respectivos territorios y/o plazas para cada cual. Pero la parte que tocó a Guzmán, tenía un gran problema: no incluía ninguna plaza fronteriza (es decir de la frontera con Estados Unidos). Por tanto, Guzmán tenía que: o pagar un elevado “derecho de piso” por el uso de las ciudades fronterizas para introducir cargamentos a Estados Unidos, o intentar la introducción vía marítima o de plano, volverse un socio subordinado de capos que controlaran plazas fronterizas. Esa es la más profunda razón de su disputa con los Arellano Félix desde 1989, con el Cártel del Golfo y luego Los Zetas desde 2001 y con Vicente Carrillo desde 2004.

Y aunque a partir de su alianza con los hermanos Beltrán Leyva, Guzmán disponía de ciudades fronterizas en el estado de Sonora, se trataba de plazas prestadas y de difícil aprovechamiento, por ser ciudades pequeñas. En ellas debió construir una gran cantidad de túneles, pues utilizar vehículos terrestres para el trasiego era más difícil que en ciudades fronterizas de intenso tráfico vehicular.

Para hacerse del control de Tijuana, Guzmán luchó por 2 décadas hasta que en 2008 encontró un aliado sumamente útil, que fue Teodoro García Simental “El Teo”, jefe de los sicarios de los Arellano Félix, quien defeccionó y se pasó al bando de El Chapo. Éste le ofreció que una vez que los Arellano fueran barridos de Tijuana, lo haría el dueño de plaza de Tijuana con Guzmán como socio principal.


A partir de septiembre de 2008 y hasta enero de 2010, “El Pozolero“ desató un furor de violencia contra la estructura de sus anteriores patrones que conocía tan bien. En ese período la cifra de asesinatos se duplicó.

Según la explicación de Guerrero lo que desató la violencia en Tijuana fue la captura de Eduardo Arellano Félix en octubre de 2008. Pero esta explicación pretende hacer aparecer consecuencias como si fueran causas. El Pozolero ya había roto con los Arellano Félix desde abril de 2008 y la noche en que lo hizo cobró 14 vidas.

En los siguientes meses siguió matando, pero la escalada comenzó en septiembre y siguió en octubre. La captura de Eduardo Arellano no desató la matanza, pues esta ya había comenzado, además de que su captura se dio hasta el día 28 de octubre. Al respecto, los gráficos de la evolución de los homicidios en la ciudad, mes por mes, son altamente ilustrativos (en el de ejecuciones no hay datos desagregados por mes de 2011).

Respecto a la disputa de Guzmán con el cártel de Juárez, tampoco hay nada que indique que el crecimiento vertiginoso de la violencia haya sido, ya no digamos provocado por captura de capos, sino siquiera precedido.

La única captura importante se produjo en abril de 2009 (la de Vicente Carrillo Leyva sobrino de Vicente Carrillo Fuentes), cuando la violencia ya tenía 14 meses de venir escalando. Además, el hijo de Amado Carrillo en realidad no era figura prominente en la organización de su tío, por más que haya exageraciones al respecto.

Y ciertamente, en junio de 2011 cuando se publicó el ensayo de marras, aún no se había producido la detención del máximo jefe de los sicarios del Cártel de Juárez y brazo derecho de Vicente Carrillo, llamado José Antonio Acosta Hernández “El Diego” (su detención ocurrió el 31 de julio de 2011). Su captura tendría que haber provocado –en la lógica de Guerrero- una escalada todavía mayor de la violencia, pero lo que provocó fue exactamente lo contrario: un desplome de las ejecuciones que se profundizó en el 2012. En mayo del 2012 se registraron en la ciudad 59 asesinatos, mientras que en mayo del 2008 hubo 117, en mayo de 2009 sucedieron 81, en mayo de 2010 ocurrieron 214 y en mayo de 2011 hubo 151.

La tercera “guerra” en la que el capo Guzmán aparece involucrado es la que sostiene con sus anteriores socios, los Beltrán Leyva. Esta disputa se ha querido presentar como el arquetipo de la violencia provocada por la estrategia “punitiva” del gobierno, pues la captura de Alfredo Beltrán Leyva “El Mocho” -en enero de 2008- se dio por iniciativa del gobierno estadounidense, precipitó un cisma del mayor cártel, el choque entre narcos ha sido singularmente violento, se ha producido mayor atomización y los grupos escindidos son más violentos.

Pero para empezar ni siquiera la causa que se le atribuye a la ruptura está probada ni es plausible, Los que los Beltrán Leyva dijeron en cientos de narco-mantas repartidos por muchas ciudades y caminos del país es que –según ellos- el gobierno federal los había traicionado para favorecer a El Chapo Guzmán, para que él se hiciera del completo control del cártel, cuya dirección compartían hasta entonces.

Si es verdad lo que han dijeron los Beltrán, la captura de Alfredo nada tiene que ver con que el gobierno haya aplicado una política de aniquilación ni cosa parecida, sino de favoritismo hacia El Chapo. Además, los Beltrán se estaban quejando de la materialización de un riesgo permanente que sabían corrían (ser detenidos o abatidos), hayan pagado o no, a funcionarios gubernamentales para eso –supuestamente- jamás ocurriera.

En México todo capo importante o ha caído preso, al menos en algún lapso de su vida y/o ha sido asesinado. Casi ningún capo ha muerto de viejo, tranquilamente en su cama. Tal ha sido el caso, por hablar de los más representativos, de: Pedro Avilés, Ernesto Fonseca Carrillo, Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, Rafael Caro Quintero, Pablo Acosta, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Aguilar Guajardo (el verdadero fundador del Cártel de Juárez), Emilio Quintero Payán, los hermanos  Muñoz Talavera, Amado Carrillo, Manuel Salcido Uzeta “El Cochiloco”, Joaquín Guzmán Loera, Héctor Palma Salazar, Juan García Ábrego, Albino Quintero Meraz, Jesús Labra Avilés, Ramón Arellano Félix, Benjamín Arellano, Osiel Cárdenas...

Sólo quien no haya leído periódicos anteriores a 2007, puede suponer que la detención y abatimiento de narcos empezó con la administración de Felipe Calderón. Y todo esto en modo alguno es un fenómeno privativo de México. Muy por el contrario es un fenómeno universal y muy viejo.

Pero es obvio que ante un “riesgo profesional” que los narcos siempre han sabido que corren, no están reaccionando como antes. No todo es igual que siempre, algo ha cambiado, eso es obvio: no en balde hay 50 mil soldados fuera de sus cuarteles y en 6 años de la administración de Calderón fueron asesinados casi 6 mil agentes del orden, más del doble de los asesinados en todo el sexenio de Vicente Fox.

Lo que ha cambiado es la reacción de los capos ante la persecución que siempre había existido. Los capos ahora creen que con su capacidad de violencia pueden impedir su caída, conquistar rutas y territorios o defenderlos de sus rivales. La causa de este cambio es que desde la administración de Carlos Salinas los gobernantes decidieron dejar que los narcos se maten entre sí, en lugar de intentar controlar esa violencia. Y si Calderón de veras intentó controlar esa violencia, pues no pudo. Y esta incapacidad de la administración calderonista para frenar la violencia retroalimentó la presunción en cada capo de que podía hacer su voluntad, sin que importe mucho el parecer de los gobernantes (lo que hubiera sido impensable hasta finales de los años ochenta).

Ahora bien, cabe preguntarse si, como quiera que sea, con la detención de Arturo Beltrán Leyva el gobierno de Calderón no provocó o al menos detonó la violencia entre los antiguos socios. Y la respuesta es no.

Meses antes de la detención de El Mochomo, en abril de 2007, había sido detenido un hijo del mismísimo Joaquín Guzmán y en el 2005 fue detenido un hermano del capo (luego asesinado dentro del penal de “alta seguridad” de La Palma), sin que esto hubiera desatado ninguna reacción contra el gobierno ni contra bandas rivales (más allá de la violencia que ya venía de años atrás). Tampoco eso rompió al Cártel de Sinaloa.

La reacción de Arturo Beltrán Leyva contra la detención de su hermano Alfredo, no fue más que un mero pretexto para romper con Guzmán. Simplemente dos capos tan megalómanos como eran ellos no cabían en la misma organización criminal. El mundo del hampa no es el oasis de “códigos de honor” que los apologistas de los criminales nos quieren hacer creer, contra toda evidencia. Este mundo es el reino de las traiciones y los pleitos sin fin. Sólo los Estados fuertes y eficaces son capaces de mantener la tendencia hacia la violencia entre narcos, dentro de límites manejables.

Y así como esta, el resto de la disputas nada tienen que ver con las acciones gubernamentales de detención o abatimiento de capos. Ya se ha probado que no fue así en la “guerra” por Tijuana y ya se ha probado que tampoco fue así en el caso de la “guerra” por Juárez. Y ahora vamos a demostrar lo mismo con relación a las restantes “guerras”.

La diputa entre la organización de Joaquín Guzmán y Los Zetas, para empezar, ni siquiera se inició bajo la administración de Felipe Calderón. Viene desde las semanas posteriores a la evasión de Guzmán (ocurrida en enero de 2001).

Según diversas fuentes Joaquín Guzmán se evadió con ayuda de autoridades con enorme poder político, con el propósito de que el capo estableciera un control único sobre el narcotráfico, como el que ejerció Miguel Ángel Félix Gallardo mediante el Cártel de Guadalajara.

Para este fin se celebró en el 2001 una suerte de cónclave de narcos, en la que según algunas fuentes, habrían participado también supuestos representantes del gobierno de Vicente Fox. Ahí se creó una federación de cárteles que se conocería por el nombre de, precisamente, “La Federación”. En la misma participaron grandes capos como el mismo Guzmán, los hermanos Beltrán Leyva, Ismael El Mayo Zambada e Ignacio Coronel, todos los cuales después se reconocerían como jefes del Cártel de Sinaloa, además de Vicente Carrillo Fuentes y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, los jefes del Cártel de Juárez.

A la reunión ni siquiera asistieron los jefes de los cárteles de Tijuana y del Golfo, quienes no querían federarse y menos bajo la dirección de El Chapo. Además, rechazaban las pretensiones de Guzmán de libre paso de los cargamentos de este por sus territorios y ciudades fronterizas (Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo han sido tradicionalmente las ciudades fronterizas por las cuales pasan aproximadamente dos terceras parte de las drogas introducidas a Estados Unidos).

Ahí empezó la “guerra” entre La Federación y los otros dos cárteles que luego harían frente común.

En el 2003 tras la caída de Osiel Cárdenas (que éste interpretó como una acción del gobierno para terminar de entregarle el control del narcotráfico a Joaquín Guzmán), el Cártel del Golfo se empezó a fraccionar, entre por un lado los traficantes que tenían los contactos internacionales, manejaban la logística del tráfico y operaban el lavado de dinero y, por otro lado, los sicarios, conocidos como Los Zetas. Los primeros eran partidarios se no enfrentarse con La Federación, mientras que los segundos creían, como Osiel Cárdenas, que no había que hacer ninguna concesión. Pese a estas diferencias hasta finales del 2009 las dos facciones mantuvieron una coexistencia en el amplio corredor del Golfo y en particular en Tamaulipas, cuyo territorio ya estaba fraccionado en áreas de influencia. Durante años, los del Cártel del Golfo se estuvieron preparando para la confrontación que, sabían terminaría por darse, con Los Zetas.

Tras la ruptura de los Beltrán Leyva con Guzmán, la rivalidad entre éste y Los Zetas se “calentó”. Si Los Zetas no se habían ido con todo contra Guzmán fue porque reconocían el poderío del Cártel de Sinaloa (lo que quedaba de La Federación) y sus pistoleros, como Edgar Valdez Villarreal "La Barbie”. Pero con la fractura del Cártel de Sinaloa, Guzmán parecía muy debilitado a los ojos Los Zetas: sus anteriores socios, que controlaban la mitad de la organización, ahora estaban en su contra y Guzmán, además de enfrentar un violento conflicto con sus anteriores socios, había abierto otros dos frentes: Tijuana y Juárez. De modo, que Los Zetas calentaron su guerra con Guzmán a propuesta de su antiguos rivales y nuevos aliados: los Beltrán Leyva.

