Roy Innis
                                                                       
¡Al fin el Congreso y la Casa Blanca, los demócratas y los republicanos coinciden en algo!

Necesitamos medidas de estímulo, entonan al unísono.  La economía se estanca, el desempleo crece y las familias no pueden pagar sus facturas. Tenemos que cebar la bomba, reducir las tasas de interés, aumentar los beneficios por desempleo y reducir temporalmente los impuestos.

Estos médicos sin licencia  recetan aspirina para contrarrestar los venenos que rutinariamente inyectan a nuestra economía, al tiempo que preparan dosis aún mayores de arsénico. 

Las políticas tóxicas que elevan los precios, causan despidos y conceden ayudas a las familias para el pago de la electricidad contrarrestan cada una de estas supuestas dosis de adrenalina económica.  Esto sería risible de no ser tan hipócrita.  

El petróleo, el gas, el carbón y otros recursos existentes en terrenos públicos norteamericanos en posesión de ciudadanos pudieran satisfacer durante siglos las necesidades energéticas de los Estados Unidos.  El fomento de estos recursos —sin desconocer sus valores ecológicos— generaría empleos, desarrollo económico e ingresos por impuestos, estabilizaría los precios de la energía y reduciría nuestra necesidad de comprar petróleo a países hostiles al nuestro.

Las tierras públicas en la costa y en las aguas territoriales podrían contener petróleo suficiente con el cual producir gasolina para 60 millones de autos y gasóleo para 25 millones de hogares durante 60 años, así como gas natural suficiente para calentar 60 millones de viviendas durante 160 años.

Pero los legisladores, reguladores, tribunales y activistas ecológicos enemigos  de  la explotación de esos recursos no los ponen a disposición de los trabajadores y las familias que son sus propietarios.  Además, el presidente Clinton consideró zona prohibida un área de Utah que posee carbón público con un valor de un billón de dólares.  La energía nuclear ha estado bloqueada mediante regulaciones durante décadas.  Y el año pasado los activistas impidieron la construcción de docenas de plantas eléctricas que utilizan carbón para producir electricidad.

La legislación “energética” que el presidente Bush acaba de firmar no fomenta la producción de una sola gota de petróleo, de un metro cúbico de gas natural, ni de un solo kilowatt de energía eléctrica producida con carbón o energía nuclear.  No es de extrañar entonces que los ministros de la OPEC rechazaran su petición de aumentar la producción de petróleo.  En lugar de ello, aumentó la factura:

* Adiciona $6,000 al precio de un automóvil nuevo, mientras reduce la seguridad de los pasajeros al forzar a los fabricantes a reducir el tamaño de ellos para poder cumplir  los promedios de 35 millas por galón.

*Reemplaza miles de millones de bombillos incandescentes con luces incandescentes compactas, lo que exige costosas instalaciones de reciclaje que puedan manejar con seguridad el mercurio de estas luces.

*Eleva la producción de etanol a 35,000 millones de galones por año, que equivale a cinco veces lo que produjimos el año pasado, a partir del maíz cultivado en un área del tamaño de Indiana, utilizando 42,000 millones de galones de agua y 5,000 millones de galones de petróleo (en fertilizantes, pesticidas y combustible)

*Promueve la energía eólica, pese a que generar la electricidad suficiente para abastecer a la ciudad de New York requiere turbinas inmensas distribuidas por un área del tamaño de Connecticut que, como promedio, sólo funcionan ocho horas diarias.

Las anteriores acciones, debido a que mantienen intocable el petróleo y el gas, implican que cada barril de petróleo “salvado” mediante estas medidas ecológicamente amigables es igualado por las reservas que usamos y no reemplazamos. Crean una enorme brecha energética entre lo que necesitamos y lo que los políticos nos permiten utilizar; entre la energía real a partir de combustibles fósiles y electricidad nuclear e hidroeléctrica (el 96% de toda la energía actual) y la energía imaginaria que según promesas de los políticos algún día obtendremos del viento, el sol y el etanol (en la actualidad inferior al 1%).

Y lo peor de todo es que cada onza de “estímulo” es compensada con una libra de nuevo arsénico gubernamental.

Unos 22,000 osos polares merodean ahora por el Ártico, y el número de ellos sigue en aumento.  Pero los burócratas y los activistas ecológicos aspiran a que estos osos se califiquen de especie “amenazada”.

