En defensa del neoliberalismo

 

Guatemala: El Derecho no se determina con la democracia
Camilo Peña

La democracia trae consigo una importancia fecunda para el orden social: la total libertad de la opinión política. Producto del genio griego, la democracia pretende poner el control del gobierno en las manos de muchos, no de unos pocos. Es un medio pacífico, el más pacífico probablemente, para determinar y alternar a aquellos que se harán cargo del gobierno.

Pero en estos días se ha sobredimensionado su alcance y su concepto es ambiguo. Todos los grupos dicen defender la democracia pero para cada uno de ellos significa algo distinto. El alcance de la democracia es en realidad limitado. Constituye solo un elemento de todos los necesarios para que se logre un orden que respete la vida de las personas, su libertad de organizar su vida como mejor consideren y la facultad de disponer de propiedad para lograr sus fines.

No se puede esperar la pervivencia de la civilización con la democracia por sí sola. Ese, al parecer, ha sido uno de los grandes errores en Guatemala y otros países. Al depositar las esperanzas en la democracia, no se prestaron los esfuerzos suficientes para forjar una verdadera república y un Estado de Derecho. Dejar a la democracia andar sin un Estado de Derecho equivale a dejar a un perro suelto en un parque, causará graves daños porque no se topa con restricciones. La democracia tampoco puede asegurar que los mejores elementos ocuparán los puestos públicos. Serán varias las ocasiones en las que un pueblo elija gobiernos mediocres y disfuncionales. Pero la alternativa de la democracia, la dictadura, no resulta deseable.

Desde mediados de la década de 1980 se practica la democracia en Guatemala. Seis presidentes han sido electos por los ciudadanos, pero el país atraviesa hoy problemas que se agravan cada vez más ya que un gobierno los hereda al otro. Sí, nuestros presidentes y legisladores han sido electos democráticamente, pero no han atendido la razón de ser del Estado: la seguridad y justicia. Nuestras instituciones se están erosionando progresivamente. El resultado: alrededor 6,000 asesinatos al año, un 99 por ciento de impunidad y corrupción en la mayoría de órganos del Estado. “Un gobierno que, en lugar de cumplir su función, llegara a su vez a atentar contra la vida, la salud, la libertad y la propiedad privada, sería naturalmente un pésimo gobierno” escribió Ludwig von Mises. Pues un gobierno también puede atentar contra todo eso al no prestar los servicios para los cuales existe.

Las consecuencias que un mal gobierno produce pueden ser reducidas si el sistema jurídico es sólido. Una o varias administraciones pueden ejecutar políticas perniciosas, pero un sistema sólido evitará una vertiginosa decadencia de sus instituciones. La solidez del sistema implica que el Estado pueda hacer uso de la fuerza, con arreglo a Derecho, para evitar que los antisociales pongan en peligro el orden social. El Estado no debe tener miedo de prevenir o castigar a quienes vulneren las leyes, sean gobernantes o gobernados.

La democracia es el medio pacífico para alternar a los depositarios del poder. Permite ajustar las distintas expectativas políticas de las personas generando el menor roce y zozobra entre ellas. Pero más temprano que tarde se debe reconocer que la decisión de una colectividad nunca tendrá la virtud de hacer de un error un acierto, ni de una mentira una verdad. Adolf Hitler fue electo canciller de Alemania en 1933. Hugo Chávez ha justificado el socialismo del siglo XXI como deseo del pueblo venezolano revelado en elecciones democráticas. Los estadounidenses votaron por Franklin Roosevelt como presidente en cuatro ocasiones aun cuando fue de los primeros que gobernó en contra de los principios que hicieron grande a los Estados Unidos.

En ocasiones, la misma democracia puede hacer peligrar los derechos individuales. El grado de sofisticación que ha logrado el Derecho en los países más civilizados es el resultado de una lenta y difícil evolución de los métodos usados para resolver conflictos entre las personas y para regular la relación del Estado frente a aquellas. En las sociedades primitivas era la fuerza la que decidía sobre las controversias. La transformación de las sociedades a estructuras más complejas necesitó de medios más pacíficos para solventar dichas controversias. Ahora bien, permitir que la democracia sea la vara con la cual se mide el Derecho es un paso hacia la barbarie, no la civilización; no es sino un permiso para que la fuerza de un grupo decida la suerte de otro. Cuando un presidente o un legislador justifiquen una u otra política argumentando que fueron electos democráticamente, hay que observar con detalle lo que pretenden. En la mayoría de ocasiones tratarán de promover una política o desatender uno de sus deberes que implica vulneración al Derecho.

La libertad del individuo no se puede determinar en las urnas. La democracia y el Derecho son frenos al poder arbitrario, pero presumir que con la democracia se puede acordar qué es Derecho y qué no es un error de nefastos resultados. Pero esta distinción entre Derecho y democracia aun no ha permeado del todo en las personas, y así como puede haber democracia sin Derecho, también puede haber Derecho sin democracia. A guisa de ejemplo, el Código Civil de Guatemala, uno de los más avanzados de América Latina, fue redactado durante el gobierno de facto del coronel Enrique Peralta Azurdia.

La democracia, entonces, debe ser restringida a sus aspectos esenciales y se debe evitar esperar más de ella. Son los ciudadanos los que tienen que elegir al presidente, a los congresistas, alcaldes y gobernadores. Punto. Una vez en el poder, el sistema y los ciudadanos deben hacerle imposible a los gobernantes dos cosas: atentar contra los derechos individuales y desatender la función de las instituciones encargadas de velar, con rigor a la ley, por la seguridad de todas y cada una de las personas. Recordemos que la democracia llevó a Álvaro Colom a la presidencia de Guatemala…

 

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