Aunque son muchos los puntos del país en donde los bandos chocaron, los más importantes son el estado de Durango y la zona metropolitana de Torreón (el municipio del mismo nombre correspondiente a Coahuila y los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, Durango). La razón de ello es que los Beltrán Leyva sabían que Durango y en especial la zona serrana colindante con Sinaloa es la zona más segura de Guzmán y desde donde supervisa directamente uno de sus negocios más prósperos: la producción de heroína. Además, Los Zetas podían atacar a Guzmán en Durango, ya que controlaban gran parte del colindante estado de Coahuila.

Como se puede observar en los respectivos gráficos, desde febrero de 2008 empiezan a crecer las ejecuciones, tanto en Durango como en Torreón. Y la única captura de capos o de jefes de sicarios en una zona en donde ha tenido lugar casi el 10% de todas las ejecuciones del país es la de Enrique Villareal Barragán “El Grande”, cuya área de influencia, Eduardo Guerrero, ni siquiera se ubica en Durango o Coahuila, sino en Morelos, el Estado de México, Distrito Federal y Guerrero. Pero además, esta captura se produce en septiembre de 2010, 32 meses después de iniciada la violencia en la zona.

Y respecto a la “guerra” en Tamaulipas, que estalló en enero de 2010 entre Los Zetas y el Cártel del Golfo, de nuevo ni la detención ni el abatimiento de capos causó la escalada de violencia. En la lista de Guerrero, sólo figuran dos capos relacionados con Tamaulipas: Jaime González Durán “El Hummer” de Los Zetas, detenido el 7 de noviembre de 2008 y Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén (hermano de Osiel Cárdenas) “Tony Tormenta” del Cártel del Golfo, abatido por infantes de marina el 5 de noviembre de 2010.

Como se puede observar en el gráfico, la captura de El Hummer no alteró la tendencia de las ejecuciones, y fue hasta 13 meses después, que escaló la violencia. La muerte de Tony Tormenta sucedió cuando la escalada de violencia ya llevaba 10 meses.

Michoacán, una vez más se demuestra la falsedad de la tesis de que las detenciones y los abatimientos de capos por parte del gobierno provocan la violencia o la escalan. Sobre esto es muy ilustrativo el gráfico respectivo

Hasta el 2005 Los Zetas y sus colaboradores locales, que después se conocerían como La Familia Michoacana, lograron mediante la violencia apoderarse de las plazas y rutas de Michoacán, que había controlado el grupo criminal Los Valencia. Pero a mediados del 2006, los aliados se pelearon, no porque el gobierno haya detenido a algún capo, sino porque los dos bandos querían el pastel completo. Prueba del disparo de la violencia es que mientras que en el 2005 hubo 427 homicidios, en el 2006 hubo 661 (un incremento del 55% en un año).

Por tanto, Felipe Calderón ordenó en diciembre del 2006, el envío de un contingente militar a Michoacán. En el 2007 la violencia bajó: hubo 527 homicidios dolosos. Pero en el 2008 la violencia repuntó (los homicidios fueron 568) y el 15 de septiembre tuvo lugar un acto terrorista que cobró la vida de 10 personas inocentes, del cual se culpó a Los Zetas, aunque después el gobierno federal fue cambiando su impresión original y consideró la posibilidad de que el verdadero autor haya sido La Familia, para inculpar a sus rivales y contra ellos desatar una acción gubernamental más dura.

Como parte de esto, el gobierno federal tomó conciencia que los dos grupos criminales no sólo reñían, sino que practicaban una feroz y permanente extorsión contra grupos crecientes de la población, estaban involucrados en robos masivos y en secuestros. Mientras que hubo 29 secuestros en 2006, para el año siguiente la cifra subió a 64, en el 2008 hubo 122, en el 2009 hubo 127, en el 2010 hubo 203 y en el 2011 hubo 184. Entre el 2007 y el 2011 fueron asesinadas 21 víctimas de secuestro, casi todas ellas por plagiarios de La Familia.

Además, estos grupos y en particular La Familia, contaban con una amplia red de protección de los gobernantes locales.

Ante esto, el gobierno federal no podía quedarse con los brazos cruzados, no podía seguir con el mero patrullaje, porque si eso tuvo un efecto en el 2007, ya no lo tenía en el 2008. El “mensaje de que es en el propio interés de los criminales renunciar a algunas formas de violencia” no estaba funcionado.

Por eso, el gobierno federal en mayo de 2009 procedió, primero a la detención de 27 autoridades locales, que suponía protectoras de los criminales y después fue capturando y abatiendo a capos, sobre todo de La Familia. Si las acusaciones contra las autoridades locales prosperaron o no, ese ya es otro asunto.

El 11 de julio del 2009, la Policía Federal capturó al capo de La Familia, Arnoldo Rueda Medina, “La Minsa”. En respuesta, el grupo criminal lanzó ataques sincronizados contra las fuerzas federales y secuestró y asesinó a 14 policías federales.

Pero las acciones del gobierno federal no lograron contener la violencia: el 2009 cerró con 728 homicidios.

En diciembre del 2010 fue (supuestamente) abatido uno de los principales líderes de La Familia, Nazario Moreno “El Más Loco” o “El Chayo”. Ese año registró una pequeña disminución de los homicidios dolosos (699).

En junio del 2011 fue detenido otro de los principales líderes de La Familia: Jesús Méndez “El Chango”. Ese año la violencia volvió a repuntar: los homicidios cerraron en 815.

El que la violencia se haya mantenido y aún escalado, no fue resultado de las acciones punitivas gubernamentales, sino de que las mismas no fueron lo suficientemente eficaces y contundentes para reducir la capacidad operacional de los grupos criminales.

1)    En realidad, ni el propio Guerrero cree en su teoría, pues el mismo aporta argumentos de que su explicación no explica nada. En el citado ensayo dice este autor:

“Ahora bien, Los Zetas son un caso excepcional dentro de los cárteles mexicanos, pues esta organización ha desempeñado un papel central en el crecimiento y dispersión geográfica de la violencia, sin que sea claro que haya experimentado un proceso de fragmentación en pequeñas células. Por una parte, Los Zetas son una de las organizaciones más poderosas del país, la segunda en importancia después del Cártel de Sinaloa, por su participación en el mercado de tráfico de drogas. Por otra parte, Los Zetas se caracterizan por su proclividad a la violencia y han demostrado capacidad para participar en una gran variedad de ilícitos. Finalmente, Los Zetas destacan por su ubicuidad, tienen células que han participado en prácticamente todas las ‘guerras’ del narcotráfico, y que además intentan controlar actividades delictivas en un gran número de entidades.”

Si la explicación de Guerrero de que el gobierno con sus acciones pulveriza las organizaciones criminales y con esto sólo provoca más violencia, pues los fragmentos son más violentos que sus antecesores, resulta que no se aplica a la segunda organización criminal en importancia, ¿puede entonces su tesis de la violencia ser más plausible que el arrojar una moneda al aire?

2)    La receta que propone Guerrero para reducir la violencia es congruente con su etiología del problema, pero se contradice con la experiencia universal.

En lugar de la estrategia punitiva del gobierno de Calderón, Guerrero propone una estrategia “disuasiva” por medio de la cual se lograría convencer a los delincuentes a renunciar a ciertas formas de violencia:

“En este rubro la orientación y asesoría del gobierno de Estados Unidos, con base en la Iniciativa Mérida, podría ser fundamental, pues los americanos tienen una larga experiencia en el diseño e implementación de programas antiviolencia exitosos, como los operados en Baltimore, Pittsburgh, Nueva Orleans, Boston, Chicago y Los Ángeles.”

Quien sabe cuáles serán esos programas de los que habla que Guerrero, porque Estados Unidos tiene frente a los narcos una política muy punitiva. La nación con la población carcelaria más grande del planeta, tienen casi 2 millones de internos, de los cuales 365 mil están privados de la libertad por narcotráfico. Mientras que en el 2010 hubo en México 21 internos sentenciados por narcotráfico por cada 100 mil habitantes, la tasa en Estados Unidos fue de 121: casi 6 veces.

Asimismo, mientras que en México en el 2011 no se castigó ni al 20% de los responsables de los homicidios, en Estados Unidos se castigó al 65%.

Estados Unidos enfrentó entre mediados de los años sesenta del siglo XX hasta inicios de los noventa, una ola de delincuencia y violencia. En los últimos 20 años los delitos violentos cayeron en 70% y los delitos contra la propiedad en un 63%.

Este enorme éxito no fue resultado de la aplicación de las teorías y políticas criminales socialistas, de construir centros comunitarios, impartir cursillos de resolución no violenta de los conflictos o darle becas a los pandilleros o más subsidios a toda suerte de vividores de los contribuyentes. Lo que hizo el cambio posible fue el que la policía tirara a la basura la noción socialista de que ella no podía hacer nada para controlar al crimen, pues éste estaba determinado por supuestas causas socio-económicas. Cuando la policía se aplicó, cuando la permanencia en el cuerpo se hizo depender de resultados en la reducción del crimen en el área de responsabilidad de cada quien y mejoró la capacidad punitiva del sistema de justicia penal, entonces los índices se desplomaron.

Eso es lo que hay que aprender de Estados Unidos.

En suma, esta explicación de que la violencia es provocada porque el gobierno detiene o abate capos es mero sofisma (construido, por cierto, con poca habilidad), en el que los datos se acomodan para aparentar que sustentan conclusiones adoptadas de antemano.

Mito tres: La violencia se dispara precisamente en las zonas del país en las que se inician operativos especiales del gobierno federal.

Este mito es muy parecido al anterior, pero en lugar de culpar de la violencia a las capturas y abatimientos de capos, culpa a los operativos de despliegue masivo de soldados y policías federales. La conclusión es obvia: si el gobierno federal no hubiera enviado soldados y policías a diferentes ciudades y estados, en unas y otros, la violencia no se habría disparado.

Y esto es, por supuesto, completamente falso. En todos los casos la violencia precede, no ocurre tras el arribo de fuerzas federales, las cuales son enviadas precisamente con el fin explícito de parar la matanza (el que lo logren o no es otra discusión).

El primer escrito en donde se comienza a dar forma a este mito es “Homicidios 2008-2009 La muerte tiene permiso”, de Fernando Escalante Gonzalbo, publicado el 3 de enero del 2011 por la revista Nexos, que lo introduce así:

“En 2008-2009 el homicidio en México se disparó por encima de toda lógica social y toda tendencia estadística previa. Fernando Escalante Gonzalbo comprueba con rigor que las muertes crecieron especialmente en los lugares en donde hubo grandes operativos militares y policíacos.”

Respecto al ensayo de Escalante, Ernesto López Portillo escribió:

“La publicación del nuevo artículo de Fernando Escalante en la revista Nexos de enero intitulado ‘Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso’ muestra datos escalofriantes sobre la violencia que se sufre en México. Según el autor, la tasa nacional de homicidios saltó en dos años (2008 y 2009) de ocho a 18 por cada 100 mil habitantes. ¡En dos años se habría duplicado el homicidio en México! Pero el asunto es peor (si tal cosa es posible): los homicidios crecieron mucho más justo donde se desplegaron los operativos conjuntos ordenados por el gobierno federal. Escribió Escalante: ‘Sigue el ejército patrullando Tijuana y Ciudad Juárez y el resto de Chihuahua, sigue desplegado en Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, y la tasa de homicidios para ese conjunto de estados se dispara: no sólo viene a ser mucho más alta que la del resto del país, sino que alcanza un máximo histórico, casi del doble de lo que fue en el año de mayor violencia en el periodo, hace 18 años’”.[i]

En realidad Escalante no fue tan lejos como López Portillo dijo, ni sostuvo “que los homicidios crecieron mucho más justo donde se desplegaron los operativos conjuntos ordenados por el gobierno federal”.

Lo que sí dijo Escalante es que había una relación entre los operativos, sobre todo en Chihuahua y la violencia, pero no asegura que sea causal:

“El ejército comenzó a patrullar Ciudad Juárez el 28 de marzo de 2007. A continuación, se desplegó en el resto del estado. El año anterior al operativo la tasa de homicidios en Chihuahua había sido de 19.6 por cada 100 mil habitantes, en 2007 fue de 14.4, en 2008 de 75.2 y en 2009 de 108.5 por cada 100 mil habitantes. Es difícil de explicar, sobre todo, porque el salto se da en todas las regiones del estado (véanse gráficas 10 y 11). (...)

