En defensa del neoliberalismo

Opinar se volvió un grave delito en Venezuela
Hugo Mario Cárdenas López, reportero de El País.

Varios periodistas y directores de medios han sido capturados por lanzar críticas contra el régimen. La internet, en la mira.

La escalada de ataques contra los medios de comunicación independientes y el derecho constitucional de opinar y disentir en Venezuela, constituye, según analistas, una reacción desesperada del presidente Hugo Chávez, “que ya ve venir encima la horrible noche”.

A seis meses de las elecciones para el Congreso, donde por primera vez tambalea el dominio absoluto que ha mantenido sobre todas las instituciones del Estado, Chávez nunca se había encontrado en una situación tan adversa.

Con un descenso histórico en su popularidad, que apenas roza el 46%, el país se sigue resintiendo de graves heridas sociales como la inseguridad, la tasa de homicidios, el colapso del sistema eléctrico, la amenaza de desabastecimiento de agua y el aumento vertiginoso del costo de vida, derivado de la devaluación ordenada por a comienzos de año.

Heridas sobre las cuales sus más connotados detractores han hurgado desde los medios de comunicación, dedicados a retratar una realidad que tiene fuera de su juicio al Mandatario bolivariano, según lo señala el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

“No hay duda que Chávez con su talante autoritario cree que los problemas de luz, el agua, la inseguridad y la salud son creados artificiosamente por los medios. Por eso estas medidas de intimidación y la lapidación de la libertad de personas como Oswaldo Álvarez Paz, ex embajador en Colombia y ex gobernador del estado Zulia, detenido por decir en televisión que la administración Chávez viola los derechos humanos, lo que revela el nerviosismo y el miedo del Gobierno”, señala Ledezma.

Imagen internacional

Igualmente, esta semana fue capturado por el delito de “conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa”, Guillermo Zuloaga, presidente del canal Globovisión, por criticar el Gobierno durante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y está detenido el periodista Gustavo Azocar, crítico de Chávez, quien es juzgado en San Cristóbal.

Se suma a todo ello el intento por despojar al congresista Wílmer Azuaje de su inmunidad parlamentaria, también por disentir del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

"La oposición tiene que actuar en democracia y el gobierno, en dictadura. El Gobierno puede opinar lo que quiera, pero la oposición la satanizan y sobre ella se ejerce el terrorismo judicial”. Alberto F. Ravell, ex gerente del canal Globovisión. "A los opositores nos quieren desarmar el ánimo, pero no nos van a extinguir el coraje ni la voluntad de triunfar en septiembre, por lo que es importante que se siente la voz de la comunidad internacional”. Antonio Ledezma, Alcalde de Caracas. El informe de la SIP concluyó que la prensa independiente enfrenta un inminente peligro de colapsar y desaparecer ante el sabotaje económico del gobierno de Chávez.

Para el columnista Roberto Giusti, del diario El Universal de Caracas, hay otras razones por las que el Gobierno, para evitar seguir cayendo en las encuestas, “trata de silenciar las críticas y termina es agudizando el proceso de descomposición de la administración Chávez”, que afronta un escándalo por presunto apoyo a las Farc y al grupo vasco ETA.

“Tras el golpe de Estado del 2002, Chávez, por un error tremendo de algunos sectores civiles y militares, se convirtió, sobre todo para los europeos, en el salvador de la democracia venezolana, lo que no era cierto. Ahora están viendo cuál es la naturaleza del régimen de Chávez, a quien creían el campeón de la justicia social y el adalid del antinorteamericanismo. Ahora ven que la mal llamada revolución bolivariana es represión, miseria, crisis e ineficacia”, dijo Giusti.

Estrategias

Pero los ataques no han sido sólo contra personas. El gobierno de Hugo Chávez se las ha ingeniado para asfixiar económicamente las empresas y trata de impedir la conformación de redes sociales a través de la internet.

Tal como lo denunció la SIP hace una semana, “el gobierno de Chávez hace desaparecer los anunciantes privados mediante expropiaciones ilegales y estatización de importantes empresas”, para que nadie paute en los medios de comunicación que son críticos y llevarlos a la quiebra.

Así mismo, “devalúa el llamado bolívar fuerte y utiliza el control oficial de cambio de divisas para limitar el otorgamiento de dólares necesarios para el papel y otros insumos para periódicos, que no se producen en Venezuela y cuyo precio ahora es el doble como resultado de la devaluación”.

El ex gerente del canal Globovisión, la mayor piedra en el zapato de la revolución bolivariana, Alberto Federico Ravell, dijo que en Venezuela se puede opinar, “pero se debe pagar un precio muy alto”.

“Lo más grave de todo es la autocensura. El Gobierno está amedrentando a los medios de comunicación con una pistola en la cabeza diciéndoles: ‘pórtate bien o te quito la concesión o pórtate bien o te meto preso a tu director, como está ocurriendo”, le dijo Ravell a El País.

La más reciente polémica se centró en el deseo manifiesto del presidente Hugo Chávez por hacer aprobar una ley que le permita al Estado ejercer control sobre los contenidos de internet.

Precisamente, muchos sectores de opinión en Venezuela advirtieron que ese fue el propósito con el que llegó a Caracas hace algunos meses el general cubano del G2 Ramiro Valdés, para tratar de controlar el “foco de perturbación” que ha encontrado el Gobierno en internet.

No obstante, Ravell señala que Venezuela está cada vez más cerca de un régimen democrático y más distante del modelo cubano porque el presidente Chávez perdió el discurso, la capacidad de convocatoria y está perdiendo en todas las encuestas.

Lo propio ocurre, según analistas, en el plano internacional, toda vez que a raíz de las últimas medidas antidemocráticas y su afán por silenciar a la oposición se ha levantado una gran ola de organismos internacionales como la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras y Human Rights Watch que están advirtiendo al mundo una práctica que ya no existe en las democracias del mundo: el delito de opinión.

Excepto en regímenes totalitarios como Cuba, Irán y Bielorusia, cuyas dictaduras mantienen estrecha relación con el Gobierno venezolano.

Caso Zuloaga

A Guillermo Zuloaga, gerente de Globovisión, le ordenaron la captura por decir en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que en Venezuela existe el delito de opinión.

Diputados afines al presidente Hugo Chávez aseguraron que el Gerente de Globovisión traicionó la patria.

ONG internacionales dice que se creó una misión para reprimir y sancionar las voces críticas

 

 

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