El veredicto contra Holder
Editorial Wall Street Journal
Cómo estropear un juicio por terrorismo y dañar la reputación de
Estados Unidos de defensor de la justicia.
Hace unos días, el terrorista Ahmed Khalfan Ghailani fue
absuelto de 284 de los 285 cargos relacionados con el asesinato
de 212 inocentes, pero el veredicto contra el fiscal general
Eric Holder fue de culpable. Su estrategia de llevar a los
terroristas a tribunales civiles se tradujo en un fiasco
jurídico y de seguridad.
Ghailani fue encausado en el 2001 por su papel en los bombardeos
de las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998.
Soldados paquistaníes lo habían capturado en julio del 2004
después de un combate, y la CIA lo mantuvo en un lugar secreto
hasta que lo transfirieron a Guantánamo en el 2006 junto con
otros 13 detenidos muy importantes. Durante los interrogatorios,
Ghailani admitió su participación y en el 2007 los fiscales
militares lo acusaron de crímenes de guerra. Pero el año pasado
el Gobierno de Obama lo trasladó a Manhattan para juzgarlo por
lo civil.
Las insensateces no demoraron en aparecer. El juez Lewis Kaplan
determinó que los fiscales no podían presentar a un testigo
clave, Hussein Abebe. Este iba a testificar que había vendido a
Ghailani la dinamita con la que voló la embajada en Dar es
Salaam que segó las vidas de 11 personas. Las autoridades
supieron de Abebe porque Ghailani lo mencionó cuando fue
interrogado por la CIA, pero los abogados defensores reclamaron
que durante los interrogatorios se habían cometido abusos.
“El Gobierno decidió no litigar los detalles del tratamiento
dado a Ghailani mientras la CIA lo custodió”, dictaminó el juez
Kaplan en su fallo. “Quiso hacer esto innecesario pidiendo al
tribunal que al decidir esta moción asumiera que todo lo que
Ghailani dijo mientras estuvo detenido por la CIA fue bajo
coacción”. Debido a que el Gobierno no había demostrado que el
testimonio de Abebe estaba “suficientemente atenuado o alejado”
de la supuesta coerción de Ghailani, el juez Kaplan consideró
inadmisible el testimonio. Los fiscales decidieron no apelar
así como tampoco utilizar la confesión de Ghailani, que este
repudió posteriormente.
La respuesta de Holder no fue seria. “Estamos hablando de un
fallo, en un caso, emitido por un juez”, dijo a los periodistas.
“Me parece que aún es demasiado temprano para decir que el
asunto Ghailani no ha de ser exitoso”.
Pero ahora no es demasiado temprano. La docena de jurados
civiles emitieron uno de los veredictos más desconcertantes de
la historia reciente al condenarlo por un cargo de conspiración
para destruir propiedades del Gobierno, al tiempo que lo
absolvían de conspirar para asesinar a estadounidenses. Un
reporte de prensa sugiere que el veredicto fue un compromiso
para aplacar a un miembro del jurado que sostenía debía ser
absuelto de todos los cargos. Es posible que en los próximos
días obtengamos más información, pero el error no lo cometió el
jurado ni el juez Kaplan. Ellos jugaban con naipes malos y
siguiendo las reglas del debido proceso penal destinadas a
proteger al inocente y no a combatientes enemigos confesos.
La decisión de Holder de juzgar a Ghailani por lo civil fue un
error craso, ya que hubiera sido perfectamente adecuado haberlo
presentado ante un tribunal militar. Pese a las interminables
recusaciones jurídicas de bufetes de abogados y de la izquierda
política, la Corte Suprema dictaminó que las comisiones
militares son legales y forman parte de una dilatada tradición
norteamericana desde los días de la revolución hasta Franklin
Delano Roosevelt. Gozan de la ventaja de que los tribunales
militares se rigen por reglas de pruebas algo más amplias y que
están concebidas para manejar los materiales clasificados de
modo que protejan la seguridad nacional sin descalificar los
hechos pertinentes.
La decisión de Holder fue estrictamente política. La tomó para
apaciguar a la izquierda que está en contra del antiterrorismo,
la misma que ayudó a elegir a Obama presidente. En una mala
decisión histórica, llegó a proponer el pasado noviembre que
juzgaran a Khalid Sheikh Mohammed (KSM), el cerebro del 11 de
septiembre, cerca de la Zona Cero.
El plan fue sacado de la ciudad por los demócratas y el senador
por Nueva York Chuck Schumer dijo en abril que el Gobierno nunca
iba a conseguir un juicio en Nueva York, y que “ellos deben
decirlo ya de una vez”. No obstante, el departamento de Holder
esperó hasta las elecciones recientes para revelar al Washington
Post la semana pasada que no se realizarían juicios a KSM y
otros terroristas en Guantánamo hasta después de las elecciones
del 2012. ¿Dónde está el candor y la competencia de Alberto
Gonzalez cuando uno realmente los necesita?
Es indudable que los jurados hicieron un favor a Holder al
condenar a Ghailani por un cargo. Si lo hubieran absuelto de
todos los cargos, a Holder no le habría quedado más remedio que
dejar libre a un terrorista para que siguiera asesinando
norteamericanos o ignorar el veredicto y mantener
indefinidamente al terrorista en Guantánamo en calidad de
combatiente enemigo. El juez Kaplan señaló durante el juicio
que “el estatus [de Ghailani] como ‘combatiente enemigo’
probablemente hubiera permitido su detención como algo semejante
a un prisionero de guerra hasta que terminaran las hostilidades
entre Estados Unidos y Al Qaeda y los talibanes, incluso si en
este caso no hubiera sido hallado culpable”.
Saboreen esa ironía. Se supone que juzgar a los terroristas en
cortes civiles es una muestra de la justicia norteamericana,
pero incluso de ser absueltos serían encarcelados
indefinidamente. Por otro lado, los terroristas ya saben que si
son capturados no serán sometidos a interrogatorios rigurosos,
sino a los que se hacen habitualmente a los delincuentes comunes
y, además, que ellos pueden utilizar los juicios civiles para
hacer propaganda. Holder y su jefe, el presidente Obama, en su
terquedad ideológica, se las han arreglado para dañar tanto la
reputación de la justicia civil de Estados Unidos, como la
seguridad nacional.
La política acertada estriba en separar las leyes de la guerra
de las de la sociedad civil. A los ladrones y atracadores se
les debe juzgar en tribunales civiles. Los combatientes
enemigos ilegales capturados en los campos de batalla merecen se
encarcelados en Guantánamo y juzgados en comisiones militares.
Y si Holder no es capaz de establecer esa diferencia debe
buscarse un nuevo empleo.
Editorial del Opinion Journal del WSJ