Para el caso de Chihuahua, región por región, la conclusión se impone sin lugar a dudas: el factor nuevo de 2007, común a todo el territorio del estado, que podría explicar el crecimiento explosivo del número de homicidios es la presencia del ejército, en el Operativo Conjunto Chihuahua. No es posible saber, con sólo la estadística, cuál sea el nexo causal, pero la correlación es obvia e indiscutible.”

El problema con los datos de Escalante es que están equivocados. El operativo no se inició el 27 de marzo del 2007, sino exactamente un año después (como se puede constatar con consultar los periódicos), con lo cual –de entrada- todo intento de establecer una relación causa-efecto entre el operativo y el aumento de la violencia está fuera de lugar.

De hecho la iniciativa de movilizar a las fuerzas federales a Juárez (en el resto de Chihuahua el despliegue de efectivo fue poco significativo) ni siquiera provino del gobierno federal, sino de las autoridades locales, ante el aumento de la violencia y las informaciones de que se avecinaba una “guerra” entre el cártel dominante y el de Sinaloa por el control de la plaza. En una nota del 17 de enero del 2008 se lee:

“El presidente municipal José Reyes Ferriz dijo que insistirá ante el Gobierno federal para que intervenga en esta frontera y evite los asesinatos derivados de enfrentamientos entre narcotraficantes, ya que sólo en la primera quincena de este mes se han registrado 12 ejecuciones atribuidas al crimen organizado".

“‘Se trata de una cuestión federal, de una cuestión en que el gobierno federal no sólo tiene la responsabilidad constitucional de intervenir, sino que tiene también los recursos y tiene la información para poder evitar estos enfrentamientos entre grupos delictivos que hay en la ciudad", expresó.

El alcalde dijo que van a pedir el envío de más policías federales a Ciudad Juárez.

“‘En Tamaulipas hay una gran cantidad de agentes federales y en Ciudad Juárez hay apenas unos 100, nosotros necesitamos la intervención federal para evitar estos enfrentamientos’, insistió.”[ii]

El problema, frente al cual las autoridades locales trataban de eludir toda responsabilidad, era real. En el primer semestre de 2007 se registró un promedio mensual de 6 homicidios dolosos, mientras que en el segundo el promedio fue de 16, pues a partir de agosto arreciaron las ejecuciones. En enero de 2008 hubo 27 homicidios, en febrero 38 y en marzo 53. Por eso, tras de 8 meses de escalada de la violencia, en abril empezaron a llegar los efectivos federales.

En ese primer mes de operativo federal los homicidios bajaron a 27, pero en los siguientes meses la violencia siguió al alza. Pero de cualquier modo, no hay razón para culpar a la mera presencia de las fuerzas federales, porque la violencia venía de antes y sus causas son bien conocidas: el Cártel de Sinaloa trataba de apoderarse de la plaza de Juárez, de la misma manera que la organización que ahora la poseía se había apoderado de ella en la década de los noventa. En efecto, entre 1993 y 1998 la organización de Amado Carrillo se dedicó a eliminar a todos los traficantes leales a Rafael Aguilar Guajardo y a los hermanos Muñoz Talavera, que controlaban la plaza, al costo de unas 1,200 vidas (poco más de mil asesinatos y casi 200 desapariciones). Y, por supuesto, esta matanza no fue precedida ni por la captura de algún capo importante, ni por algún operativo federal. Por el contrario, se dejó a Carrillo el campo libre para masacrar a sus rivales.

De modo que no hay fundamento alguno para culpar al operativo del gobierno federal del estallido o, mejor dicho, del repunte de la violencia en Juárez.

Ahora bien, es cierto, que el operativo fue ineficiente para impedir que la violencia siguiera escalando y para que bajara, aunque eso no modifica el hecho que el origen de la violencia no está en la decisión del gobierno federal de reaccionar ante la violencia e intervenir. Después, el problema no estuvo en la intervención en sí, sino en la manera en que se intervino y los reales objetivos de movilizar soldados y policías federales a la ciudad fronteriza.

Al respecto, mucho está por revelarse aún, pero hay hipótesis plausibles que no pueden descartarse, como la del (entonces) Cónsul estadounidense en Juárez, Raymond Mc Grath, quien según la filtración de Wikileaks sostuvo en enero de 2009:

“Una percepción generalizada es que el Ejército se siente cómodo dejando que los cárteles de Sinaloa y Juárez hagan la guerra entre ellos por el control de la plaza y minen sus respectivas fuerzas. Como corolario, existe la teoría de que a los militares les gustaría ver que gane el cártel de Sinaloa”[i]

Lo menos que se puede decir del desempeño de las fuerzas federales es que fueron ineficaces para parar la violencia. Es hasta el segundo semestre de 2001 en que la violencia cede, precisamente tras la captura de José Antonio Acosta Hernández “El Diego”, el brazo derecho del máximo capo del Cártel, Vicente Carrillo, jefe de los sicarios y responsable operativo de la mayoría de las matanzas.

Pero no sólo carece de toda base culpar a los operativos del gobierno federal del disparo de la violencia en Juárez, sino en el resto de los municipios, ciudades y entidades federativas. En todos los casos los operativos no sólo no preceden a la violencia (y menos aún la provocan), sino que son reactivos ante la matanza decidida por los capos de diferentes organizaciones criminales, dispuestos a aniquilar a sus rivales.

Ya citamos el caso de Michoacán, estado en el cual el operativo federal se inicia varios meses después de una violencia creciente. Caso parecido es el de Tamaulipas, en que ante un súbito aumento de la violencia llega el ejército tres meses después de iniciada la matanza. En los casos de Sinaloa y de Baja California (en particular Tijuana) supuestamente los operativos sí precedieron las escaladas de violencia, pero no es así.

En enero de 2007 se anunció un operativo en Sinaloa pero además en Durango y Chihuahua, específicamente en el llamado Triángulo Dorado para el cual se movilizaron 9 mil soldados. Dice la nota de un periódico:

“El gabinete de seguridad pública de la Presidencia de la República sostuvo ayer que los operativos de combate a la delincuencia organizada, implantados desde diciembre pasado en varios estados, no tienen el objetivo de detener a capos del narcotráfico, sino restablecer las condiciones de paz y tranquilidad en el país.

“Para ello y a 14 días de su arranque, el gobierno federal oficializó ayer la ampliación de los operativos conjuntos al llamado 'triángulo dorado' de las drogas, que conforman municipios de riesgo de Chihuahua, Durango y Sinaloa, corredor de sembradíos de mariguana y zona de influencia del cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

“En dicho operativo conjunto participan más de 9 mil 054 militares, apoyados con 25 perros adiestrados, 40 aviones y 20 helicópteros.”[ii]

Pero ¿acaso no está ahí la prueba de que los operativos federales desataron la violencia?, ¿no es acaso muy claro en el gráfico como tan pronto las fuerzas federales se despliegan que la violencia va subiendo mes tras mes durante 2007 y en los años siguientes?

Al respecto hay dos puntos por aclarar: primero, un aumento de los homicidios como el sucedido en 2007, no fue algo inusitado en Sinaloa; segundo, el operativo  anunciado con bombo y platillos no era, sino la continuación de los que venía habiendo desde los años setenta, al grado que un año después –en 2008- se anunció un operativo más en Sinaloa, sin explicar que pasó con el previo.

Como se puede observar en el gráfico sobre homicidios dolosos en Sinaloa entre 1990 y 2011, a partir de 2002 hay una tendencia creciente de los asesinatos en el estado. Si se hace una proyección lineal del comportamiento del 2002 al 2006, la cifra proyectada para el 2007 (711) es cercana a la real (741). Es cierto, que en 2007 los homicidios crecieron en 23% con relación al año anterior, pero entre 1990 y 1991 lo hicieron en 22% y en 18% entre 2005 y 2004. Entonces el operativo no tuvo ningún efecto en la violencia.

Pero sobre todo, no habría de perder de vista que la matanza obedece principalmente a las diputas entre las grandes organizaciones criminales y en el 2007 en Sinaloa esta disputa aún no había comenzado. En cambio, en el 2008, como estalló la “guerra” entre las facciones de Joaquín Guzmán y de los hermanos Beltrán Leyva, la cifra de homicidios aumentó en 56% al pasar de 741 a 1,156, pero sobre todo, se disparó el número de ejecuciones en un 154%, al pasar de 426 en el 2007 a 1,084 en el 2008. En el 2010 las ejecuciones llegaron a su cúspide (1,815), cifra un 326% superior a la cifra del 2007.

Además y como ya se señaló, el operativo anterior era más simulación que acción efectiva, el 14 de mayo del 2008, mes en el que las ejecuciones llegaron a 104, mientras que en el 2007 el promedio mensual era de 36, se inicia el Operativo Conjunto Sinaloa, también llamado: Operativo Culiacán-Navolato, con el despliegue de 1,433 elementos más del ejército, 500 de la armada, 740 de la Policía Federal y 50 de la PGR.[i].

Por supuesto, el operativo fue inefectivo para cumplir con su fin teórico de contener la violencia y en Sinaloa es muy probable que entre el 2008 y el 2010 se haya presentado el mismo cuadro de Juárez, en el que las fuerzas federales movilizadas, son sobre todo, como meros testigos de la matanza entre narcos, para encubrir la política de dejar que los narcos se maten entre sí.

Por lo demás, como ya se dijo también, es muy larga la historia de los operativos contra el narcotráfico de los gobiernos federales en diferentes puntos del país, sin que ello haya tenido el efecto del disparo de la narcoviolencia. A continuación se exponen las referencias a esos operativos en los informes de gobierno de Luis Echeverría a Vicente Fox:

·         Destacamentos, batallones y regimientos, combaten sin fatiga el inaceptable mundo del narcotráfico y con ejemplar organización, eficacia y economía, contribuyen al tendido de ductos y a la custodia permanente de instalaciones vitales para el progreso del país.[ii]

·         El narcotráfico es cuestión de Estado y de seguridad nacional.

En su combate participan heroicamente el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, la Procuraduría General de la República y los gobiernos estatales.

Quiero destacar la lucha que tenaz y decididamente realizan los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada mexicanos en contra del narcotráfico, la cual ha obligado a realizar adecuaciones en su organización y procedimientos.

Nuestros soldados y marinos, con riesgo de sus propias vidas, se han entregado a esta tarea con dedicación no igualada por organismos similares de otros países, que también se ven afectados por estas actividades ilícitas.[iii]

·         Las fuerzas armadas son baluarte de la seguridad territorial y la mejor garantía de que nuestros recursos naturales e instalaciones vitales están a buen resguardo. Su labor en cinco años, ha sido ejemplar. Han desplegado el valor, la disciplina y patriotismo a la altura de su historia. Han apoyado a casi 800 poblaciones bajo condiciones de desastres naturales, han promovido 62 programas de salud en todo el país, han colaborado en la lucha contra el narcotráfico, erradicando más de 73 mil hectáreas sembradas de marihuana y amapola, arriesgando sus vidas para salvaguardar la seguridad de la nación. Es a ese costo como nuestras fuerzas armadas demuestran, día con día, su compromiso con la seguridad de nuestras instituciones y con la protección del pueblo mexicano.

Luchamos decididamente para evitar que el fenómeno de las drogas afecte la salud y la seguridad de los mexicanos. En cinco años, se ha combatido y capturado a grupos organizados de narcotraficantes y han sido procesados más de una docena de sus más buscados jefes. De diciembre de 1988 al pasado mes de julio se ha detenido a casi 89 mil personas involucradas en delitos contra la salud. A ello se suma la destrucción de poco más de 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos y el aseguramiento de más de dos mil toneladas de marihuana, casi dos toneladas de heroína y goma de opio, así como más de 210 toneladas de cocaína pura.[iv]

·         Para intensificar esta lucha que es por la salud, seguridad y la tranquilidad de todos, en ningún momento he dudado en recurrir a nuestras fuerzas armadas.

Algunas personas han afirmado que es en este Gobierno cuando por primera vez se ha convocado la participación de las fuerzas armadas contra el narcotráfico y que ello es lo que ha hecho propicio que algunos de sus miembros incurran en actos ilícitos.

Esta afirmación es inexacta.

