En defensa del neoliberalismo
 

Colombia: ensayos del totalitarismo

 

Adofo Rivero Caro

 

El asesinato del arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino, ha estremecido a Colombia y a toda América Latina. El crimen se comete cuando el estado mayor de las FARC anuncia una inminente ola de secuestros y ataques contra objetivos civiles. Recientemente, uno de sus jefes aseguró que las FARC no era una organización terrorista. "Terrorismo es toda acción aislada de las masas con el ánimo de causar pánico ... Nosotros somos un movimiento de liberación nacional que condena por principio y convicción el terrorismo.''

¿Acción aislada de las masas? ¿Qué tienen que ver las FARC con las masas? Las FARC han tomado las armas solamente por una razón: porque saben que jamás ganarían unas elecciones populares. Pretenden alcanzar con el terror lo que no pueden conseguir con la persuasión. ¿Qué son los atentados, los asesinatos y los secuestros sino formas de intimidación? ¿Qué otra cosa representa la guerrilla misma? ¿Liberación nacional? ¿De qué quieren liberar a los colombianos? ¿De la libertad de elegir a sus gobernantes? ¿De la de ser propietarios de una pequeña empresa? ¿Del resto de sus derechos humanos? ¿Y a nombre de qué nación hablan esos asesinos? ¿Qué nación los ha elegido para que puedan hablar en su nombre? Las FARC son tan populares en Colombia como la ETA en España. Y las únicas manifestaciones populares que provoca la ETA en España son de repudio y repugnancia. Como las manifestaciones de dolor, auténticamente de masas, que estamos viendo en Colombia por el asesinato de monseñor Duarte. En Miami, hay miles de colombianos --abogados, jueces, médicos, policías, maestros, funcionarios e ingenieros, entre muchos otros-- que han tenido que emigrar porque consideraban, con razón, que sus vidas y las de sus familias estaban en peligro. En este sentido, han estado viviendo una prefiguración, una especie de ensayo general, de lo que sería el triunfo de la subversión y la entronización de una dictadura totalitaria.

En los países totalitarios, como Cuba por ejemplo, la Seguridad del Estado no visita a nadie para decirle lo que tiene que hacer. Dejar de asistir a cualquier acto revolucionario no apareja necesariamente consecuencias desagradables. Como tampoco criticar al gobierno en el trabajo. Pero todo se anota. Todo va formando un prolijo expediente al que nunca se hace referencia, pero que puede activarse en cualquier momento. Y que puede mandar a cualquiera a la cárcel, aunque sea un disidente civilista como Vladimiro Roca. O a la muerte, aunque sea un ''héroe de la república de Cuba'' como el general Arnaldo Ochoa. Para organizar este control sobre la población no hace falta ninguna mayoría. Bastan unos pocos informantes y una organización de asesinos que disfrute de relativa impunidad. Es posible que los informantes sean revolucionarios, más probable es que sean hombres y mujeres vulgares a quienes la delación proporciona una embriagadora sensación de poder sobre sus semejantes. Y en cuanto a la organización de asesinos impunes, en Colombia es las FARC. En Cuba, es el estado socialista.

En Colombia, la imposibilidad de aplastar a las guerrillas y el consiguiente resquebrajamiento del estado de derecho han permitido la proliferación de los informantes de la subversión. Su tarea es informar sobre la actitud de sus compañeros de trabajo. ¿Fustigan los maestros al imperialismo y a la oligarquía nacional o defienden las instituciones nacionales y el papel histórico de Estados Unidos? ¿Se concentran los sacerdotes en criticar la barbarie que se cierne sobre la nación o, por el contrario, se concentran en criticar el orden vigente para desprestigiarlo y abrir el camino al cambio revolucionario? ¿O establecen una equivalencia moral entre ambos que necesariamente redunda en beneficio de los insurgentes? ¿Cierran los ojos los banqueros al lavado de dinero? ¿Se arriesgan los fiscales a encausar a los revolucionarios? ¿Los persiguen con diligencia los policías? ¿Se atreven los jueces a condenarlos? ¿Informan los periodistas sobre la complicidad terrorista dentro del aparato estatal? ¿Fortalecen u obstaculizan los legisladores la lucha contra la subversión? Los informantes elaboran el expediente y, sobre esa base, las FARC realizan sus asesinatos y sus secuestros. Y, más importante todavía, gracias a esa intimidación consiguen un apoyo y complicidad más o menos activos.

En Cuba y en Colombia opera el mismo mecanismo. Desde el poder del estado, en un caso, y desde un poder casi estatal en el otro. Una sociedad auténticamente libre no tiene necesidad de informantes. La policía se encarga de los que violan la ley. Por otra parte, cualquier denuncia tiene que ser probada. De lo contrario, el presunto informante puede convertirse, él mismo, en reo de los delitos de difamación o calumnia.

¿Cómo enfrentar a estos delatores, espías e informantes? En primer lugar, recordando que van a ser descubiertos. Son conocidos por las personas que utilizan sus servicios y cuando éstas sean capturadas los van a utilizar como fichas de cambio para conseguir lenidad. Sus nombres están en muchas listas. Sólo tienen una esperanza de supervivencia: informar sobre sus antiguos jefes. Estos cambios no son raros. Dependen de cómo se perciba la correlación de fuerzas. Cuando la subversión se encuentre en retirada, van a abundar los informantes en las filas de las FARC. Pero hay que llegar ahí. En Colombia, la red de la subversión, subvencionada por el multimillonario narcotráfico, es singularmente poderosa. Es por eso que para salir de ese abismo, un nuevo gobierno colombiano tiene que pedir la ayuda directa de Estados Unidos para aplastar a las FARC, el centro del eje del mal en América Latina.