William Tucker

Hace dos semanas, los reguladores británicos le suspendieron la licencia por tres meses a Chiron Corp., el segundo mayor productor del mundo de vacunas contra la gripe. Los funcionarios citaron problemas de fabricación en la fábrica de Liverpool, donde Chiron hace su principal producto, Fluvirin. Chiron tenía que entregar 46 de los 100 millones de vacunas que había que administrar en EEUU en este año. Los otros 54 millones vienen de Aventis Pasteur, una compañía francesa con sede en Estrasburgo.

Es curioso. Si EEUU es la primera potencia industrial del mundo ¿por qué dos compañías europeas hacen el 100 por ciento de las vacunas contra la gripe que se usan en el país? La respuesta es muy simple. Los abogados sacaron a los fabricantes americanos de ese negocio.

En 1967 había 26 compañías haciendo vacunas en EEUU. Hoy sólo hay cuatro que elaboran vacunas, y ninguna hace vacunas contra la gripe. Wyeth fue la última en caer, dejando de hacer vacunas contra la gripe en el 2002. Aunque la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) ha aprobado una vacuna para la enfermedad de Lynne, ésta no se está fabricando comercialmente. 

Todo esto es el resultado de un concepto legal llamado “responsabilidad sin culpa” que surgió de la calenturienta atmósfera  de las escuelas de Derecho en los años 60, y se convirtió en la ley del país. Bajo el viejo régimen de “negligencia” los abogados tenían que probar que un fabricante había hecho algo malo para poder hacerlo responsable por daños y perjuicios. Bajo la responsabilidad sin culpa, sin embargo, el fabricante  puede ser considerado responsable de los daños ocasionados por su producto, tenga la culpa o no. Súmenle a esto las compensaciones multimillonarias y los daños punitivos, y tienen el clima legal que ningún fabricante está dispuesto a afrontar.

En teoría, los precios pueden haber subido como para hacer lucrativa la producción de vacunas pese al riesgo de demandas, pero la intervención federal hace de las vacunas un negocio muy poco rentable. Antes de 1993, los fabricantes le vendía las vacunas a los médicos, los médicos se las recetaban a los pacientes y había alguna ganancia. Luego el Congreso adoptó la Ley de Vacunas para los Niños, que convierte al gobierno en un comprador casi monopólico. Ahora el gobierno compra más de la mitad de todas las vacunas a un precio fijo y muy bajo, y entonces las distribuye a los médicos. Esto ha acabado básicamente con el libre mercado.

En 1980, 18 compañías americanas hacían ocho vacunas diferentes para diversas enfermedades infantiles. Hoy, cuatro compañías - GlaxoSmithKline, Aventis, Merck y Weyth - hacen 12 vacunas. Una sola compañía hace siete de las 12, y sólo una vacuna es hecha por más de dos empresas. “Hay escaceces constantes”, dice el Dr. Paul Offit, jefe del Centro de Educación para las Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. “Con un solo abastecedor para tantas vacunas, todo el sistema se vuelve muy frágil. Cualquier pequeño problema crea escasez de vacunas.”

La intersección entre la vacunación de masas y el sistema de daños y perjuicios tenía que crear problemas. Cuando se hacen vacunaciones masivas, alguien, en alguna parte va a tener una mala reacción. Usted puede darle un vaso de leche a 100 millones de personas e, inevitablemente, unos cuantos se van a sentir muy enfermos. Con las vacunas, va a haber reacciones alérgicas y un minúsculo pero predecible porcentaje de personas va a sufrir algún tipo de daño permanente o inclusive morir. Debido a la responsabilidad sin culpa y a la generosidad del sistema de daños y perjuicios, las compensaciones por daño son enormes.

El primer ejemplo de esto se produjo en 1955 con las vacunas contra la polio. Cutter Laboratories, la empresa de California que ahora distribuye el Repelente de Insectos Cutter, hizo una temprana lote de vacunas, algunas de las cuales contenían virus vivos. Casi todos los niños de Idaho fueron vacunados con ella y varias docenas contrajeron polio. En 1957, los padres de Anne Gottsdanker, una niña de 8 años que había quedado paralizada, demandaron a Cutter. Un famoso abogado, Melvin Belli los representó.

El jurado no encontró que Cutter hubiera sido negligente, los pedidos se habían apresurado, los estándares no estaban claros y las precauciones todavía eran rudimentarias.  Pero usando la nueva doctrina de responsabilidad sin culpa, el jurado consideró responsable a Cutter y concedió $147,300 en daños y perjuicios. “Ese fallo hizo que Ralph Nader fuera posible’’, dijo Belli posteriormente.

“Fue un momento de viraje,” dijo el Dr. Offit, cuyo libro “El Incidente Cutter” se publicará el año que viene. “Debido al fallo Cutter, las vacunas se convirtieron en uno de los primeros productos médicos a ser eliminados por las demandas.”

Que esto fuera a ser el resultado no fue inmediatamente obvio. Poco después del juicio, el Yale Law Journal publicó un artículo alegando que la solución estaba en los seguros contra las reacciones adversas. El público no iba a comprar pólizas porque sería demasiado complicado y costoso pero los fabricantes de vacunas podrían hacerlo.  Los seguros cubrirían el costo de los malos resultados y los fabricantes les pasarían esos costos a sus clientes. Los pocos perjudicados por una vacuna serían cubiertos por la gran mayoría que se beneficiaba. Todo se resolvería. Infortunadamente, estas tesis no tuvieron en consideración que las compensaciones por daños y perjuicios iban a alcanzar cifras fabulosas.