Las fuerzas armadas mexicanas siempre han participado en esta lucha. Lo que se ha hecho en esta Administración, es transparentar y acrecentar su participación.[v]

·         Ante la creciente escalada de violencia presentada en algunas ciudades de la república, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Policía Federal Preventiva (PFP), y en coordinación con los gobiernos estatales y municipales implementó diversos programas y acciones, entre los que destacan el Operativo "México Seguro" y el Sistema de Planeación y Control Policial, tendientes a prevenir la comisión de delitos y a combatir a la delincuencia, principalmente la relacionada con el narcotráfico, narcomenudeo y en general con el crimen organizado.

De enero a junio de 2006, las Fuerzas Federales de Apoyo, la Coordinación General de Seguridad Regional y el área de Inteligencia para la Prevención de la PFP, realizaron 49 operativos en apoyo de las dependencias federales, gobiernos estatales y municipales de los cuales tres, por sus características, son permanentes: "México Seguro"; "Ciudad Juárez"; y  "Michoacán" para combatir el narcotráfico principalmente.

Operativo "México Seguro"

El Operativo "México Seguro" se implementó en Tijuana y Mexicali, Baja California; Culiacán, Mazatlán y Navolato, Sinaloa; Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, Tamaulipas; Uruapan, Apatzingán, Morelia, Zamora y Lázaro Cárdenas, Michoacán; en Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero. Posteriormente, el programa se aplicó en la región de Tierra Caliente y el corredor Uruapan-Zamora, en los estados de Guerrero y Michoacán, así como en algunos municipios del Estado de México. A partir de 2006 inició la tercera etapa del Operativo "México Seguro", orientado a la reconstrucción de las policías estatales y municipales, y a la integración y patrullaje de células mixtas con fuerzas federales y municipales. Al 27 de julio de 2006, se alcanzaron los siguientes resultados:

▪ Se detuvo a 11582 delincuentes, se ejecutaron 5356 órdenes de aprehensión y se recuperaron 2777 vehículos robados.

▪ Se aseguraron 30.3 toneladas de marihuana, 722470 pastillas psicotrópicas, 3192 kilogramos de cocaína, 82 kilogramos de heroína, 52 kilogramos de cristal, 300 mil cápsulas de pseudoefedrina, 92.96 litros de metanfetamina líquida y 130 kilogramos de semilla de marihuana.

▪ Se destruyeron 20930 mts2 de sembradíos de marihuana, equivalentes a 113420 plantas de marihuana.

▪ Se impidió que 3.1 millones de dosis de heroína, ice, cocaína y marihuana se distribuyeran en el mercado.

▪ Se aseguraron 1182 armas de fuego cortas y largas; 71599 cartuchos útiles, tres lanzacohetes, 13 explosivos, 10 lanzagranadas, 123 granadas de fragmentación, 20 metros de cordón detonante, 10 kilogramos de pólvora, un kilogramo de salchicha explosiva y 14 iniciadores.

▪ Se decomisaron 2786.7 miles de dólares y 6572.7 miles de pesos; 622997 piezas de diversa mercancía apócrifa, entre discos compactos, video y prendas de vestir.

La Secretaría de la Defensa Nacional participó en 67 reuniones de los Consejos de Seguridad Pública, de las cuales siete fueron regionales, 20 estatales y 40 municipales. De los acuerdos suscritos destacan los siguientes resultados:

(...) En el marco del Operativo "México Seguro", se participó en los estados de Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.

·         Como resultado de los acuerdos tomados en el seno de los grupos de coordinación locales, el personal militar participó en 17 Bases de Operaciones Mixtas de Seguridad Pública, integradas por autoridades federales, ministeriales y preventivas de los estados de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Chiapas. De los resultados obtenidos, sobresale la detención de 210 personas, el aseguramiento de 70 armas de fuego, 1162.041 kilogramos de marihuana, 345 gramos de cocaína y 59 vehículos, entre otros.

·         Se ratificó el convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que 5332 elementos militares de la Policía Militar fueron asignados para integrarse a las fuerzas federales de apoyo de la Policía Federal Preventiva.[vi]

También en Tijuana se puso en marcha un operativo federal en enero del 2007, pero como ya se observó no tuvo efecto en la violencia. En el operativo participaron 3,296 efectivos del ejército, marina, Policía Federal y PGR.[vii]

Según se aprecia en el gráfico respectivo y de acuerdo con datos del INEGI entre 1998 y 2010, los homicidios tuvieron en la ciudad fronteriza el punto más bajo. La matanza en Tijuana comenzó en agosto del 2008 y concluyó en febrero del 2010. Es obvio, que si el operativo federal hubiera tenido algo que ver con el disparo de la violencia, sus efectos no se habrían tardado 18 meses en producirse (o 36 meses considerando que el Operativo Tijuana no era sino continuación del operativo México Seguro, iniciado en junio del 2005).

Pero además están los casos de un vertiginoso crecimiento de la violencia ¡sin que se haya producido operativo federal alguno! Así sucedió en la Zona Metropolitana de Torreón y en el estado de Guerrero. En Torreón desde el 2007 las ejecuciones crecieron mes tras mes y año tras año. Mientras que en enero del 2007 había habido cero ejecuciones, en septiembre de 2011 las ejecuciones fueron 101. Pero no es, sino hasta octubre de 2011, cuando llegó el ejército a la zona.

En Guerrero a partir del 2008, mes por mes -con pocas excepciones las ejecuciones- en general, los homicidios dolosos fueron creciendo. Pero fue hasta octubre del 2011 que se inició el operativo de la Policía Federal.

La idea de que los operativos federales provocan la violencia, carece del menor sustento empírico. 

Mito cuatro: Estados Unidos es el culpable de la violencia, por su consumo creciente de drogas y porque le vende armas a los narcos.

No sólo la izquierda, sino que Felipe Calderón y casi todos los actores políticos de México han propalado este mito, cuyo propósito no es otro que eludir las obligaciones de las autoridades nacionales de controlar la violencia mediante el culpar a los “gringos”. En esto Calderón tuvo el papel estelar dado su odio hacia Estados Unidos (alguna vez declaró que el país vecino era el principal causante de los problemas de México, no sólo de los relativos al narcotráfico).

La primera parte del mito, la que se refiere al consumo de drogas, ni siquiera se intenta sustentar en datos amañados. Es una afirmación sin soporte alguno, porque todos los datos indican que en los últimos años se ha mantenido la tendencia hacia la baja del consumo en Estados Unidos (en comparación con el nivel de los ochenta y de los noventa del siglo XX), mientras que la tendencia es la contraria en Europa y en América Latina (México incluido).

Pero además, la idea que un supuesto consumo creciente de drogas en Estados Unidos va contra la lógica más elemental. Si la premisa de que mayor consumo acarrea inevitablemente más violencia fuera cierta, entonces donde tendría que haber más violencia -en primer lugar- es en el que sigue siendo en términos absolutos (ya no relativos) el mayor mercado de drogas del mundo, esto es, en Estados Unidos, o ¿no existen allá numerosos grupos de distribución de drogas en competencia feroz?

Ahora bien, suponiendo que fuera cierta la premisa de que a mayor consumo de drogas en Estados Unidos más violencia en México, entonces no tendría que ser ahora sino hace 20 o 30 años cuando la violencia tendría que haber estallado, precisamente porque entonces el consumo y la demanda eran mayores.

Asimismo este mito se contradice con otro: el que sostiene que la violencia creció ante un mercado reducido (esto es ante un menor consumo y por ende demanda). No se puede sostener al mismo tiempo – sin caer en ostensible absurdo- que la violencia es producto del consumo creciente y de la reducción del mercado. Pero en ese monumental absurdo es en el que incurrió Felipe Calderón, todo en aras de alimentar su citada aversión enfermiza hacia Estados Unidos.

La segunda parte del mito, la de que la violencia es provocada por Estados Unidos por venderle armas a los narcos, no es menos absurda e irracional. Pero de nuevo Calderón, en su odio hacia Estados Unidos fue tan ligero, pero tan ligero, como para no sólo culpar al país vecino de vender armas, sino insinuar que el gobierno estadounidense provocó deliberadamente la escalada de violencia con el fin de enriquecer a la industria de armamentos. Esta acusación calumniosa (hasta el momento Calderón no ha aportado la menor evidencia de semejante conspiración) parte de la premisa mayor de que hay una constante del gobierno estadounidense en provocar conflictos para enriquecer a su “complejo industrial-militar” (es decir a las empresas privadas proveedoras del Pentágono, gobiernos de otros países y particulares).

Pero vamos por partes. En primer lugar veamos como la afirmación de que a mayor consumo drogas igual a más violencia, es por completo falaz. Como se aprecia en el siguiente gráfico, la tendencia desde 1980 es hacia la baja en el consumo de drogas en Estados Unidos. Ciertamente hay un repunte en la última década, pero no de las drogas más duras (cocaína, heroína y alucinógenos) sino de medicamentos de prescripción y de marihuana (en este caso debido a la legalización de facto que está ocurriendo, alimentada por fuentes internas). Luego, si el consumo no ha subido, desaparece la premisa del silogismo de que a más consumo más violencia.

Fuente: National Household Survey on Drug Abuse – Substance Abuse and Mental Health Administrartion (SAMHSA)

Hay muchas otras evidencias de la baja del consumo como los siguientes gráficos tomados del informe mundial 2011 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que demuestran que el consumo de cocaína en Estados Unidos es actualmente un quinto del de hace 20 años y el valor de esta droga es apenas la cuarta parte de entonces.

Respecto a la segunda parte del mito, la que culpa a Estados Unidos de la violencia, porque los grupos criminales obtienen en ese país la mayor parte de las armas que usan, el razonamiento es tan ridículo como el culpar a México de las muertes en accidentes automovilísticos en el país vecino porque los vehículos involucrados son fabricados y exportados por México.

Quienes han sostenido semejante patraña –desde Felipe Calderón hasta Javier Sicilia- arguyen que la violencia se disparó tras de que en el 2004 concluyó la prohibición a la venta de fusiles de asalto en Estados Unidos, vigente desde 1994. Ante ello, lo primero que hay que preguntarse es: ¿por qué el levantamiento de la prohibición desató la violencia en México y no en el país vecino? La pegunta es retórica, sólo se hace para subrayar el absurdo de querer explicar la violencia por la venta de armas, cuando que lo único decisivo en el nivel de violencia en una jurisdicción es si el Estado tiene o no la capacidad de controlar a los grupos criminales, pues en ambas naciones hay prohibición de drogas y por ende mercado clandestino.

Otra pregunta pertinente es: ¿por qué en los años anteriores a 1994, cuando tampoco estuvo prohibida la venta de fusiles de asalto, no se desató una matanza como la actual? La respuesta es que antes el Estado mexicano sí tenía la capacidad de impedir que la violencia de los narcos se disparara y ahora no.

Pero además, resulta bastante fuera de lugar el atribuir la violencia al levantamiento de la venta de fusiles de asalto en Estados Unidos en el 2004, cuando que la reciente ola de violencia se inició en el 2008 ¡cuatro años después del levantamiento de la prohibición!

Y quepan unas palabras acerca de la especie acerca de que la ola de violencia en México, del 2008 a la fecha, fue provocada por el gobierno de Estados Unidos, para beneficiar a los productores y vendedores de armas de ese país. Sólo hagamos cuentas.

Entre el 2008 y 3l 2012, poco más de 60 mil fueron las muertes que se atribuyen a los grupos criminales, en su abrumadora mayoría en razón de sus disputas territoriales ¿Cuántos fusiles de asalto AK-47 y AR-15 se necesitan para matar a ese número de personas? Vamos exagerar en el cálculo, digamos que se necesita un fusil para matar a 3 personas (además de intimidar a muchas otras). Entonces debieron adquirirse 20 de mil de esas armas, cuyo precio en el mercado negro ronda los 2 mil dólares, lo que da un total de 40 millones de dólares, más, digamos, 10 millones de dólares en balas.

O sea que el “complejo industrial-militar” de Estados Unidos se hizo de la fabulosa suma de 10 millones de dólares al año por supuestamente alentar una guerra al sur del río Bravo, aunque ello amenace la seguridad nacional estadounidense ¿Quién puede creer semejante disparate?

Mito cinco: La violencia se disparó porque Calderón atacó frontalmente a los narcos en lugar de pegarles donde más les duele: en sus activos.

Izquierdistas menos extremistas y sujetos de filiación ideológica difusa creen que si se quita el dinero a los narcos, estos dejarán de tener capacidad para ejercer violencia.

