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Carta de Iván Simonovis
Prisionero Político venezolano
Sres.
Presidente Hans - Pert Pöttering y demás miembros del Parlamento
Europeo
Rue Wiertz 60Wiertzstraat 60B-1047. Bruxelles
Mi nombre es Iván Simonovis, de 49 años de edad y de profesión
Investigador Criminal.
Durante 23 años ininterrumpidos trabajé en la Policía de
investigación Criminal de Venezuela y, por mis meritos, en el año
2000 fui escogido para ocupar el cargo de Secretario de Seguridad
Ciudadana del Distrito Capital durante los fatídicos hechos del 11
de Abril de 2002.
Mi función era la coordinación y supervisión de las políticas de
seguridad pública de la ciudad de Caracas, Venezuela.
Me encuentro encarcelado Dirección General Sectorial de los
Servicios de Inteligencia y Prevención del Ministerio del Interior y
Justicia (DISIP), en Caracas, Venezuela, desde el 22 de Noviembre
del 2004, condenado a 30 años de presidio, es decir a una condena de
muerte, después de un juicio de 3 años (el juicio más largo de la
historia venezolana) además de 4 años y 6 meses de encarcelamiento,
por el delito de complicidad correspectiva en relación con la muerte
de 2 de los 19 fallecidos en Caracas el 11 de abril de 2002.
Permanezco, en efecto, en una celda de 4 metros cuadrados en el
sótano de la sede de la policía política en Caracas, sin ventilación
ni luz natural. Solo tengo acceso a la luz del sol, 2 horas cada 2
fines de semana. En total 48 horas, [2 días] al año de luz natural.
El lugar donde me encuentro no es una cárcel, es la sede de la
policía política de Venezuela y estas instalaciones no están
diseñadas para albergar durante tanto tiempo a una persona privada
de libertad. En consecuencia y dadas estas condiciones ha habido un
franco deterioro de mis condiciones físicas y mentales que han
ameritado recibir atención médica, en algunos casos hasta
operaciones quirúrgicas cuando la he necesitado. Hay además una
severa restricción de mi derecho a recibir visitas de familiares,
amigos, representantes de ONG nacionales e internacionales,
periodistas, violando así artículos de la Convención Americana de
DDHH de San José, Costa Rica.
Se me siguió un juicio sin sentido y completamente insustancial por
la muerte de solo 2 de las 19 personas lamentablemente fallecidas
aquel 11 de abril, que se desarrolló durante 225 audiencias. Tal
juicio fue radicado en un tribunal a 100 kilómetros de Caracas, que
es el lugar donde he permanecido detenido, lo que ha implicado
viajar esposado más de 39.000 kilómetros.
Durante el juicio, fue escuchada la declaración de 198 testigos de
los hechos y 48 expertos; se evaluaron más de 250 experticias
técnico-científicas; se analizaron más de 5.700 fotografías y
videos. Ninguna de esas pruebas demuestra mi culpabilidad en cuanto
a los hechos que se me imputaron.
En ese mismo periodo de tiempo, fueron identificadas 67 personas,
todas afectas al Gobierno de Hugo Chávez, disparando con armas
largas y cortas contra manifestantes opositores desarmados. Todas
estas personas fueron absueltas o perdonadas por el Presidente de la
República mediante una Ley de Amnistía dictada por la Asamblea
Nacional a petición de aquel, en Diciembre de 2007.
El día 3 de Abril fui condenado a 30 años de presidio sin ningún
tipo de atenuante o beneficio, procesal por el delito de
“complicidad correspectiva” sin autores materiales, insisto una pena
de muerte.
Esta abominable sentencia no es ni siquiera comparable a la reciente
sentencia dictada al ex-Presidente Peruano Alberto Fujimori,
condenado a 25 años de cárcel por su autoría intelectual, desde la
Presidencia de la Republica, en asesinatos con alevosía, secuestro
agravado y lesiones graves en hechos ocurridos en los años 1991 y
1992 en el Perú.
Señores: mi casa ha sido atacada con bombas molotov; mi familia,
incluyendo a mis hijos menores de edad, ha sido amenazada en su
integridad física de manera pública por grupos radicales armados,
afectos al gobierno nacional; mi esposa, quien además actúa como mi
abogado y al igual que mis hijos, posee ciudadanía española, ha sido
sometida al escarnio público, ha sido amenazada en canales de
televisión y emisoras de radio oficiales y ha sido atacada en su
honra de persona y de mujer de manera sistemática por grupos de
personas afectas al gobierno que eran trasladados hasta la parte
externa de la sede del tribunal para proferir insultos y amenazas
durante su salida y entrada de las audiencias.
Hemos acudido a todas las instancias judiciales y agotado todos los
recursos que la ley venezolana establece, para lograr que se realice
un juicio justo y apegado al respeto a los derechos humanos, todo lo
cual ha sido infructuoso.
Esta carta posiblemente ocasione consecuencias negativas para mí y
mi familia, pero ante mi creciente estado de indefensión y ante la
sistemática violación de mis derechos humanos, acudo respetuosamente
a ustedes para solicitarles que, en consecución de la resolución
recientemente aprobada por el Parlamento Europeo referida a la
situación de persecución política en Venezuela, agoten todos los
mecanismos posibles para que una comisión de ese Parlamento visite
nuestro país y pueda constatar la situación de uso de la justicia
para la persecución política.
El caso que les he narrado no es el único. En Venezuela existen más
de 40 presos políticos, victimas del castigo a la disidencia
política.
Les estaré siempre agradecido de cualquier gestión que pudiera hacer
ese Parlamento para ayudar a la protección de los derechos humanos y
evitar que casos como este sigan ocurriendo en Venezuela. Mi esposa
y abogada está y a su absoluta disposición para sostener esta
conversación personalmente con quien se le indique. Para ampliar los
miles de detalles, vejaciones y agresiones que esta nota no incluye.
Para llevar todos los documentos que sustentan cada una de mis
palabras. Para hacer la diligencia que fuere para obtener del
Parlamento Europeo la ayuda que solicito en medida desesperada.
Atentamente
Iván Simonovis
Prisionero Político |
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