Cuando una insólita epidemia se produjo en Fort Dix, Nueva Jersey, en 1976, por ejemplo, el gobierno federal decidió vacunar a todo el país contra la nueva “gripe porcina.” Para asombro del Congreso, las compañías de seguros rehusaron participar. El senador Ted Kennedy las acusó de “avaricia” y de “falta de responsabilidad social.” La Oficina de Presupuestos del Congreso pronosticó que con 45 millones de americanos vacunados, habría 4,500 demandas por daños y prejuicios y que 90 iban a ganar con un costo de $2 millones. El Congreso decidió proveer el seguro.

Como recuerda Peter Huber en su libro Liabality, los estimados de la Comisión fuera singularmente acertados. Sin embargo, las demandas exitosas no fueron 90 sino 700, y la cuenta que se le pasó al Congreso fue de más de $100 millones, 50 veces lo que había pronosticado la Comisión. Las compañías de seguros conocían su negocio.

En 1974, un investigador británico publico un estudio alegando que la vacuna para la tos ferina había ocasionado ataques en 36 niños, provocando 26 casos de epilepsia y retardo mental. Estudios subsiguientes demostraron que estas alegaciones eran falsas pero mientras tanto Japón había cancelado las vacunas, lo que provocó 113 muertes por tos ferina que se hubieran podido evitar. En EEUU, en la próxima década se presentaron 800 demandas en casos de complicaciones por la vacuna de la tos ferina que pidieron $21 millones en daños. El costo de la vacuna subió de 21 centavos a $11.

Todas las compañías americanas abandonaron la fabricación de la vacuna para la tos ferina con la excepción de los Laboratorios Cederle. En 1980, Lederle perdió una demanda  por la parálisis de un bebito de tres meses, aunque no había pruebas que implicaran a la vacuna. Los daños de Lederle fueron de $1.1 millones, más de la mitad de sus ingresos brutos por la venta de la vacuna para todo ese año.

En los últimos años, el mayor rumor anti-vacuna planteaba que Timerosal, un preservativo que contiene mercurio usado en las vacunas desde los años 30 hasta solo recientemente, estaba tras la “epidemia de autismo”. Una vez más, los estudios científicos han rechazado la alegación pero cientos de padres están poniendo demandas, y los abogados siguen ganando dinero.

El Congreso ha tratado de frenar los problemas de la responsabilidad con la Ley de Lesiones de Vacunas Infantiles de 1986. El programa funciona casi como un “jurado médico’’ ideal con paneles de científicos, biólogos y estadísticos que revisan cada queja y acceden a las que consideran legítimas. Infortunadamente, el programa les permite a los demandantes salir del sistema. Los abogados lo ignoran constantemente y prefieren ir a un jurado, particularmente en los casos donde la revisión no parece tener buenas perspectivas. Con Timerosal, los abogados plantearon que la ley no aplicaba porque el mercurio era adictivo, no la verdadera vacuna. En 1998, la FDA aprobó una vacuna para enfermedad de Lyme, que afecta a 15,000 personas todos los años. GlaxoSmithKline la fabricó durante tres años pero la abandonó cuando empezaron a circular rumores de que la vacuna provocaba artritis.

Todo esto ha hecho de la escasez de las vacunas contra la gripe una crisis que tenía que venir. Cada año, los virus de la gripe recorren el mundo, saliendo de Asia en la primavera y el verano y de vuelta en América del Norte para el invierno. Las proteínas cambian en el camino, y las vacunas del año anterior no tienen que funcionar necesariamente al siguiente año.

Todos los años, los Centro para el Control de Enfermedades se reúne con los fabricantes de vacunas - con los dos – y decide que cepa del virus anticipar para el próximo año. Luego, ambos hacen la misma vacuna. El año pasado, la comisión apostó a la cepa de Panamá, pero súbitamente surgió una cepa distinta. Resultó una mini-epidemia en la que murieron 93 niños, sólo dos de ellos adecuadamente vacunados.

Con varias compañías compitiendo, como era antes, alguien tendría más probabilidades de una hacer una vacuna que sirviera. De surgir una cepa inesperada, la compañía disidente pudiera sacarse la lotería, y tener amplios suministros de una vacuna efectiva. En la “economía planificada” de los CCE, sin embargo, un evento inesperado no tiene respaldo.

¿Están los abogados dispuestos a aceptar responsabilidad por su papel en la creación de este grave problema de salud? Siéntense a esperar.  “Esta es la típica basura y propaganda de los fabricantes de medicinas,” dice Carlton Cart, vocero del Colegio de Abogados Litigantes de EEUU. “No hay absolutamente ningún des-incentivo para hacer vacunas, Las compañías no las hacen por la misma razón que están mandando  empleos a ultramar: porque les aumenta las ganancias.”

Estén los médicos abandonando la profesión debido a un sistema de daños y perjuicios fuera de control, estén las enormes indemnizaciones por negligencia médica ocasionando el aumento del costo de la atención médica son cuestiones que se pueden discutir. Pero con las vacunas no hay discusión. Los abogados litigantes prácticamente han arruinado el mercado. Y, sin embargo, se siguen negando a aceptar su responsabilidad.

William Tucker es un socio del Discovery Institute. Su libro sobre los abogados litigantes Civil Lynchings, se publicará el año que viene.
Publicado en The Weekly Standard
Traducido por AR