Algo parecido creyeron también colaboradores de Calderón, aunque por supuesto no aceptan el reproche de que esta administración haya sido supuestamente muy belicosa en lugar de seguir la presunta estrategia de “terciopelo” de actuar contra el lavado de dinero. Una iniciativa de ley de Calderón –propia de la novela 1984- buscó prácticamente prohibir todas las operaciones comerciales de inmuebles y vehículos con dinero en efectivo y registrar casi todos los cambios con divisas. Se aprobó pero en términos menos draconianos.

Al respecto me permito reproducir la toma de posición del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, la cual es muy elocuente y suscribo al 100%:

¿FUNCIONARÁ LA ESTRATEGIA DE “PEGARLE AL CRIMEN ORGANIZADO DONDE MÁS LE DUELE”?

NO.

La idea de que si se actúa contra el “lavado” de las ganancias del crimen organizado (sobre todo las provenientes del narcotráfico) se revertirá la violencia que asola al país, es completamente equivocada, por las siguientes razones principales:

1)    En ninguna parte del mundo en momento alguno las acciones contra el lavado de dinero han tenido como resultado la aniquilación de la capacidad económica de los narcotraficantes (en la que supuestamente se sustenta su capacidad de violencia). En Estados Unidos y en Europa que han hecho comparativamente mucho más que México en la materia, no han logrado ni remotamente el propósito de desarticular la capacidad económica del narcotráfico, ni la capacidad de violencia de los grupos criminales.

2)    Para impedir que los grupos criminales pudieran disfrutar de sus ganancias habría que tomar dos tipos de medidas: impedir el flujo de los activos criminales en los circuitos de la economía legal y/o impedir el tráfico mismo.

3)    Impedir el acceso del dinero proveniente del narcotráfico (de la mayor parte al menos) es imposible en una economía abierta. La única manera de lograr tal control es mediante la implantación de un régimen totalitario que controla hasta el más pequeño detalle de la economía de un país y los intercambios con el exterior. Pero aún en los regímenes totalitarios han persistido los mercados negros. Lo único que se lograría con controles como los que el gobierno pretende implantar o unos más radicales sería la destrucción de la economía, pues la economía criminal además de ubicua está mimetizada con la economía legal. El remedio sería peor que la enfermedad.

4)    Intentar la supresión de la producción y el tráfico de drogas se ha intentado en el mundo por casi un siglo y sin ningún resultado global y permanente. Ha habido algunas acciones con resultados temporales y geográficamente muy delimitados, pero sólo eso. La única manera en que el narcotráfico fuera suprimido por la vía de la represión es mediante el establecimiento de un régimen totalitario y lo más probable es que tendría que ser de carácter permanente y…mundial. El remedio sería mucho peor que la enfermedad.

5)    La idea de “pegarles donde más les duele” como forma para parar la violencia, se basa en una premisa principal falsa y que es esta: la capacidad de violencia del narcotráfico y el crimen organizado se sustenta en sus ganancias “fantásticas”. Si esta premisa fuera cierta, en los principales mercados de drogas en el mundo, que se localizan en las naciones desarrolladas, tendría que haber más violencia que en naciones como México, pues las ganancias en esos mercados y que se quedan entre criminales avecinados en esos países son muy superiores a las ganancias de organizaciones dedicadas a la producción y/o exportación de drogas, cuyos jefes están avecinados en naciones no desarrolladas. La realidad es todo lo contrario a la suposición: en las naciones ricas la violencia es considerablemente menor ¿Por qué?

6)    Porque sin negar la importancia del dinero (con el mismo se compran conciencias, armas y ejércitos de matones), la capacidad de violencia de los grupos criminales depende primordialmente de que los Estados de las jurisdicciones en donde operan sean capaces o no de mantener a raya las acciones violentas del crimen organizado. En las naciones donde se localizan los principales mercados de drogas y donde más dinero sucio hay, los jefes de los grupos criminales saben que si exceden determinado nivel de violencia ponen en riesgo precisamente sus negocios y sus ganancias criminales, es decir equivale al suicidio. Si en los países no desarrollados o en determinados de ellos hay relativamente más violencia, ello se debe a la debilidad institucional de los respectivos Estados, no al dinero sucio en sí.

7)    La noción de que el dinero sucio explica la violencia se basa en otras premisas falsas y suposiciones que rayan en la fantasía. Una de esas mitificaciones es que las ganancias de las organizaciones criminales superan los recursos de los Estados, lo cual es completamente falso. Aún con el cálculo más exagerado sobre las narco-ganancias en México, estas no van más allá del 2.5% del PIB, mientras que el Estado dispone cada año del 25% del PIB, esto es, 10 veces más. La otra suposición fantástica es que los narcos o los delincuentes organizados dedican la totalidad o la mayoría de sus rentas a la violencia. Esto es absurdo en sí mismo, pues si así fuera el narcotráfico perdería su atractivo central que es precisamente el permitir ganar dinero para usarlo en algo distinto a la narco-violencia.

8)    El ejemplo más claro de que es posible reducir sustancialmente la violencia e incluso la producción y el tráfico de drogas, sin implantar un régimen totalitario ni mucho menos y sin tener que ser un país rico, es Colombia. Ciertamente ahí las acciones contra el lavado de dinero son comparativamente mucho más significativas que las de México. Pero por cierto, en Colombia no se les ha ocurrido el disparate de prohibir operaciones comerciales en efectivo.

9)    Finalmente que indicar que otro mito de reciente cuño sobre el lavado de dinero es el que sostiene que al actuarse sobre el dinero sucio ello redundará en una baja de la violencia, pues se trata de acciones administrativas. Quienes promueven semejante despropósito parecen no darse cuenta de la contradicción entre presentar la lucha contra el lavado de dinero como “pegarle a los narcos donde más les duele” y esperar reacciones menos violentas de los delincuentes organizados. Si de veras el bolsillo es lo que más les duele a los narcos, ¿cómo se puede esperar que sus reacciones sean menos violentas?

Mito seis: La violencia se disparó porque Calderón atacó a los narcos en lugar de primero reformar las policías locales capturadas por los grupos criminales.

Este mito, como el anterior, es de endeble sustentación y se ubica en el terreno de lo hipotético, del pudo haber sido, pero…Mas su refutación es posible.

El hecho es que el intento del gobierno federal de someter a los grupos criminales se complicó, porque estos controlan numerosas corporaciones policiales locales en su integridad. Antes los capos se conformaban con tener en su nómina a jefes policiales federales y a algunos locales del primer nivel, pero ahora en sus nóminas han llegado a estar todos los agentes de la policía de decenas de municipios.

¿Cuál es el sentido de gastar tanto dinero en sobornos?, ¿no sería más económico tener sólo a los máximos jefes en la nómina? El propósito es no depender de los volubles jefes policiales formales y hacerle saber a todos los agentes quienes son los verdaderos jefes, a los cuales obedecer ciegamente.

Sin que esto sea una defensa a ultranza de la conducta seguida por el gobierno de Calderón, no se puede suponer –salvo con mucha ingenuidad- que movilizar al ejército en municipios y entidades federativas completas fue una opción, entre otras. Si en lugar de la movilización de fuerzas castrenses se hubiera optado por la supuesta idílica reforma previa de las policías locales, la situación sería mucho peor; simplemente se habría entregado del control de amplias zonas del país a los grupos criminales.

Y con esta afirmación con incurrimos en el mismo sesgo especulativo de los promotores de este mito. Es un hecho que en los municipios en los que más ha tardado en darse la intervención militar es donde más vertiginosamente creció la violencia y la reforma de las policías locales fracasó.

Además, ¿quién puede suponer que la reforma previa iba darse sin confrontarse con los grupos criminales precisamente por todo el dinero que han invertido en capturar a las policías locales? Sólo a quien la realidad no le importa.

Mito siete: La violencia se disparó porque Calderón prefirió las balas y la sangre en lugar de combatir las causas sociales del narcotráfico y la delincuencia.

Desde la obra “Criminalidad y condiciones económicas” (1916) de Willem Adrian Bonger, la izquierda ha sostenido el discurso ideológico que atribuye la delincuencia al capitalismo y en particular a la pobreza, el desempleo y a la desigualdad en los ingresos.

Y por cierto el marxista Bonger no era tan burdo en su planteamiento como sus sucesores, pues él no pretendía la existencia de una determinación directa entre pobreza y crimen. Bonger planteaba una mediación, la del espíritu egoísta que es inherente al capitalismo. Claro que Bonger -como la mayoría de los izquierdistas (y como la mayoría de las personas)- entendía el egoísmo de forma torcida y de modo muy distinto a como lo entendían desde Adam Smith hasta Ayn Rand (en su colección de ensayos “La virtud del egoísmo”).

Si el egoísmo – según la raíz etimológica- es la búsqueda del interés propio no puede ser de entrada la fuente del crimen, porque entonces todos seríamos criminales y cometeríamos crímenes de todo momento, pues todos (o casi todos) y siempre (o casi siempre) vemos por nuestro propio interés. Esa búsqueda es inherente al ser humano y de hecho a todo animal. Prescindir de la búsqueda del interés propio haría imposible existencia de la civilización y de la humanidad misma.

El capitalismo es por definición la búsqueda del interés propio mediante el respeto a los derechos naturales de los demás a la vida, la propiedad y la libertad. El mercado –que es la esencia del capitalismo- ha encontrado la manera de conciliar la búsqueda del interés propio de cada quien, mediante los intercambios voluntarios de bienes y servicios y la división del trabajo (la cooperación social). Lo que ha permitido el enorme progreso de la humanidad en los últimos dos siglos, es la búsqueda del interés propio, con lo cual cada uno nos sólo nos beneficiamos a nosotros mismos sino a los demás, de mejor manera que si todos nos dedicáramos al auto-sacrificio y a la caridad, como bien decía Smith.

El problema no es la búsqueda del interés propio, sino el pretender satisfacerlo mediante el abuso de nuestros semejantes. La búsqueda del interés propio mediante el abuso de los demás (es decir mediante el uso de la coerción), es lo que Rand definía como “hedonismo”. Son precisamente el socialismo y su versión fascista donde prevalece la noción del interés propio sacrificando a los demás, no en el capitalismo.

Pero ya se trate de la noción original de Bonger como la de sus sucesores, la idea de que la pobreza es el determinante del delito, generada por los socialistas y que han hecho suya casi todas las clases políticas del mundo (y mucha gente que no es socialista), es una falacia absoluta. Pobreza, desempleo o “desigualdad en la distribución del ingreso” jamás han determinado al crimen y jamás lo harán. Esta patraña sólo tiene un propósito: culpar al capitalismo de males que han acompañado a la humanidad desde siempre y hacer creer que mediante el socialismo la delincuencia disminuirá o desaparecerá.

Los delincuentes no son personas obligadas por fuerzas sociales -que los superan- a delinquir. Los delincuentes son personas con libre albedrío que hacen una mala elección moral (la peor de todas) para satisfacer sus necesidades.

No entramos aquí a la refutación completa de esta concepción. La mejor refutación y cuya validez no es sólo para México sino de alcance universal, se encuentra en la obra “¿Pobreza = delio?”.[i]

Aquí cabe hacer una breve reflexión sobre un asunto específico: la afirmación de que como supuestamente aumentó la pobreza en los últimos años (en los que la Presidencia de la República la tuvo el Partido Acción Nacional), entonces ello disparó el narcotráfico y la violencia.

Para empezar la premisa de que la pobreza aumentó en los últimos años es falsa, a pesar de que el propio gobierno de Calderón, en un auténtico harakiri, haya sostenido esa falsedad. Todos los indicadores revelan una disminución de la pobreza y aumento de los niveles de bienestar, resultado de que al menos se mantuvieron políticas macroeconómicas mínimamente sensatas.

Pero aun suponiendo que la pobreza hubiera crecido, nadie ha podido demostrar que el nivel de pobreza sea superior al que prevalecía en los años ochenta o setenta, para no ir más atrás. Si la pobreza fuera el determinante de la violencia, entonces hace 30, 40 o más años tendría que haber habido más violencia que ahora, pero la verdad es exactamente lo opuesto.

Mito ocho: Ante el uso de las fuerzas armadas los narcos no han tenido otra que responder con más violencia.

Esta es la visión de muchos izquierdistas, entre ellos Javier Sicilia, cuyo hijo fue privado de la libertad y asesinado el 27 de marzo de 2011 junto con otras personas por sicarios del narcotráfico, tras de un incidente en un bar.

