Los sindicatos de empleados públicos contra los contribuyentes

La justificación moral de los sindicatos —proteger de la explotación a las familias trabajadoras— no es válida en el caso de los empleados públicos

TIM PAWLENTY

Cuando los norteamericanos piensan en el trabajo pudieran tener en mente imágenes semejantes a las que vi cuando crecía en una ciudad de trabajadores dedicados al procesamiento de la carne: gorros protectores, botas de trabajo, condiciones duras y empleos sucios. Aunque no trabajé en los mataderos, ingresé en su sindicato cuando laboraba en una tienda de víveres con el fin de contar con fondos para poder estudiar. Mucho agradecí los salarios recibidos y siempre me sentí orgulloso del trabajo que realizaba.

El ascenso del movimiento laboral a comienzos del siglo XX fue un triunfo de la clase obrera norteamericana. En una época de muchos problemas económicos, los sindicatos defendieron a las familias trabajadoras vulnerables protegiéndolas de la explotación física y económica.

Muchas cosas han cambiado desde entonces. La mayoría de los trabajadores sindicalizados de hoy ya no trabajan en la construcción, las manufacturas ni realizan otras labores pesadas. Trabajan para el Gobierno que, gracias al presidente Obama, se convirtió en la única “industria” floreciente que queda en nuestra economía. Desde enero del 2008 el sector privado perdió cerca de ocho millones de empleos, mientras que los Gobiernos locales, estaduales y federales crearon 590,000 puestos de trabajo.

Los empleados federales reciben en salarios y beneficios una suma media anual de $123,049, el doble del promedio salarial en el sector privado. Y en todo el país, en cualquier nivel gubernamental, la tendencia es la misma: los empleados públicos sindicalizados ganan más dinero, reciben beneficios más generosos y disfrutan de una mayor seguridad laboral que las familias trabajadoras obligadas a pagar estas sinecuras mediante impuestos cada vez más altos, déficits y deuda pública.

¿Cómo ocurrió todo esto? Sin hacer mucho ruido. El ascenso de los sindicatos gubernamentales ha sido un golpe silente, un trabajo interno concebido por políticos interesados en sí mismos e impulsado por las contribuciones a las campañas electorales.
Los sindicatos de empleados públicos hacen contribuciones profusas a las campañas de los políticos liberales ($91 millones solo en las elecciones a mitad de legislatura) que votan por incrementar la paga de los trabajadores públicos y el número de estos. A medida que aumentan los empleados públicos que se sindicalizan y pagan sus cuotas, crecen también los aportes en dinero y energías que los jefes sindicales hacen a las campañas liberales. Como resultado de todo ello, algunos estados se están acercando a la suspensión de pagos. Décadas de promesas excesivas y conducta fiscal irresponsable por parte de funcionarios estatales y locales crearon pasivos de más de 3 millones de millones de dólares por concepto de beneficios a empleados públicos carentes de financiamiento.

En Minnesota, durante los últimos ocho años, hemos tomado medidas decisivas para impedir que nuestros problemas se conviertan en crisis del estado. Los sindicatos de empleados públicos se enfrentaron sin descanso a nuestras acciones. Por ejemplo, los empleados del transporte público declararon una huelga en el 2005 que duró 44 días. El motivo: nuestro rechazo a otorgarles beneficios médicos de por vida después de trabajar solamente 15 años. Fue un enfrentamiento encarnizado, pero los contribuyentes de Minnesota ganaron.

Modificamos los beneficios de los nuevos empleados contratados. Exigimos a los empleados existentes que aumentaran las contribuciones a sus pensiones. Reformamos el plan médico de nuestros empleados públicos y congelamos los salarios.

Demostramos que incluso en una Minnesota muy demócrata los contribuyentes pueden enfrentarse a los Gobiernos y sindicatos desmedidos y salir victoriosos. En los años venideros, esta lucha debe librarse en todo el país en municipios y capitales estaduales, así como en el Distrito Federal.

Los reformistas harían bien en adoptar tres principios básicos.

En primer lugar, es necesario llevar la compensación de los empleados públicos al mismo nivel de la del sector privado, así como reducir el tamaño de la fuerza de trabajo federal de carácter civil. La propuesta de Obama de congelar los salarios federales en un paso de avance por el buen camino, pero está muy lejos de reducir el Gobierno y eliminar los pagos extraordinarios que reciben los empleados federales.

En segundo término, llevar bien las cuentas. El Gobierno debe comenzar a utilizar las normas de contabilidad establecidas que son de obligatorio cumplimiento en el sector privado, lo que permitirá evaluar con exactitud los pasivos impagables.
Por último, es imprescindible eliminar los planes de retiro con beneficios definidos de los empleados públicos. Los sistemas con beneficios establecidos han creado un gran problema financiero a los contribuyentes. El sector privado los descartó hace años para favorecer la claridad y predictibilidad de los modelos de contribuciones definidas, como es el caso de los planes 401(k). Este cambio por sí solo puede ahorrar millones de millones de dólares a los contribuyentes.

La justificación moral de los sindicatos —proteger a las familias trabajadoras de la explotación— no es válida en el caso de los empleados públicos. Hoy en día, estos se encuentran entre los más protegidos y mejor pagados del país. Por ironía de la historia, los sindicatos se han convertido en los explotadores, por lo que las familias trabajadoras, nuevamente, tienen necesidad de que alguien las defienda.
Si queremos detener el golpe silente de los sindicatos de empleados públicos, los reformistas conservadores del país debemos ponernos al frente de esta lucha. No es difícil elegir entre el Gobierno desmedido y los norteamericanos de a pie.
Tim Pawlenty, es el gobernador republicano de Minnesota.
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Tomado del OJ del WSJ