Una decisión inexplicable
Fernando J Milanes MD
fjmilanes@bellsouth.net

¿Cómo se justifica la decisión por nuestro gobierno de juzgar en New York como criminales comunes, a los terroristas, criminales de guerra, garantizándoles los mismos derechos que se utilizan con los ciudadanos del país?  Los defensores de esta acción argumentan que será una demonstración al mundo de lo positivo en nuestro sistema de justicia y que se ganará el respeto y cooperación hacia nosotros. 

Aparte de ser un argumento ingenuo, es totalmente falso.  Por el contrario, al exponer un sistema escrito para evaluar culpabilidad en criminales con pruebas elaboradas por autoridades policiacas, se expondrán métodos de interrogación, evidencias, falta de derechos, utilizadas por militares con el propósito de encontrar información de utilidad en una guerra y posiblemente ilegal en juicios criminales. 

¿Cómo defender nuestra definición de “inocente hasta probar culpabilidad” cuando la máxima figura legal del país, como defensa de su decisión, prácticamente garantizó el resultado del juicio?  ¿Cómo lograr un jurado de correligionarios (peers), buscando doce terroristas?

El peligro de que información confidencial se haga pública, con detrimento a nuestra seguridad nacional, la oportunidad de ofrecer un forum mundial a los terroristas a que nos ataquen y recluten mas de nuestros enemigos hace aun más dudosa la motivación de este acuerdo. 

¿Por qué nuestro ejecutivo, que negó a un Micheletti hondureño su derecho de defensa, negando su entrada al país y evitando su habilidad de expresión, actúa de forma totalmente contraria ante terroristas?  ¿Será que es una forma de atacar nuevamente al gobierno anterior de Bush, exponiéndolo a un juicio indirecto? ¿Será un deseo de convertirse en una figura popular mundialmente? ¿Será un problema de ideología?

No sé, para mi es inexplicable.

Cuando el Vicepresidente Jorge Rodríguez pierde el gallo atizando cínicamente sus tergiversaciones de la realidad, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, encabezado por la Magistrada Luisa Estela Morales, dicta sentencias que traducen en términos legales las órdenes impartidas a voz en cuello por el propio Presidente, cuando el Ministro de Interior y Justicia Pedro Carreño miente descaradamente sobre las estadísticas criminales, cuando el Gobernador Acosta Carlez obliga bajo amenaza a los funcionarios a inscribirse en el partido único, cuando el Alcalde Mayor Juan Barreto viola, paquidérmico y soez, la autonomía municipal de otros alcaldes, cuando el diputado Carlos Escarrá filibusteramente tuerce la letra de la ley, cuando el moderador Mario Silva, sin el menor respeto por la dignidad humana, descuartiza con servil villanería a sus enemigos, cuando el General en Jefe Raúl Baduel deshonra a la Fuerza Armada con su pusilánime incondicionalidad, poniéndola de rodillas ante su comandante y enfrentándola al pueblo, cuando los borregos colorados gritan y se golpean la palma de la mano derecha con el puño izquierdo, cuando el malandraje tarifado del gobierno impunemente agrede a los disidentes, el pestilente pus del encono y la ignominia, fermentado durante largos lustros en ese pozo séptico deliberadamente destapado por la pérfida mano de su líder, impregna de tal modo el aire que me provoca náuseas.

Es, por lo demás, una desgracia que algunos países del vecindario latinoamericano, así como algunos otros de la Unión Europea, tengan gobernantes capaces de enajenar los principios democráticos de sus pueblos rindiendo pleitesía al despotismo, comportándose con impúdica avaricia, o con pedante indiferencia. Todavía peor es la actitud de un hombre como Insulza, que, irresponsablemente y sin remordimiento, empaña la misión de la muy deslucida Organización de Estados Americanos, cuyos dictámenes usa el dictador para abanicarse.

Hay quienes, por ingenuidad o por temor, aún no se atreven a admitir que la República venezolana ya no es un Estado de derecho, que no existe autonomía entre los Poderes Públicos, que las instituciones han sido secuestradas, que Hugo Chávez dispone a su antojo del Tesoro Nacional sin rendir cuentas a nadie. Pocos son los medios dispuestos a informar que los empleados públicos son explotados por el Estado en funciones ajenas a sus labores, forzándolos a asistir, en horario de descanso, a los mítines del locuaz mandatario, a trabajar en jornadas de ideologización y proselitismo, y a entregar un porcentaje de su salario a la causa revolucionaria. Menos son aún los que reconocen que aplican la autocensura para evitar que los sancionen o clausuren.

Sin embargo, lo verdaderamente patético es que, a estas alturas y pese a las evidencias, haya venezolanos que todavía alberguen dudas acerca de si las amenazas que el dictador reparte como si fuesen talonarios de una rifa, se conviertan en hechos. Y ya resulta el colmo de la hipocresía que haya tantos dirigentes políticos y representantes de gobiernos y organismos de la comunidad internacional que, sean cuales sean sus razones e intereses, pretendan justificar los atropellos y el abuso de poder que cotidianamente comete Hugo Chávez, contra su pueblo y contra gobernantes de otros países, aduciendo en su defensa que fue electo y, además, ratificado, mediante elecciones libres y democráticas.

Eso sólo sucedió en 1998. A partir de entonces, no hay un venezolano, ni siquiera chavista, capaz de poner sus manos en el fuego para asegurar que el hombre que despacha con ínfulas mesiánicas y ambición imperialista desde Miraflores, ocupa legítima y legalmente la silla presidencial.

Entérense, pues, que en Venezuela el autoritarismo aniquiló a la democracia, que la Constitución es un papel pegado a la suela del zapato de Hugo Chávez, y que la libertad, en todas sus versiones, tiene los días contados. Si algunos insensatos todavía tentamos a la suerte expresando públicamente lo que pensamos, es porque se ha hecho imperativo aprovechar hasta la última rendija para que nuestro grito de alerta salga a las calles. Es preciso intentarlo siempre, porque mañana quizá sea tarde.

lilianafasciani@yahoo.es