En un discurso dirigido a las fuerzas armadas, durante una marcha celebrada el 6 de abril de 2011, Sicilia expresó:

“Ahora los han sacado a la calle [a los soldados] a combatir a lo que las policías pertenece. No los queríamos ahí, pero ahí los han puesto provocando con ello una escalada en la violencia al incitar al crimen organizado a enfrentarse a ustedes con armas más poderosas”.

Es decir, si Felipe Calderón no hubiera recurrido al ejército para enfrentar a los narcos, estos no habrían tenido que conseguir armas más poderosas para defenderse y no habrían tenido que ser más violentos, incluso al extremo de privar de la libertad y de la vida a unos muchachos que se divertían en un bar en el municipio de Temixco, conurbado con Cuernavaca, capital del Estado de Morelos.

Ese juicio está plagado de falsedades y razonamientos absurdos. Primero, en otros momentos en la historia moderna de México el gobierno recurrió al ejército para reprimir a los narcos con mayor violencia y crueldad que bajo Calderón, sin que ello hubiera provocado una narcoviolencia como la presente.

En la ya mencionada “Operación Cóndor” en la segunda mitad de la década de los setenta, el ejército y la policía cometieron una serie de graves abusos como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y represalias contra familiares inocentes.

Segundo, siempre los agentes del Estado enfrentaron a los narcos con armamento más poderoso y mucho mayor poder de fuego (salvo en el caso de policías locales), sin que ello por sí mismo motivara a los narcos a entrarle a una “carrera armamentística” con el Estado. Por eso el Estado es el Estado, porque reclama el monopolio de la violencia y en su proceder no hay nada como pretender enfrentar a quienes desafían dicho monopolio en términos de “igualdad”, como si el pleito fuera un duelo entre “caballeros”.

Tercero, mucho antes de que Calderón recurriera al ejército, los narcos ya acumulaban arsenales fabulosos. El 24 de mayo de 1993 fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco en un supuesto enfrentamiento entre sicarios de las bandas rivales de Joaquín Guzmán (quien era mucho menos poderoso que ahora) y los hermanos Arellano Félix. Como parte de la farsa de persecución legal contra los supuestos implicados, la Policía Judicial Federal allanó decenas de inmuebles en los que encontró cientos de armas, sobre todo fusiles de asalto y lanzagranadas. Se trataba de lotes de “desechos de guerra” adquiridos en Centroamérica. Desde entonces los narcos continuaron acumulando arsenales.

Cuarto, ni la escalada en la narcoviolencia ni el uso por parte de los narcos de armas más poderosas tiene que ver con que Calderón haya movilizado al ejército en distintos puntos del país. La gran mayoría de los más de 60 mil muertos de 2008 a la fecha no son resultado del enfrentamiento entre soldados y narcos, sino entre narcos. Y por cierto, un elevado número de víctimas ni siquiera murió a balazos, sino en infernales sesiones de tortura, a golpes o asfixiados.

Quinto, culpar a Calderón de la muerte del hijo de Sicilia porque movilizó al ejército es completamente absurdo. El hijo de Sicilia no murió en el fuego cruzado entre militares y narcos, sino que fue asesinado por sicarios que se creían tan poderosos e impunes como para matar a quien se les pegara la gana por las razones más nimias. Los gobernantes que dejaron que los grupos criminales acumularan ese poder son los responsables indirectos en el lamentable asesinato del joven Sicilia y de otras víctimas inocentes. Esas autoridades pensaban que había que hacer precisamente lo que sugiere Javier Sicilia: dejar tranquilos a los narcos, sin importar cuanto mal cometieran.

Por más que critiquemos la política de Calderón, no se puede sino reconocer que tenía razón cuando en uno de los encuentros públicos que tuvo son Sicilia dijo: se me puede reclamar por no hacer más y de manera más eficaz, no por hacer, no por intentar algo distinto a lo que precisamente llevó a la muerte de Juan Francisco Sicilia y de otras personas inocentes como él.

Mito nueve: El gobierno de Calderón es responsable de genocidio pues ha ocasionado más de 60 mil muertes, pues soldados y policías se enfrentan en calles y caminos con supuestos narcos sin importarles matar a inocentes y/o soldados, policías y grupos paramilitares tolerados han cometido miles de ejecuciones extrajudiciales con propósitos de “limpieza social” y/o Calderón “ordenó agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a los Estados Unidos de Norteamérica” (y el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas).

La mayoría de estas acusaciones contra Calderón se encuentran contenidas en la promoción de “Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México”, que un grupo de activistas izquierdistas presentó ante la Corte Penal Internacional en noviembre de 2011.

Los promotores de la acusación son principalmente activistas ligados a la “Teología de la Liberación”, agrupados en torno a la revista Proceso, que es un órgano de propaganda que se hace pasar como medio informativo. Además de lo dicho en el citado documento mediante artículos, declaraciones y libracos, este grupo ha lanzado toda suerte de acusaciones delirantes contra Calderón.

Tanto el pliego de la denuncia como los otros escritos están plagados de mentiras, tergiversaciones, exageraciones y calumnias, que si siquiera se busca hacer pasar por verosímiles.

Lo que mueve a los autores de esta acusación no es la genuina preocupación ante las violaciones a derechos humanos cometidas por militares y policías, que por supuesto se han disparado en los últimos 6 años, sino un propósito puramente político de utilizar organismos de “justicia internacional” para aniquilar a los adversarios políticos. También hay un ingrediente de venganza, pues los partidarios de la Teología del Totalitarismo jamás le perdonaron a Calderón el haber derrotado en las urnas al candidato presidencial izquierdista Andrés López en 2006, con lo que México se salvó –al menos por seis años- de caer en la órbita del “socialismo del siglo XXI”. Y dentro del afán de venganza también hay un pequeño componente personal. Aunque esconda la mano, el señor Javier Sicilia no es ajeno a esta acusación, pues al parecer para él es más fácil culpar a la política de Calderón de la muerte de su hijo que a los repugnantes criminales que en realidad lo asesinaron.

Los acusadores de Calderón no sostienen, como otros izquierdistas y críticos del Presidente de México, que debido a su política contra los narcos provocó una matanza entre ellos, sino que da a entender que él la ordenó, planificó, dirigió y ejecutó mediante agentes del Estado. El documento de la denuncia comienza así:

“Felipe Calderón declaró el inicio de una ‘guerra’ contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas.”

La acusación es simple: mediante policías y militares Calderón hizo asesinar a 40 mil personas (ahora la cifra rebasa las 60 mil). Pero esta afirmación lapidaria se contradice con otra aseveración, apenas líneas adelante en el documento:

“Vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados organizados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas. Sin embargo, aún en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado de forma catastrófica.”

Pero tras de introducir este matiz, los acusadores no se toman la molestia de explicar porque la supuesta declaración de “guerra” de Calderón contra grupos criminales - que según la ley estaba obligado a combatir- llevó a la matanza entre ellos. Menos aún intentan explicar quienes mataron a la mayoría de las víctimas que señalan, recurso tramposo para que quede nebulosa la autoría de la hecatombe.

Creada la nebulosa de la autoría de la gran mayoría de los asesinatos, se deslizan señalamientos ciertos, pero desprovistos de contexto, para que el público poco enterado se trague el cuento de que la hecatombe fue perpetrada por el gobierno de Calderón:

“El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos).”

El aumento acelerado de violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas muy graves, es un hecho indiscutible. Lo que es una falsedad absoluta es la tramposa yuxtaposición entre ese hecho y la matanza de miles de personas, como para hacer creer que la los 40 o 60 mil muertos fueron “civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto”, asesinado por el ejército mexicano.

Por supuesto que en la actuación del ejército hay acciones muy loables como el rescate de miles de personas que habían secuestradas, que eran objeto de malos tratos y torturas y cuyas vidas corrían serio peligro. Es también cierto que en muchas localidades la intervención militar era el único medio de reducir la violencia y restaurar el orden. Pero a la par de esto, militares, marinos y policías federales han cometido en estos años muchas atrocidades que bajo ninguna condición puede ser, ya no digamos justificadas, sino minimizadas o soslayadas y que deben merecer castigo, sin miramientos.

Y, quepa la digresión, este aumento en las violaciones de los derechos humanos de los militares y marinos ya sea contra personas inocentes o incluso contra delincuentes, no es algo inherente a que se haya recurrido a una fuerza pública cuya misión regular no es la de policía. Como ya se ha explicado, recurrir a los militares no fue siquiera una opción: era eso o un caos peor al sufrido por México. Y los abusos no eran inexorables a la intervención castrense si los mandos militares y su comandante supremo, el presidente Calderón, hubieran tomando las previsiones necesarias –aun cuando se estuviera en medio de una emergencia -, pues después de todo la característica esencial de un ejército -que lo distingue de cualquier otro cuerpo- es la disciplina, es la obediencia a las órdenes.

Pero, de vuelta al meollo, es una completa falsedad atribuir las decenas de miles de muertes de esta ola de violencia al ejército y presentar a las víctimas como – en su mayoría- civiles inocentes. La gran mayoría eran delincuentes, lo cual por supuesto no justifica en modo alguno su asesinato, pero sí lo explica (la gran mayoría de esos delincuentes asesinados eran distribuidores de drogas al menudeo que no cayeron en enfrentamientos, pues rara vez estaban armados).

¿De qué tamaño es la responsabilidad del ejército en muertes ya sea de inocentes o de delincuentes? Muy por debajo de las decenas de miles de muertes que tramposamente se le atribuyen. El ejército admite haber dado muerte a 47 personas inocentes.[ii] La cifra puede ser mayor, pero nadie ha documentado un número superior a esas muertes (que jamás debieron ocurrir).

Pero además de esto, hay muchas otras violaciones a garantías individuales, que van desde las desapariciones forzadas e involuntarias, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura hasta los malos tratos, los allanamientos sin orden judicial y la operación de retenes que violan los derechos al libre tránsito y a la inviolabilidad personal. Por eso hay más de un centenar de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por abusos del ejército y la marina.[iii]

El ejército admitió en diciembre de 2011 que hasta  entonces y desde diciembre de 2006, mató a 2,321 delincuentes en enfrentamientos armados.[iv] A este ritmo el saldo fue muy cercano a los 3 mil al concluir el sexenio. Estas muertes en principio no figuran en las cifras de homicidios, según las convenciones internacionales sobre estadística de mortalidad y justicia penal, pues se trata de privaciones de la vida justificables en atención a los principios de orden público, protección de la sociedad y uso racional de la fuerza (en tanto no se trate de ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos a sangre fría de delincuentes que ya no oponían resistencia letal).

Y ciertamente en esto último está el problema. Es cierto que los sicarios no son personas normales que se rinden fácilmente en un enfrentamiento; es cierto también que los sicarios caídos son -junto con los que no han sido detenidos o ultimados- los responsables materiales de la hecatombe de los más de 60 mil muertos. Pero hay duda razonable acerca de si una parte de esos criminales desalmados de veras murieron durante enfrentamientos con el ejército y otros agentes del orden o fueron ejecutados extrajudicialmente. Muchos partes militares se antojan inverosímiles, pues resulta que en muchos enfrentamientos de sicarios con militares, todos los matones, TODOS, decidieron seguir disparando hasta que las balas castrenses los alcanzaron y que ninguno, NINGUNO, se rindió.

Por supuesto que hay mucho que investigar y clarificar sobre esas muertes y hay que castigar las ejecuciones extrajudiciales. Pero por más que se estiren las cifras de inocentes asesinados por las fuerzas armadas o de los sicarios ejecutados extrajudicialmente, los números no dan ni para el 2% de las más de 60 mil vidas que ha cobrado esta ola de violencia.

Pero la mendacidad y mala fe de quienes denunciaron a Calderón ante la Corte Penal Internacional no tiene límites, por lo hasta aquí expuesto como por un par de asertos más de su infame escrito. Citamos el primero:

“El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos).”

La acusación contra Calderón se basa en supuestos hechos ocurridos durante su mandato como Presidente de la República, el cual inicio en diciembre de 2006. Pero el caso Fernández Ortega y otros. Vs. México trata de violaciones a derechos humanos cometidas por militares ¡en marzo de 2002 y el Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México en febrero de 2002! Los “acusadores” no pueden ser más deshonestos.

