|
El plan de salida de Honduras de Hillary
Mary Anastasia O'Grady
Si hay una persona en Honduras que hoy en día es más despreciada que
el depuesto presidente Manuel Zelaya, esa es un extranjero de nombre
Hugo. No nos referimos al dictador venezolano Hugo Chávez, sino al
embajador estadounidense Hugo Llorens.
Muchos hondureños, incluyendo —dicen los rumores— al presidente
Roberto Micheletti, consideran a Llorens como el artífice de una
política estadounidense que le ha causado un daño enorme al país. Es
muy probable que el acuerdo firmado en las últimas horas del jueves
entre el gobierno interino y Zelaya ponga fin a ese sufrimiento. Por
fin, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos
acordaron dar un paso al costado y permitir que sean las
instituciones hondureñas las que decidan si Zelaya debe ser
restituido. Sin la intromisión internacional, es muy probable que
Zelaya pierda otra vez la presidencia.
Aun así, los retos continúan, empezando por el hecho de que aunque
EE.UU. dijo que ya no iba a intervenir en los asuntos hondureños,
hay vicios difíciles de dejar.
Al referirse a la intención de Zelaya de regresar al poder, Thomas
Shannon, el subsecretario del Departamento de Estado para el
hemisferio occidental, dijo la semana pasada que "ese es el tema más
provocativo y uno que revisaremos de cerca".
La necesidad de dictarle a Honduras cómo dirigir su país ha sido un
problema desde el principio. En el momento en que la Corte Suprema
de Honduras ordenó el arresto de Zelaya en junio por organizar una
violenta manifestación e intentar pasar por encima de la
Constitución, Llorens se ungió como un virrey colonial a cargo de
imponer la voluntad de EE.UU. Muchos locos izquierdistas
que
lanzan
bombas Molotov se pusieron del lado de Zelaya. Pero Llorens
determinó la posición de EE.UU., a favor de la legitimidad del ex
presidente errático. El embajador estadounidense utilizó cada arma
que tuvo a su alcance para tratar de forzar al país a restaurar a
Zelaya en el poder.
Esto violó la soberanía hondureña. Sin embargo, el jefe de Llorens
en EE.UU., Barack Obama, parece más interesado en apaciguar a los
enemigos de EE.UU. que en apoyar a los amigos, o incluso cumplir su
palabra de no intervenir en los asuntos de otros países. Chávez y
Fidel Castro apoyaban a Zelaya y, aparentemente, Obama quería formar
parte del clan.
Es obvio que nadie en Washington esperaba que fuera tan difícil
quebrar la voluntad de los hondureños. El esfuerzo se hizo más
embarazoso cuando los zelayistas armaron una campaña de terror, que
incluyó el secuestro y el asesinato de autoridades hondureñas y sus
parientes. En dos semanas se registraron al menos tres de esos
incidentes. Los terroristas también sabotearon la red eléctrica del
país. Para evitar un conflicto aún mayor, EE.UU. envió una
delegación para alcanzar el acuerdo del jueves.
La interpretación que se la ha dado al acuerdo es que Zelaya
regresará al poder. Pero será el Congreso hondureño el que lo decida,
tras evaluar las opiniones de la Corte Suprema, el fiscal general y
otros expertos legales. Puesto que la Corte Suprema y el Congreso
echaron a Zelaya, esto es positivo. De todos modos, si la Corte
Suprema, que tiene el poder legal, se mantiene firme y el Congreso
respalda el regreso de Zelaya a la presidencia, habrá una crisis
constitucional.
Dicho escenario no es imposible, dada la legendaria reputación de
Zelaya de comprar votos. En mayo, el alcalde de Tegucigalpa denunció
públicamente un intento del gobierno de Zelaya de pagarle US$15
millones para apoyar un referéndum para reformar la Constitución.
Chávez también tiene dinero, al igual que las organizaciones
narcoterroristas de la región, como las FARC
de Colombia y las numerosas pandillas centroamericanas.
Estos grupos son notorios por infiltrar instituciones. Honduras no
es inmune.
De todos modos, es probable que el gobierno interino decidiera
asumir el reto porque cree que la Corte Suprema y el Congreso, que
en su momento votaron ampliamente a favor de sacar a Zelaya del
poder, se mantendrán firmes. A cambio de ese riesgo, obtiene la
validación de EE.UU. y la OEA de las elecciones presidenciales del
29 de noviembre.
Además, no habrá amnistía para Zelaya, quien ya tiene más de una
decena de órdenes de arresto en su contra y cuando salga de la
embajada brasileña se espera que sea detenido. El acuerdo también
especifica que no habrá ninguna asamblea constituyente para reformar
la Constitución y eliminar los límites a los mandatos presidenciales.
Autoridades estadounidenses no identificadas han declarado a la
prensa que Zelaya probablemente regresará, lo que intensifica la
presión sobre el Congreso hondureño. Por su parte, el secretario
general de la OEA, José Miguel Insulza, ha hablado de regresar a
Honduras para involucrar al organismo en la decisión del Congreso.
No obstante, Shannon me reiteró ayer que EE.UU. ahora cree que este
es un tema que las instituciones hondureñas deben resolver y rechazó
tajantemente un informe de ayer en el diario El País que asegura que
el funcionario estaba haciendo lobby para sumar votos para apoyar el
regreso de Zelaya.
Al firmar este acuerdo, Honduras ayudó a que Obama y la secretaria
de Estado Hillary Clinton no salieran mal parados. A cambio, Clinton
debería decirle a Insulza que se mantenga alejado de Honduras y sus
asuntos. También debería decirle a las autoridades estadounidenses
que dejen de circular rumores en favor de Zelaya. Y, de paso,
debería buscarle un nuevo destino a Llorens. La Habana podría ser el
apropiado. Llorens sería recibido como un héroe por los Castro y
desde allá podría mantener fácilmente su amistad con Zelaya.
Escriba a la columnista a O'Grady@wsj.com o comente en nuestros
foros haciendo clic en en link de "comentarios" enn la parte
superior de esta página.
|