Hacer esto entrañaría poner en manos de tribunales y burócratas toda actividad que produjera gases de invernadero: el calentamiento, el enfriamiento, la transportación y la fabricación…..las panaderías, tintorerías, edificios de hoteles y apartamentos, plantas de cemento y granjas de productos lácteos.  Los precios de todo lo que hacemos, comemos, manejamos y vestimos se dispararían, los trabajos desaparecerían y para millones de personas el sueño americano sería inalcanzable.

Los agresores de la energía justifican estas demandas señalando que existen modelos de computación que conjuran estos escenarios de desastres en los cuales la elevación del dióxido de carbono haría que los hábitats helados se descongelen de aquí a 50 – 100 años, ocasionando la extinción de los osos polares.  Sin embargo, cientos de estudiosos del clima dudan de que estos modelos, que ni siquiera son capaces de pronosticar con exactitud  lo que ocurrirá dentro de un año, puedan prever lo que ocurrirá de aquí a cincuenta.  Afirman que no existe prueba de que el calentamiento moderado de la Tierra durante el siglo pasado se convertirá en un desastre, ni de que el CO2 sea la causa fundamental del cambio climático.

Argumentan que la evidencia empírica demuestra que el cambio climático es ocasionado, en primer término, por la producción de energía solar, los rayos cósmicos y otras causas naturales.  El promedio de las temperaturas globales se ha mantenido estable

desde el 2001, pese a que los niveles de CO2 han seguido creciendo a un ritmo constante.

Lo más probable es que los esfuerzos costosos y punitivos por reducir el CO2 lograrán beneficios mínimos o no producirán ninguno. Además, afectarán el crecimiento de las plantas silvestres y las cosechas, que es mayor cuando aumentan los niveles atmosféricos de dióxido de carbono.

A pesar de todo, los mismos modelos y razonamientos alarmistas se emplean para promover una legislación que rebaje drásticamente las emisiones de dióxido de carbono y establezca sistemas complejos de límites y comercio de derechos de emisión.  Los políticos aseguran que la legislación estabilizará un clima que a lo largo de los siglos ha cambiado repetidas veces.

La propuesta de ley del senador Jeff Bingaman es la menos draconiana. La agencia que se ocupa de la protección del medio ambiente (EPA) dice que incluso esta propuesta elevaría en 57 centavos por galón los precios de la gasolina, los de la electricidad aumentarían un 20% y el PIB de los Estados Unidos se reduciría en 370 mil millones. 

Estos sacrificios reducirían los niveles globales de CO2 en un 1.5% en el 2050, y quizás haría descender la temperatura promedio en 0.05 grados.

Otras propuestas serían mucho más costosas. El senador Joe Liberman admite que la suya costaría “cientos de miles de millones” de dólares.  Otras exigen que en el año 2050 hayamos eliminado el 80% de las emisiones de CO2.

Todas las propuestas darían a los burócratas el control de casi todos los aspectos de nuestras vidas.  Todas convertirían en un recuerdo distante la energía confiable y asequible, incluso con un programa ambicioso de construcción de plantas de energía nuclear, que repugnan a  muchos ecologistas y legisladores.    Todas obligarían a la industria a gastar billones de dólares para capturar, distribuir y almacenar el dióxido de carbono.  Hay expertos que dicen que el almacenaje subterráneo del CO2 a altas presiones podría provocar terremotos y las roturas podrían ocasionar salideros de gas y asfixias masivas.

Para disipar las preocupaciones con los puestos de trabajo y las riquezas que van a parar a China y la India, el gobierno está empujando a estos países  a tomar “medidas apreciables” destinadas a reducir las emisiones de CO2. Pero el objetivo verdadero de estos países es reducir la pobreza mediante el crecimiento económico y depurar el aire y las aguas. La catástrofe climática basada en especulaciones no es de mucha prioridad.

Los “médicos” del Congreso y de otros lugares que experimentan con nuestros recursos energéticos, con nuestra economía y con las vidas de los ciudadanos deben guiarse por el juramento hipocrático: lo primero, no causar daño. 

La energía asequible y fiable convierte los derechos protegidos constitucionalmente en derechos reales y  oportunidades de mejores trabajos y niveles de vida. La restricción de los suministros de energía conspira contra los derechos civiles ganados. 

El Congress of Racial Equality (CORE) no va a permitir que los políticos lo hagan. Tampoco usted debía permitirlo.

Roy Innis es el presidente nacional del CORE, uno de los grupos de derechos civiles norteamericanos más antiguos y respetados, así como un defensor de larga data de los derechos al desarrollo económico para las familias y comunidades pobres de todo el mundo.

Tomado de Townhall.com