La segunda perla del escrito de denuncia no tiene nombre:

“Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas centroamericanas denunciaron que fueron ‘vendidas’ por agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10 de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.”

¿De dónde sacan estos sujetos mendaces que “Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica”? De su imaginación, pues no exhiben prueba alguna, aunque simulan que lo hacen al mencionar el caso mundialmente conocido del asesinato de 72 migrantes en su mayoría centroamericanos a manos de Los Zetas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010.

Estos calumniadores profesionales actúan con tal desparpajo que hasta confunden esa atroz masacre con el hallazgo de fosas clandestinas en el mismo municipio en abril de 2011, donde yacían los restos de 193 personas. En este segundo caso, la gran mayoría de las víctimas eran mexicanos, incluyendo decenas de campesinos que viajaron a la frontera norte con el propósito de internarse en Estados Unidos y a quienes Los Zetas confundieron con “halcones” (espías) de los grupos rivales.

Los autores de esta masacre, que no eran militares ni policías federales, sino sicarios, fueron detenidos y están presos (unos más murieron en enfrentamientos con la fuerza pública). Y en las investigaciones de las dos masacres no surgió ningún indicio, NINGUNO, de que los crímenes hayan sido ordenados por el gobierno de Calderón.

Es cierto que el gobierno de Calderón fue negligente en la protección de los migrantes víctimas de toda suerte de abusos por parte de Los Zetas y otros grupos criminales (desde 2008 han sido secuestrados unos 50 mil). Pero acusarlo de haber ordenado esos secuestros de migrantes, su tortura o asesinato, no es sino una calumnia y razón suficiente para la Corte Penal Internacional hubiera desechado desde un principio la denuncia.

Pero los calumniadores izquierdistas no se han limitado a construir y propalar sus mentiras a través de la citada denuncia, sino por diversos medios. Ellos mienten y exageran sin la menor reserva. Prueba de ello es la siguiente joya, con la que inicia uno de los libracos que el aparato de propaganda de la Teología del Totalitarismo hace circular:

“¿Cómo medir los efectos de la guerra contra el narco declarada por Felipe Calderón?

“En el norte de México podemos encontrar algunas respuestas. Con 50 mil muertos, 20 mil desaparecidos, millón y medio de desplazados, la guerra ha causado una estela de terror y dolor.”[v]

¿De dónde saca la autora de este libraco que hay “20 mil desaparecidos”?, ¿en dónde está lista?, ¿en dónde están los familiares buscando a las supuestas víctimas de desaparición forzada e involuntaria? La organización más activa en la denuncia y búsqueda de desaparecidos (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila), que apoya el obispo comunista de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, tiene una lista de 258 desaparecidos en ese estado, uno de los más afectados por la violencia.[vi]

Estamos ante el típico truco de los propagandistas ultraizquierdistas de una invención en busca de “pruebas”, aunque estas tardaron en “aparecer”. Al momento de concluir este escrito (diciembre de 2012), una de las ONG de la Teología del Totalitarismo dio a conocer una supuesta base de datos de desaparecidos, que serían 20,851 y que provendrían de registros oficiales mantenidos en secreto, pero que se filtraron al periódico Los Angeles Times.[vii]

Pero cuando analiza la base de datos (que se puede descargar de la página http://propuestacivica.org.mx), resulta que se trata de una tomada de pelo. Y hay dos indicios claros de esta farsa burdamente montada: las cifras de entidades con mayor número de supuestas desapariciones y el perfil de las supuestas víctimas.

Supuestamente el 57% de los “desaparecidos”, corresponderían al Distrito Federal, capital de la República Mexicana y los estados de México y Jalisco. Pero el Distrito Federal es una de las entidades federativas menos afectadas por la violencia al igual que el Estado de México. Y en Jalisco la magnitud de la violencia ha sido inferior que en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Baja California o Tamaulipas, estados que supuestamente tienen menos desaparecidos que aquellas tres entidades.

Y ¿dónde están las 7,137 familias de sendos desaparecidos en el Distrito Federal? Pues no están. Y ¿cómo pueden operar los fantasmagóricos “escuadrones de la muerte” del gobierno, supuestamente capaces de privar de la libertad a más de 7 mil personas en la capital del país sin que nadie se haya dado cuenta de estos “levantones”? Pues porque simplemente esos “escuadrones” no existen, son pura fantasía.

Y respecto al perfil de las supuestas víctimas las inconsistencias no pueden más extravagantes. Resulta que, según la “base de datos”, el 29% de los desaparecidos, serían ¡niños entre los 10 y los 17 años de edad!, que seguramente andaban metidos de sicarios (el PRD tuvo alguna vez la desfachatez de hablar de 25 mil niños-sicarios en México, sin tomarse –claro está- la molestia de demostrar su mentira[viii]).

Lo que esto nos revela es que la “base de datos”, si de veras proviene de oficinas gubernamentales, no es de víctimas de desaparición forzada e involuntaria, sino de “personas ausentes”, de aquellas cuyo paradero sus allegados desconocen. Se trata de personas que abandonaron a sus familiares y evitan todo contacto, individuos que migraron a Estados Unidos, sujetos con trastornos mentales, adictos y también víctimas de desaparición forzada (pero cuyo número es mucho menor al de las exageraciones de esta sarta de mentirosos izquierdistas). Por eso es tan elevado el porcentaje de menores de edad y por eso en las entidades federativas más pobladas hay más casos que en las menos pobladas.

Y ¿de dónde saca la autora del libraco antes referido que hay “millón y medio de desplazados”? Pues ella ni siquiera cita sus fuentes, pero el origen de esta patraña no es otra que la empresa Parametría SA de CV, que en realidad debía llamarse Charlatanería SA de CV.

Un informe de junio de 2011 basado en una encuesta realizada por Charlatanería SA, afirma:

Además de los muertos, la lucha contra el narcotráfico en México ha causado que miles de personas hayan abandonado sus hogares por amenazas a su integridad, derivadas del clima de violencia en sus comunidades.

(…)

De quienes se movieron de residencia en México en los últimos 5 años, el 17% manifestó haberlo hecho por causas relacionadas con la violencia. El número representa el 2% del total de personas de 18 años o más en el país.

La amenaza a la integridad personal y familiar por causas violentas se ubicó como la tercera opción de migración en el país, de acuerdo con la encuesta de Parametría. Apenas 4 puntos menos que la falta de medios de subsistencia como razón para la movilidad.

Al tomar como referencia los datos del Instituto Federal Electoral sobre la población mayor de 18 años (82 millones 419 mil 351 ciudadanos),[3] el 2% obtenido en la encuesta equivale a 1 millón, 648 mil, 387 ciudadanos víctimas de desplazamiento forzado. Aunque no se cuenta con información que detalle si cada uno de estos desplazados se cambió de residencia solo o con su familia.

De acuerdo con Inegi, de 2005 a 2010 “3.3 millones de personas de 5 o más años de edad vivían en junio de 2005 en una entidad diferente a la de su residencia en junio de 2010”,[4] de éstas no sabemos los motivos de su migración.

A pesar de que no existe un dato oficial sobre el desplazamiento forzado, algunos números pueden arrojar luz sobre el fenómeno. Por ejemplo, el saldo migratorio por estados ofrecido por Inegi y que mide el número de personas que abandonan y que se establecen en un estado del país.

A excepción de Nuevo León, las entidades con mayor número de homicidios relacionados con la lucha contra el narcotráfico (Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Durango) tienen un saldo negativo de migración en el periodo 2005-2010. Es decir, en 5 años fueron más las personas que salieron de esas entidades que las que llegaron a establecerse.

Cabe detenerse en desmontar las patrañas y tergiversaciones del texto citado, pues ayuda a entender cómo se construyen los mitos. Y para el caso resulta irrelevante si los señores y señoras de Charlatanería SA de CV actúan movidos por cálculos políticos, ofuscación ideológica, culto a la ciencia-basura (la pretensión de sustituir la ciencia con encuestas) o puro y simple cretinismo.

Primero, comencemos por derribar la trivialización del término “desplazado interno” que Charlatanería SA de CV y otros han intentado. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) define así a los desplazados internos:

Los desplazados internos (IDPs por sus siglas en inglés) son personas atrapadas en un círculo interminable de violencia que, como una reacción natural ante las amenazas, huyen de las zonas de conflictos o persecuciones civiles, como los refugiados.

Su número es alto, aproximadamente 26,4 millones alrededor del mundo. La diferencia con los refugiados radica en que cuando un civil que huye cruza la frontera internacional de su país, él o ella se convierte en un refugiado y como tal recibe protección internacional y ayuda; pero si una persona en circunstancias similares es desplazada dentro del país, se convierte en desplazado interno.

La ayuda internacional dirigida a los desplazados internos plantea un sinnúmero de dificultades, sin embargo en la actualidad el ACNUR asiste a 15,5 millones de ellos en 26 países.

Los desplazados internos no son personas que decidieron cambiar de residencia, sino personas que huyeron dejando atrás todo: casas, tierras, medios para ganarse la vida y en general aquello que no puedan cargar en su manos. Estas personas sufren un proceso veloz y drástico de pauperización: si eran pobres, de pronto lo son mucho más de lo que habían imaginado. A los lugares donde huyen no hay viviendas esperándolos, ni trabajos, ni nada. Los desplazados internos como los refugiados son, por su hacinamiento, por su miseria, por su miedo, demasiado visibles como para que a los habitantes de un país les pasen desapercibidos. Además, los desplazados no huyen individualmente, sino en grupos de familias completas, de comunidades completas. Dejan tras de sí aldeas fantasmas, pueblos fantasmas, ciudades fantasmas. Sólo mediante la ayuda internacional esas personas logran sobrevivir.

Cuando un país tiene cientos de miles de desplazados internos enfrenta una grave crisis humanitaria. Cuando los desplazados rebasan el millón, está ante un desastre humanitario. Además, en la actualidad eso da lugar a una respuesta más o menos rápida de organismos internacionales, como estamos observando en Siria, donde la guerra civil ha cobrado 40 mil vidas y desplazado a 1.2 millones de sus 20 millones de habitantes.

Según Charlatanería a mayo de 2011 había en México “1 millón, 648 mil, 387 ciudadanos víctimas de desplazamiento forzado”. Pero la cifra podría ser superior según la cándida admisión de desparpajo de la citada empresa dedicada al lucrativo negocio de la superchería: “Aunque no se cuenta con información que detalle si cada uno de estos desplazados se cambió de residencia solo o con su familia”.

¿Por “no se cuenta con información”? Porque a los geniales candidatos a doctores en ciencia política de Charlatanería SA de CV ¡no les ocurrió preguntar algo tan obvio y necesario! Lo cual lleva a preguntarse: ¿de las carpas de qué circos esta empresa recluta a quienes diseñan sus encuestas de fantasía?

En México las familias se integran por cuatro miembros en promedio. Si cada uno de los entrevistados que Charlatanería -por arte magia- convirtió en desplazados internos, huyó con sus familiares, entonces no hay en México la cifra de “1 millón, 648 mil, 387 ciudadanos víctimas de desplazamiento forzado” que la empresa de la superchería sacó de la chistera, sino de ¡6,593,548! Esto es, casi el 6% de la población de México.

En su más reciente informe ACNUR señala que atendió a 3,888,309 de desplazados de Colombia, 2,339,460 de Sudán, 1,709,278 de la República Democrática del Congo, 1,356,845 de Somalia y 1,332,382 de Irak. Pero incluso ACNUR atendió a desplazados de países con cifras mucho menores: 29,776 de Uganda, 28,450 de la Federación Rusa y 3,400 de Kirgistán Y ¿cuántos desplazados de México atendió ACNUR? ¡A ninguno![i] Pero esto le tiene sin cuidado a los clowns de Charlatanería, para quienes la realidad es lo de menos.

Para intentar dar una apariencia de validación a los resultados de su fantástica encuesta, Charlatanería – cabe volver a citar- refiere datos de migración y de homicidios de fuentes oficiales: “A excepción de Nuevo León, las entidades con mayor número de homicidios relacionados con la lucha contra el narcotráfico (Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Durango) tienen un saldo negativo de migración en el periodo 2005-2010. Es decir, en 5 años fueron más las personas que salieron de esas entidades que las que llegaron a establecerse.”

