200 años más tarde, la filosofía de la que Du Pont huyó sigue haciendo estragos en Europa. El filósofo francés Jean Jacques Rosseau creía, y Europa todavía insiste, que los derechos del individuo deben de estar subordinados a la voluntad general, según esté determinada por los funcionarios del gobierno. De esta forma, las naciones de ese continente, de tendencia socialista, son fundamentalmente diferentes de naciones como Estados Unidos y Gran Bretaña, orientadas hacia el mercado y hacia la limitación del papel del gobierno, y donde los derechos del individuo son superiores a los del estado y están protegidos contra el mismo.

El último número de American Outlook presenta una excelente serie sobre las diferencias. Irwin Stelzer identifica dos que son cruciales: el derecho del individuo a perseguir sus propios sueños, y la exigencia de que el gobierno tenga que solicitar el consentimiento de los gobernados antes de lanzarse en revoluciones políticas o económicas. La ausencia de estos dos principios ha aparejado desastrosas consecuencias políticas para el viejo continente.

Ahora Holanda le permite a los médicos no sólo que ayuden al suicidio de sus pacientes sino que los maten si piensan que sus vidas han perdido el sentido. Aún antes de que la nueva ley de eutanasia fuera aprobada, los médicos del servicio nacional de salud estaban tomando 16 vidas diarias sin el consentimiento de los pacientes, quizás si la última negación de los derechos individuales por la conveniencia del estado.

Un escándalo médico en Francia implicó transfusiones de sangre contaminada con el virus del SIDA a unos 4,000 pacientes hemofílicos. Cientos de ellos murieron porque el gobierno había prohibido el uso de una prueba sanguínea norteamericana que hubiera podido detectar fácilmente la enfermedad. No se consideró responsables a los ministros que tomaron la decisión. Después de todo,  eran ministros de un estado que se suponía estaban trabajando para el bienestar del pueblo.

La semana pasada el gobierno francés reaccionó ante la cesantía de 570 trabajadores franceses de la compañía "Danone SA", una empresa alimentaria, proponiendo una ley que duplicaría el pago por despido y exigiría a las compañías considerar “las consecuencias sociales” de cualquier reestructuración. El Partido Comunista quiere obligar a las compañías a tener que conseguir permiso del gobierno antes de poder cesantear a cualquier trabajador, y los Verdes quieren que el gobierno tenga un control total sobre las empresas. Estos son algo más que los predecibles delirios de la izquierda porque, en Francia, la alianza de socialistas-comunistas y verdes controla la Asamblea Nacional.

Elevados gastos gubernamentales y altas tasas de impuestos también son parte de la “justicia social”. En Suecia, el gobierno gasta el 57% de producto nacional bruto; el promedio de los países de la Unión Europea es del 50%.  Estados Unidos, incluyendo los gobiernos estatales y locales, gasta el 31%.  Una tasa superior de impuestos al 50% en más de siete de los 15 países miembros de la Unión Europea pudiera explicar por qué se estima que la economía subterránea representa el 20% de la economía total en Suecia y Dinamarca, y más del 15% en Francia y Alemania.

Hasta los mismos británicos, los creadores de la Carta Magna y del imperio de la ley, tienen en el poder a un Partido Laborista con peregrinas políticas igualitarias. Un documento gubernamental sobre movilidad social discute medidas para ayudar a rectificar “la movilidad social descendiente de los hijos tontos de la clase media” y otras para conseguir una mayor igualdad dentro de la clase media. Es posible que se suban los impuestos, especialmente sobre los ingresos de inversiones, que se eleven los impuestos sobre la herencia para terminar con esa "injusta" ventaja, y que se cambien cambiar las políticas educativas para “contrarrestar la tendencia de las familias de la clase media de comprarle una buena educación a sus hijos mudándose a ciertas áreas privilegiadas”. ¿Estarán bromeando? Parece que no.

Pero es el gobierno de la Unión Europea (UE) en Bruselas el que constantemente está aplicando la filosofía de Rosseau. El pasado junio empezó una ronda de crítica de las 35 naciones que tienen “perjudiciales políticas de impuestos", es decir, que tienen impuestos más bajos que en la Unión Europea. Los socialistas europeos creen tener un derecho inalienable a los ingresos de los impuestos, y por eso tienen que restringir “las inversiones que se desplazan  de un lugar al otro”.

En febrero, la Unión Europea lanzó un ataque contra las políticas fiscales de Irlanda, específicamente sobre su decisión de rebajar los impuestos para aumentar el crecimiento económico y elevar el nivel de vida. Irlanda, probablemente debido a sus impuestos más bajos, tiene el índice de crecimiento más alto y el nivel de desempleo más bajo de la Eurozona, y los ciudadanos irlandeses tienen más poder adquisitivo que los alemanes. El éxito de esas políticas neoliberales enfurece a los comisionados de la Unión Europea, porque como escribiera el economista Arthur Laffer en The Wall Street Journal Europe, “¿Cómo van a poder contener los burócratas de Europa a sus ciudadanos si Irlanda sigue atizando el fuego de una rebelión contra los impuestos?”

Entonces llegó la máxima expresión de la política de Rosseau: una decisión de marzo de la Corte Europea de Justicia de que la UE puede legalmente suprimir la crítica política de sus burocracias y de sus líderes. No hay Primera Enmienda en Europa. Con todo, la decisión de hacer ilegal la crítica del gobierno de la UE, va contra el concepto fundamental de la libre discusión. Sin embargo, la corte sostuvo que la Comisión Europea pudiera sancionar la libre expresión de los individuos “para proteger los derechos de los demás.” Esto es importante porque el gobierno de la UE considera tener “una clara responsabilidad de regular la diseminación de las ideas, porque las opiniones pueden derivarse de los intereses personales egoístas de las personas y crear disturbios sociales’’, como explicaba S.T.Karnick en la revista American Outlook.

Ninguna de estas medidas de la Unión Europea ha sido aprobada por sus pueblos. Han sido adoptadas por las burocracias gubernamentales en aras del bien común. La creencia de Rosseau en “el contrato social que dentro del estado sirve como la base de todos los derechos" todavía sigue gobernando la filosofía en Europa’’.

De este lado del Atlántico, estamos bendecidos con una Constitución y una Carta de Derechos (Bill of Rights) que eleva los derechos individuales por encima de los gobiernos. En las palabras de la Declaración de Independencia, “estamos dotado por nuestro Creador de ciertos derechos inalienables…(y) para asegurar esos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes del consentimiento de los gobernados".

Doscientos años más tarde, la desconfianza del presidente Adams en los filósofos franceses sigue teniendo validez. Los pueblos de Europa estarían mejor con el individualismo de la Constitución de Estados Unidos que con el estatismo de Jean Jacques Rosseau.