Pero Charlatanería miente. Es falso que de las entidades federativas de México “con mayor número de homicidios relacionados con la lucha contra el narcotráfico”, tengan un saldo negativo de migración, salvo Nuevo León. Tampoco fue negativo el saldo en otras entidades igualmente afectadas por la violencia como se puede apreciar en la siguiente tabla, a saber: Baja California, Coahuila, Morelos, Nayarit y Tamaulipas.

Pero además hay entidades con un saldo negativo de migración más significativo a pesar de que no figuran entre las de mayor violencia, como es el caso del Distrito Federal, Chiapas, Tabasco o Veracruz (la ola de violencia alcanzó a este estado hasta 2011).

Pero aún en el caso de las entidades federativas en las que coinciden los altos niveles de violencia y el saldo negativo de migración, esto nos dice poco o casi nada sobre el supuesto desplazamiento masivo interno. Durango que tuvo un saldo negativo en 2010, lo tuvo mayor en 2005 y 2000, cuando la ola de violencia no había estallado; Guerrero también tuvo saldo negativo en 2005 y en 2000 (en este año mayor al de 2010); Michoacán también tuvo saldo negativo en 2000 y 2005 y Sinaloa tuvo un saldo negativo en 2005 mayor al de 2010.

Por lo demás resulta absurdo considerar jurisdicciones tan amplias como las entidades federativas, cuando que la violencia se ha centrado en una minoría de los municipios de los estados más afectados. Quienes cambian de residencia o salen literalmente huyendo, como es el caso de los verdaderos desplazados internos y los refugiados, se van sólo si la violencia ocurre en el lugar específico en donde viven, no en lugares vecinos.

En todo caso habitantes de Tijuana podría haber huido de esa ciudad en la que se centró la violencia en el Estado de Baja California, pero no tendría razón para hacerlo los de los municipios de bajacalifornianos de Tecate, Mexicali y Ensenada y de hecho no lo hicieron (en Tijuana el saldo neto migratorio es positivo, si bien sí hubo personas personas que huyeron a Estados Unidos ante la violencia (la cifra exacta se desconoce), para luego retornar muchas de ellas.

Saldo neto migratorio por entidad federativa según el lugar de residencia
cinco años antes, en 2000, 2005 y 2010
 

Entidad federativa

2000

2005

2010

Aguascalientes

22,687

20,942

16,649

Baja California

164,581

110,872

25,928

Baja California Sur

24,451

30,458

56,090

Campeche

5,349

6,027

5,384

Coahuila

4,390

1,136

470

Colima

9,888

13,342

22,801

Chiapas

-44,004

-65,724

-55,287

Chihuahua

88,922

22,965

-27,074

Distrito Federal

-403,818

-303,836

-498,617

Durango

-26,695

-9,842

-8,882

Guanajuato

19,244

9,270

16,820

Guerrero

-86,984

-45,489

-54,531

Hidalgo

8,361

28,733

55,372

Jalisco

12,577

6,570

8,611

México

249,230

116,736

250,980

Michoacán

-13,123

-10,166

-20,715

Morelos

34,632

26,314

33,148

Nayarit

-4,285

11,122

32,171

Nuevo León

61,977

46,211

57,504

Oaxaca

-62,941

-27,751

-18,551

Puebla

-19,264

4,606

-5,378

Querétaro

46,230

43,246

53,442

Quintana Roo

87,702

72,306

91,984

San Luis Potosí

-22,813

-4,781

-3,250

Sinaloa

-25,359

-39,746

-27,515

Sonora

21,586

6,537

20,264

Tabasco

-29,797

-34,250

-28,697

Tamaulipas

95,533

60,336

12,403

Tlaxcala

12,863

10,535

12,000

Veracruz

-219,514

-107,565

-30,302

Yucatán

979

5,660

11,883

Zacatecas

-12,585

-4,774

-5,105

 Fuente: INEGI

Entonces, un esfuerzo serio de investigación sobre los desplazados no habría pretendido sustituir con encuestas los muchos métodos y técnicas que figuran en el repertorio de las ciencias sociales y menos con una basada en una muestra de 500 entrevistados y de representatividad nacional, ni siquiera estatal.

Pero ya que la encuesta se hizo y ante lo absurdo de los resultados (por Dios ¿en dónde están el 1 millón, 648 mil, 387 de “ciudadanos víctimas de desplazamiento forzado” que nadie ve y sólo los de Charlatanería de SA de CV y los mitómanos de izquierda?), entonces el medio para verificar si los resultados eran consistentes y plausibles, consistía en -al menos- considerar las variaciones en el número de habitantes entre 2005 y 2010, según los datos del conteo de población y el censo de población, respectivamente, en los municipios más afectado por la violencia de los grupos criminales (que no por “homicidios relacionados con la lucha contra el narcotráfico”, como insidiosamente denominan los mitómanos de Charlatanería).

En la siguiente tabla se presenta el resultado del ejercicio que en tal sentido realizamos, con base en los datos demográficos del INEGI y en los datos sobre homicidios atribuibles al crimen organizado de la PGR (que ésta denomina por “rivalidad delincuencial”) del período que va de enero de 2007 a diciembre de 2010. Nos concentramos en los municipios en lo que hubiera habido en el período 50 homicidios o más, del tipo señalado.

Pues en tal categoría se encontraron 107 municipios de México, en los ocurrieron 25,383 de los 34,550 homicidios de este tipo registrados por la PGR en el periodo 2007-2010 (esto es, el 73.47% del total) y en los cuales viven poco más de 38 millones de habitantes (alrededor del 34% de la población total del país).

En la tabla figuran las columnas con las siguientes categorías: número progresivo  que corresponde a cada municipio, producto de la ordenación de mayor a menor según su tasa de incidencia de homicidios atribuidos al crimen organizado (CO) por cada 100 mil habitantes; el nombre del municipio; el nombre de la entidad federativa a la que pertenece el municipio; la tasa anual promedio de homicidios dolosos atribuibles al crimen organizado; la cifra absoluta de homicidios registrados atribuibles al crimen organizado; la cifra de habitantes en 2005; la cifra de habitantes en 2010 y la diferencia porcentual de población entre 2005 y 2010.

 

 

Municipio

Entidad

Tasa anual promedio de homicidios CO

Homicidios

CO

Habitantes

2005

Habitantes

2010

Var.

% hab.

1

Guadalupe

Chihuahua

445.34

139

9,148

6,458

-29.41

2

Mier

Tamaulipas

424.74

96

6,539

4,762

-27.18

3

Praxedis G. Guerrero

Chihuahua

266.66

71

8,514

4,799

-43.63

4

Juárez

Chihuahua

121.66

6,437

1,313,338

1,332,131

1.43

5

Ascensión

Chihuahua

117.54

109

22,392

23,975

7.07

6

Miguel Alemán

Tamaulipas

110.71

113

24,020

27,015

12.47

7

San Ignacio

Sinaloa

93.72

86

23,355

22,527

-3.55

8

Pungarabato

Guerrero

91.84

135

36,466

37,035

1.56

9

Badiraguato

Sinaloa

82.67

103

32,295

29,999

-7.11

10

Santiago Papasquiaro

Durango

76.87

133

41,539

44,966

8.25

11

Cosalá

Sinaloa

76.79

53

17,813

16,697

-6.27

12

Petatlán

Guerrero

76.01

136

44,485

44,979

1.11

13

San Fernando

Tamaulipas

75.23

173

57,756

57,220

-0.93

14

Zirándaro

Guerrero

72.04

56

20,053

18,813

-6.18

15

Navolato

Sinaloa

70.59

383

135,681

135,603

-0.06

16

Pueblo Nuevo

Durango

69.60

134

47,104

49,162

4.37

17

Vicente Guerrero

Durango

69.49

58

20,614

21,117

2.44

18

San Miguel Totolapan

Guerrero

69.04

76

27,033

28,009

3.61

19

Coyuca de Catalán

Guerrero

66.63

112

41,975

42,069

0.22

20

San Dimas

Durango

64.11

50

19,303

19,691

2.01

21

Urique

Chihuahua

63.83

51

19,566

20,386

4.19

22

Camargo

Chihuahua

62.01

119

47,209

48,748

3.26

23

Mocorito

Sinaloa

59.96

108

44,217

45,847

3.69

24

Ojinaga

Chihuahua

59.00

56

21,157

26,304

24.33

25

La Unión de Isidoro Montes de Oca

Guerrero

58.89

60

25,230

25,712

1.91

26

Madera

Chihuahua

57.59

71

32,031

29,611

-7.56

27

Culiacán

Sinaloa

57.19

1,890

793,730

858,638

8.18

28

Salvador Alvarado

Sinaloa

56.23

175

76,537

79,085

3.33

29

Nuevo Casas Grandes

Chihuahua

54.95

125

54,411

59,337

9.05

30

Sinaloa

Sinaloa

54.82

190

85,017

88,282

3.84

31

Guadalupe y Calvo

Chihuahua

54.58

115

51,854

53,499

3.17

32

Nogales

Sonora

53.41

442

193,517

220,292

13.84

33

Meoqui

Chihuahua

51.63

88

41,389

43,833

5.90

34

Hidalgo del Parral

Chihuahua

50.34

212

103,519

107,061

3.42

35

Jiménez

Chihuahua

49.55

81

40,467

41,265

1.97

36

Técpan de Galeana

Guerrero

46.70

112

57,848

62,071

7.30

37

Arcelia

Guerrero

46.40

59

31,401

32,181

2.48

38

Chihuahua

Chihuahua

44.83

1,415

758,791

819,543

8.01

39

Gómez Palacio

Durango

43.72

553

304,515

327,985

7.71

40

Angostura

Sinaloa

40.03

70

42,445

44,993

6.00

41

Xalisco

Nayarit

37.50

69

42,893

49,102

14.48

42

Quechultenango

Guerrero

36.71

50

33,367

34,728

4.08

43

Ajuchitlán del Progreso

Guerrero

36.34

55

37,475

38,203

1.94

44

Lerdo

Durango

34.97

189

129,191

141,043

9.17

45

Playas de Rosarito

Baja California

30.80

101

73,305

90,668

23.69

46

Apatzingán

Michoacán

30.79

147

115,078

123,649

7.45

47

Mazatlán

Sinaloa

30.75

518

403,888

438,434

8.55

48

Elota

Sinaloa

30.21

54

46,462

42,907

-7.65

49

Rosario

Sinaloa

28.42

55

47,394

49,380

4.19

50

Tijuana

Baja California

28.06

1,667

1,410,700

1,559,683

10.56

51

Atoyac de Álvarez

Guerrero

25.88

62

58,452

61,316

4.90

52

Taxco de Alarcón

Guerrero

25.87

105

98,854

104,053

5.26

53

El Fuerte

Sinaloa

24.46

93

92,585

97,536

5.35

54

Delicias

Chihuahua

23.57

125

127,211

137,935

8.43

55

Valle Hermoso

Tamaulipas

22.73

57

62,193

63,170

1.57

56

Acapulco de Juárez

Guerrero

21.92

661

717,766

789,971

10.06

57

Torreón

Coahuila

21.53

524

577,477

639,629

10.76

58

Coyuca de Benítez

Guerrero

20.35

58

69,064

73,460

6.37

59

Zihuatanejo de Azueta

Guerrero

20.20

90

104,609

118,211

13.00

60

Guasave

Sinaloa

19.42

216

270,260

285,912

5.79

61

Caborca

Sonora

18.82

57

70,113

81,309

15.97

62

Lázaro Cárdenas

Michoacán

18.28

125

162,997

178,817

9.71

63

Chilpancingo de los Bravo

Guerrero

18.20

166

214,219

241,717

12.84

64

Iguala de la Independencia

Guerrero

18.04

97

128,444

140,363

9.28

65

Tepic

Nayarit

18.00

258

336,403

380,249

13.03

66

Cuauhtémoc

Chihuahua

17.62

102

134,785

154,639

14.73

67

Durango

Durango

17.58

390

526,659

582,267

10.56

68

Uruapan

Michoacán

17.32

206

279,229

315,350

12.94

69

Ahome

Sinaloa

16.16

260

388,344

416,299

7.20

70

Tecate

Baja California

13.53

52

91,021

101,079

11.05

71

Cuernavaca

Morelos

12.46

178

349,102

365,168

4.60

72

Nuevo Laredo

Tamaulipas

10.75

159

355,827

384,033

7.93